Revista Nueva Minería

: En la foto, Laguna Verde del departamento de Nariño, en Colombia. Una de las zonas que entró en disputa tras la declaración y delimitación de las Áreas Estratégicas Mineras.

La minería se transformó en un aliado estratégico del desarrollo de Colombia al otorgar más de US$ 4.000 millones en impuestos entre 2010 y 2014. Sin embargo, complicaciones a nivel constitucional y una evidente baja en las inversiones han impedido un despegue de la industria.

Camila Morales
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Seis años han pasado desde que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, determinó que la minería sería una de las cinco áreas económicas principales a potenciar para avanzar en el desarrollo del país. Tanto así, que el gobierno comenzó a hablar de una “locomotora minera” para graficar el fuerte impulso que buscaba darle a la actividad.

Para poner en marcha a esa locomotora, el gobierno se propuso convertir a Colombia en un lugar atractivo para la inversión minera, lo que implicaba un nuevo marco regulatorio que acomodara a los capitales foráneos. Y si bien los cambios fueron aplaudidos por el sector privado, aún se mantienen dudas respecto al dinamismo de la industria minera.

Es así como Colombia -una nación con 9.067 títulos mineros vigentes que equivalen al 3,98% del territorio nacional-, aún se encuentra en una etapa de definiciones. Pues, a pesar del alza en exploración y producción que ha registrado la industria en el último tiempo, acompañado de un aumento en el otorgamiento de títulos mineros, el gobierno pronostica que un mayor crecimiento solo ocurrirá a partir del año 2020.

“Este gobierno es el primero en reconocer que las exportaciones cayeron por la caída de precios a nivel internacional y por problemas internos, incluso del propio gobierno. En este segundo punto estamos trabajando, ojalá de forma concertada y de la mano con el sector”, señaló el presidente Juan Manuel Santos en 2014, año en que se incrementaron las dudas en relación al modesto avance que presentaba la llamada “locomotora minera”.

Avances a paso lento

Hasta la fecha, los cuestionamientos al sector persisten por parte del sector privado y también desde comunidades que rechazan la actividad minera a gran escala. En este marco, la declaración y delimitación de las llamadas “Áreas Estratégicas Mineras”, establecidas por el ministerio de Minas y la Agencia Nacional Minera (ANM), ha sido uno de las grandes “piedras de tope” de los objetivos trazados por el gobierno.

“La consulta previa sólo es procedente cuando se tiene certeza sobre los proyectos mineros a desarrollar”, afirmó el ministro de Minas y Energía de Colombia, Germán Arce, tras la decisión de la Corte Constitucional. (Foto: Ministerio de Minas y Energía de Colombia)

“Colombia ha manifestado de manera firme su intención de convertirse en un país minero. Esto es una declaración que viene tanto de altas autoridades del sector público como de actores relevantes de la industria. No obstante, las dificultades han estado en la implementación de esta decisión”, comenta el abogado Jerónimo Carcelén, quien ha trabajado con la industria minera de ese país.

Las zonas denominadas estratégicas poseen una extensión total de más de 20 millones de hectáreas y han sido establecidas en 22 departamentos del país. Pero las complicaciones han impedido que las empresas mineras puedan iniciar procesos de licitación para llevar a cabo las labores de exploración y explotación de minerales a gran escala.

A mediados de junio de este año la Corte Constitucional de Colombia suspendió el desarrollo de las áreas estratégicas mineras por considerar que no se realizaron las consultas previas a las comunidades, además de vulnerar los derechos “a la alimentación, a un ambiente sano y al acceso al agua de los ciudadanos”. Así, varias iniciativas han debido postergarse.

“Colombia tiene un gran saldo en el inventario ambiental y una de las graves circunstancias que reflejan que no existen es que no hay zonas de páramo, de acuerdo con las antiguas obligaciones del Plan Nacional de Desarrollo. Las zonas de humedales y de recarga de acuíferos todavía no están plenamente identificados. Y aún sin eso, ya hay zonas decretadas para esas actividades mineras”, señaló Johana Rocha, abogada del Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna”, al momento de presentar la demanda hace tres años en representación de 15 consejos comunitarios de Colombia.

Tras el fallo de la Corte Constitucional, el gobierno se defendió aclarando que la declaratoria sólo genera “una mera expectativa” de que pueda ser viable la explotación de una mina. “La consulta previa sólo es procedente cuando se tiene certeza sobre los proyectos mineros a desarrollar”, aseguró el ministro de Minas y Energía de Colombia, Germán Arce.

Pero en su resolución, la Corte dijo otra cosa. “Esperar a que sea un privado quien realice la consulta no es otra cosa que limitarse a cumplir con un requisito formal, pues no habrá posibilidades reales de diálogo y de negociación intercultural”, sentencia el tribunal en su resolución.

De esta forma, el gobierno encabezado por Juan Manuel Santos sufre un nuevo revés, ya que de acuerdo a lo estipulado por la Corte, el Ejecutivo deberá realizar un nuevo proceso de consulta a las comunidades, lo que retrasaría el proceso de adjudicación de las áreas pensadas para la actividad minera en al menos cinco años, aunque algunos estiman que el plazo podría aumentar a diez años. Demora importante si se considera que estas zonas estratégicas eran uno de los pasos que faltaba para que la “locomotora minera” diera inicio a su largo camino.