Limitaciones de la Agenda Energética
Clemente Pérez, Socio Guerrero Olivos.
En los últimos 5 o 10 años, el Estado se ha transformado en un mero árbitro en materia energética, dejando de lado su rol promotor que antes lo caracterizara.
El ministro Pacheco ha querido cambiar las cosas y enfrentar la crisis energética, para lo cual preparó una agenda muy completa, ambiciosa y transversal, que fue anunciada por la Presidenta Bachelet y que esperamos el gobierno haga suyo con la misma fuerza que lo ha hecho el Ministro de Energía. Sin embargo, hay ciertos aspectos que pueden ser mejorables en esta materia.
Uno de ellos tiene relación con el rol que tiene el Estado, el cual debiera ser uno más activo y promotor. En los últimos 5 o 10 años, el Estado se ha transformado en un mero árbitro en materia energética, dejando de lado su rol promotor que antes lo caracterizara. Esto se refleja en numerosos obstáculos al desarrollo de proyectos de generación. Los permisos de obras mayores, por ejemplo, toman cerca de cuatro años o más en algunos casos. Además, aún se dificulta a los regantes aprovechar la fuerza matriz de sus canales y embalses. El Estado, lamentablemente, ha sido muy pasivo y al menor conflicto social que se produzca los proyectos se entrampan, en algunos casos para siempre.
Otra de las críticas constructivas que se podrían hacer tiene relación con los recursos públicos para destrabar la crisis que enfrentamos en generación, ya que no existen incentivos para promover la diversificación energética.
La creación de un fondo de pasivos contingentes, por ejemplo, por parte del gobierno, permitiría dar un impulso a las ERNC, sin los sobre costos en que han incurrido las economías europeas para promoverlas. Es decir, si el gobierno destinara unos pocos recursos a la creación de un fondo que garantice ingresos mínimos, o un precio piso, y que cobre por esta garantía, permitiría que cientos de proyectos se pudieran ejecutar. El gran problema de las ERNC es que no pueden firmar contratos de suministros porque no son energías acumulables y tampoco les conviene hacerlo, ya que los precios del mercado spot son mucho más altos. Pero sin estos contratos no pueden acceder al financiamiento bancario dada la alta volatibilidad de estos precios.
El último punto tiene relación con que las comunidades en donde se emplazan los proyectos no reciben ningún beneficio por ellos, sino todo lo contrario, sólo externalidades negativas. Por ello, no tiene mucha lógica el ordenamiento territorial que plantea el gobierno respecto de las centrales. Un semáforo que señale los lugares permitidos y los vedados para centrales eléctricas, o un esfuerzo por priorizar cuencas, al final del día tendrá muy pocas luces verdes donde se pueda instalar un proyecto y muchas luces rojas donde no es posible. Además, en los casos que ciertos lugares ingresen con “luz verde” se dudará a quiénes benefició y a quiénes no.
Finalmente, la manera de mejorar esta agenda debiera ser regulando. Lo más efectivo será tener buenas normas de emisión y de calidad, proteger los lugares de belleza escénica o valor ambiental y objetivar lo que se va a proteger.
Por Clemente Pérez, Socio Guerrero Olivos.
