Revista Nueva Minería

Manuel Riesco, vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, Cenda.

En entrevista con Revista Nueva Minería & Energía, el economista del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, Cenda, analiza el complejo escenario minero que enfrenta el país, de cara a los nuevos desafíos de la industria. A su juicio, sólo la intervención del Estado puede cambiar los frágiles pilares en los que se sustenta actualmente el sector.

Con un claro interés en temas tributarios y económicos, el ingeniero civil industrial y master en economía, Manuel Riesco, ha observado con escepticismo cada paso que ha dado la minería en las últimas décadas. Para el fundador y actual vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, Cenda, el carácter “rentista” que ha adquirido la explotación de recursos mineros es preocupante.

Su interés por el tema incluso lo llevó a desarrollar un estudio denominado “Rentas mineras y desarrollo social en Chile”, donde perfila a Codelco como el baluarte de la minería del cobre por sus aportes al fisco, en comparación a la industria privada del rubro.

En entrevista con Revista Nueva Minería & Energía, Riesco analiza los principales temas de la minería que han acaparado la atención de la ciudadanía, expertos y actores del sector. Modificar la “política minera antinacional” es el gran paso para cambiar las reglas del juego en el rubro, explica.

¿Cómo evalúa la política minera chilena implementada en los últimos años?

En lo esencial, la política minera chilena es la que estableció la dictadura. Inspirada en el fanatismo neoliberal de José Piñera, creador del esquema de concesiones plenas, privatizó las riquezas del subsuelo, que según la propia Constitución pertenecen al Estado, de modo inalienable e intransferible.

Luego, el gobierno de Aylwin exacerbó la privatización, haciéndola extensiva a pertenencias de Codelco, las que se transfirieron a Enami y de ahí a privados, mediante una legislación impulsada por el director de Cesco y entonces subsecretario de Minería, Iván Valenzuela. Al mismo tiempo, se asfixiaba la empresa, retirando todos sus excedentes, forzándola a recurrir a la depreciación y sobre endeudarse para mantener un programa mínimo de inversiones que apenas mantuvo la producción.

Por otro lado, las mineras privadas eludieron impuestos completamente. Con una sola excepción significativa, no pagaron un peso de impuesto a la renta hasta principios de la década del 2000. Sólo el escándalo de Exxon, que vendió Disputada en más de US$1.500 millones tras más de 20 años de operarla supuestamente a pérdida, obligó al gobierno de Ricardo Lagos a introducir el 2003 la legislación denominada “royalty 2”, un impuesto específico acompañado de una serie de concesiones muy favorables a las empresas.

Los pagos de impuestos a la renta y el nuevo impuesto específico, aumentaron tras la aprobación del “royalty 2” y la denominada ley anti-elusión, aprobada poco antes por el mismo gobierno. Sin embargo, ello se debió principalmente al denominado súper ciclo alcista en el precio del cobre y subproductos, que se inició ese mismo año. Se puede mostrar que sin los acuerdos del denominado “royalty 2” las empresas habrían pagado más impuestos.

Por su parte, el gobierno de Sebastián Piñera duplicó transitoriamente el impuesto específico, pero a cambio de concesiones tributarias. Como resultado de todo lo anterior, Codelco se ha visto reducido a menos del 30% de las exportaciones de cobre, que prácticamente monopolizaba antes de 1990. Asimismo, se ha sobreexplotado el recurso, lo que incidió en los bajos precios de la segunda mitad de los años 1990 y principio del 2000, con grave perjuicio fiscal.

Riesco afirma que la renacionalización del cobre es algo que el país va a tener que afrontar en el corto plazo.

¿Y cuál es el panorama que vislumbra hoy, luego de las complejidades que vivió la minería los años anteriores?

Actualmente, se aprecia una nueva ola de sobre inversión, que se ha contenido en parte por el término del súper ciclo de altos precios posterior al 2010, pero que aún así agudiza la baja de precios mundiales y tiene consecuencias ecológicas dañinas. En síntesis, se ha profundizado una política minera antinacional, que sólo beneficia a las grandes empresas de carácter rentista que se han apoderado de los minerales que pertenecen al Estado.

Estas empresas se han venido apropiando a lo largo de la última década de rentas mineras que equivalen a más de la mitad de la recaudación tributaria del Estado. Es decir, los chilenos financian un Estado y medio, el primero mediante impuestos, y el medio adicional mediante renta regalada a estos grandes consorcios que viven de ella.

El factor Codelco

¿Cuál es su opinión respecto a las últimas decisiones que ha tomado el Gobierno en relación al funcionamiento de Codelco? En especial, respecto a su capitalización y financiamiento futuro.

Las últimas decisiones han capitalizado parte de las utilidades contables derivadas de la operación de re-compra de Disputada (hoy Los Bronces, en manos de Anglo American) a un precio significativamente menor que el de mercado. Dichas utilidades, sin embargo, no implican un flujo de caja hacia Codelco, aunque sí mejoran su capacidad para contraer nuevos créditos y mantener las buenas condiciones de los actuales. Respecto del futuro, se continúa la política de apropiación de todos los excedentes, con lo cual se mantiene una fuerte restricción al crecimiento de la empresa estatal, lo cual es preocupante.

¿Y entonces qué cambios deberían existir en Codelco para mantener su posición de liderazgo en la explotación del cobre?

Lo ideal es implementar una política que recupere las riquezas hoy privatizadas, por ejemplo como lo realizado en Brasil con Petrobras. Siguiendo este modelo, se podría convertir a Codelco en operador exclusivo de todos los minerales, sin perjuicio de que en algunos de ellos los actuales operadores mantuvieran una participación menor, pagando el valor residual de sus inversiones actuales sobre los yacimientos en explotación, los que serían recuperados íntegramente por el Estado.

Esto, unido a una política de proveedores locales y agregación de valor, como la seguida en Brasil o Indonesia, daría un impulso extraordinario a la re industrialización del país y la consecuente generación de valor agregado. Estos cambios, permitirían convertir a Codelco en una de las empresas más grandes del mundo en cualquier industria. Por eso, esta y no otra es la perspectiva que el país debe tener para la cuprífera estatal.

Proyecciones del sector

En una columna de opinión publicada en marzo de 2013, usted señala: “Chile va a renacionalizar el cobre. Es inevitable y sucederá antes de lo que se piensa”. A un año de esta frase, ¿qué condiciones a nivel político, social y económico habría que modificar para que se logre una renacionalización de este recurso?

La renacionalización del cobre es algo que el país va a tener que afrontar y creo que lo hará pronto. El programa del actual gobierno así lo establece en lo que respecta a la nueva Constitución. La propia Presidenta Michelle Bachelet declaró en su discurso inicial, que la nueva Constitución que será aprobada en su gobierno dejará al país preparado para abordar este tema en el gobierno que siga. Pero puede que ello se precipite antes.

El territorio de Chile ha sido bendecido por la naturaleza con importantes recursos mineros. La renta de dichos recursos puede ser una bendición si es recuperada por el Estado. El problema no es la riqueza de recursos ni su renta, sino los rentistas. Estos son una clase especial, diferente a los productores propiamente capitalistas.

Si se privatizan los recursos se crean rentistas, que viven a costillas de los capitalistas, que a su vez obtienen sus ganancias de parte del valor generado por sus trabajadores. Si los recursos son importantes, los rentistas se hacen poderosos y empiezan a influenciar las políticas públicas de acuerdo a sus intereses, los que no coinciden con los del resto de los capitalistas ni con los de la nación. Por eso, es urgente que existan cambios en la materia.

Los pasos de la minería privada

Para Manuel Riesco las empresas mineras privadas se han venido apropiando a lo largo de la última década de rentas mineras que equivalen a más de la mitad de la recaudación tributaria del Estado.

¿Cuál es su opinión respecto al esquema de concesiones plenas introducido en 1981?

Dicho esquema ha permitido que un puñado de grandes consorcios privados rentistas se hayan apropiado del 40% del subsuelo del territorio nacional. Una superficie cercana a las 30 millones de hectáreas, como se puede apreciar en el mapa y tablas disponibles en Sernageomin. Lo peor es que nunca pagaron un peso por obtener las concesiones, y para mantenerlas sólo deben cancelar un dólar al año por hectárea.

Estas concesiones que son indefinidas, transferibles y hereditarias, les da derecho a extraer lo que encuentren en el subsuelo y si el Estado quiere alguna vez recuperarlas, debe pagarles el valor íntegro de los eventuales minerales descubiertos. “Demasiado bueno para ser verdad”, como dijo alguna vez un ejecutivo de una gran transnacional minera. En resumen, un escándalo sin precedentes. Esta legislación vergonzosa debe ser derogada sin más trámite.

¿Qué evaluación hace del Decreto Ley 600? ¿Ha sido una herramienta útil para atraer inversión? ¿Le parece adecuado eliminar este decreto, como propone el nuevo gobierno de Michelle Bachelet?

La propuesta de derogar dicho decreto es acertada. Especialmente, mediante cláusulas de invariabilidad tributaria, el mismo abdica el derecho soberano del Estado chileno a establecer impuestos de la manera que estime conveniente, puesto que establece períodos. Asimismo, deben ser derogados todos los convenios de protección de inversiones, que actualmente permiten demandar al Estado chileno ante tribunales extranjeros.

Es lo que acaba de hacer Indonesia, derogando 67 de estos convenios en marzo de este año. Antes lo había hecho Sudáfrica, entre otros países. Asimismo, Francia y Alemania han cuestionado los intentos de Estados Unidos de incorporar cláusulas de este tipo en la negociación de libre comercio actualmente en curso entre la Unión Europea y EE.UU.

Respecto a los impuestos que pagan las empresas mineras en Chile, ¿le parece una tasa adecuada?

La tasa actual es irrisoria, lo que importa es cuánto se cobra por el recurso. El resto de los impuestos, como el IVA, impuesto a la renta, entre otros, los pagan y eluden todas las empresas más o menos por igual. Lo que se cobra por el recurso ha sido menos del 2% de las ventas de las mineras en el curso de la última década en que dicho cobro ha estado vigente. Y eso que antes no pagaban nada.

Por eso el cobro debería ser directamente sobre las ventas y con una tasa mínima de 10%, como la que afecta a Codelco, de ahí hacia arriba. Además, debería subir cuando el precio excediera los costos de manera significativa, tal como lo hace Noruega y los países que manejan bien sus recursos.

En Chile, la gran minería “la lleva”, como se dice popularmente. Representa dos tercios de las exportaciones y más de la mitad de las inversiones, a lo largo de cuatro décadas. Sin embargo, sólo ocupa directamente a un 1,5% de la fuerza de trabajo asalariada. Por lo mismo, es poco el valor que agrega. Según el Banco Mundial, más de un quinto del PIB chileno no corresponde a valor agravado internamente, sino a rentas transferidas desde el exterior.

Es por lo mismo una economía precaria, que depende de las veleidades de la demanda de recursos. No se basa en el valor agregado por la fuerza de trabajo chilena, la que se dedica principalmente al comercio y servicios personales y sociales, que agregan muy poco valor y genera empleos asimismo precarios. Además, no se invierte en educación ni salud, como hacen los países que saben que la fuente de su riqueza son sus trabajadores.

La elite chilena está hegemonizada por un grupo ínfimo de jeques sin turbante, rentistas que han deformado la estructura productiva según sus intereses. Sólo la intervención del Estado recuperando la renta que es de todos, puede poner en orden esta situación.