Licencia Social para Operar: Por un trabajo tripartito

Con el paso de los años cobra más relevancia este concepto que busca materializar la integración y el entendimiento en territorios donde la confrontación entre comunidades y empresas, con un rol pasivo del Estado, se vuelve un escenario frecuente.

Por Camila Morales
Revista Nueva Minería y Energía
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Si hablamos de la Licencia Social para Operar (LSO) de grandes proyectos, por estos días Minera Dominga acapara todas las miradas. Desde que comenzó a gestarse en 2009, esta iniciativa ha generado polémica por el impacto ambiental que podría provocar en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo.

Es por eso que para actores del ámbito minero y social no fue sorpresa que la Comisión de Evaluación Ambiental de esa región rechazara la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto en marzo pasado, pese a contar con el visto bueno del Servicio de Evaluación Ambiental.

Con un proceso aún abierto tras el recurso de reclamación por parte de Andes Iron, la empresa mandante de Dominga, esta iniciativa refleja la importancia de contar con una Licencia Social para Operar, concepto que es comúnmente utilizado, pero que en lo concreto aún presenta algunas falencias a la hora de aplicarse.

Para comprender los desafíos en este tema, es importante saber qué es la LSO. Este concepto se refiere a la aceptación de las empresas y de sus proyectos dentro de las comunidades locales. Esta aceptación social debiera ser otorgada por todas las partes que se ven afectadas por el desarrollo de proyectos, como las comunidades locales, y otros grupos de interés, como los gobiernos.

Es por ello que para algunos expertos y actores involucrados en el tema, es importante que exista una participación tripartita para hacer efectiva una Licencia Social para Operar, contemplando a las empresas y las comunidades, pero también al Estado.

“El Estado debe ser el garante de los procesos de diálogo con las comunidades. Desde esta perspectiva, si bien no es obligatorio, el Estado promueve que las empresas desarrollen procesos de participación previos al ingreso al SEA. De allí que muchas empresas hayan establecido dentro de sus proyectos, la intervención temprana de la comunidad, generando un proceso de relacionamiento comunitario”, explica Irina Rossi, gerente de Operaciones de Entorno Social, consultora orientada a la gestión de relaciones comunitarias.

Una opinión similar es la que tiene Rodrigo Guzmán, abogado socio de Carcelén, Desmadryl, Guzmán & Tapia y ex asesor legal de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, al afirmar que el Estado debe actuar generando incentivos a todas las partes “para que unas y otras (empresas y comunidades) se reconozcan y respeten los intereses de cada cual, posibilitando al mismo tiempo el desarrollo de proyectos y el desarrollo de las comunidades”.

Respecto a este enfoque tripartito de la Licencia Social para Operar, expertos advierten que es esencial la identificación, evaluación y gestión temprana de los potenciales riesgos sociales y ambientales a los que podría enfrentarse una determinada iniciativa, proceso en que el gobierno, las comunidades y empresas deben ser partícipes activos.

Al respecto, el presidente Ejecutivo de Consejo Minero, Joaquín Villarino, sostiene que “lo indispensable” es encontrar un esquema de creación de valor donde las autoridades, las comunidades y las empresas vean un beneficio directo, palpable y de largo plazo. “Para que todo esto se pueda dar es muy necesario tener un relacionamiento temprano y participativo entre las tres partes”, advierte.

Un camino de errores

Pese a que lo expuesto por los entrevistados apunta a cómo debería desarrollarse una LSO, comúnmente este proceso presenta normalmente una serie de factores que tienden a interferir en su objetivo final: que las partes estén de acuerdo con el ‘cómo’ y el ‘qué’ del desarrollo de un proyecto.

Irina Rossi sostiene que más que errores, es probable que existan empresas que dentro de sus proyectos centren sus objetivos solo en los aspectos técnicos, no considerando la opinión de las comunidades que serán intervenidas. “De esta forma, la inclusión de las comunidades en algunos casos se genera tardíamente y de manera forzosa”, asegura.

En cambio, para el abogado Rodrigo Guzmán, las empresas sí cometen errores, los que finalmente impiden que las compañías logren metas efectivas para apuntar a una legitimidad social del proyecto, y a una mayor credibilidad y confianza entre las partes involucradas.

“Primero, entregan información incompleta y confusa, en un lenguaje técnico y poco claro; segundo, identifican parcial o erróneamente a los líderes de una comunidad; tercero, entienden las compensaciones como un precio que se paga al inicio y que después, a lo largo del proyecto, ya no hay nada más que hacer con la comunidad; cuarto, asumen y comprometen obligaciones que finalmente no podrán cumplir”, detalla Rodrigo Guzmán.

Esta serie de equivocaciones son comunes en Chile, donde los sectores minero y energético han debido enfrentar conflictos con las comunidades que habitan dentro de su área de influencia, algunos incluso teniendo visibilidad a nivel internacional, como es el caso de HidroAysén y el tranque de relaves El Mauro, de Minera Los Pelambres.

Por este tipo de problema que incluso desencadena en el cierre o detención de un yacimiento, la consultora EY afirma que la carencia de una LSO es identificada como uno de los cinco mayores riesgos de la minería en la actualidad. Porque si bien es cierto que el negocio de las empresas es la extracción y procesamiento de minerales, el relacionamiento con sus vecinos se ha transformado en un área fundamental del negocio.

Entregar a la comunidad información completa, clara, y que evite el lenguaje técnico, es uno de los factores que los entrevistados destacan para alcanzar una Licencia Social para Operar. (Foto: La Vaca.org)

Al respecto, Joaquín Villarino asegura que la industria minera “ha aprendido” de los “errores cometidos en el pasado”, y se ha preocupado por “avanzar en mejorar el trato, las formas y entregar más y mejores espacios de diálogo con sus comunidades”.

“A pesar de lo anterior, la gran minería tiene claro que aún queda mucho trabajo por hacer”, reconoce el presidente del Consejo Minero.

¿Hacia dónde apuntar?

Pese a las prácticas poco fructíferas que han implementado algunas empresas en territorio nacional, hay medidas y acciones que el sector privado busca adoptar para revertir la relación asimétrica y de desconfianza entre las comunidades y los mandantes de proyectos de envergadura.

Para establecer una adecuada Licencia Social para Operar los expertos consideran factores como el contexto, el relacionamiento, la sustentabilidad, los beneficios locales y la adaptabilidad. Tomando en cuenta estas aristas, Irina Rossi asegura que se puede disminuir incertidumbres y/o aprehensiones de las comunidades hacia el proyecto.

“La única forma de obtener licencia social, pasa por involucrar a las comunidades desde el inicio de un proyecto. Lo primero que debiese hacer una empresa es identificar a sus interlocutores, definir un mapa de stakeholders y en base a esa información, generar un diálogo con ellos y hacerlos partícipes del proceso. Esto implica abrirse a la posibilidad de generar modificaciones en base a lo que las comunidades señalen”, afirma la vocera de Entorno Social.

Además del proceso de involucramiento de las localidades aledañas de manera temprana, la transparencia y el manejo de las expectativas son otros de los factores que toda compañía debiese considerar.

A juicio del abogado Rodrigo Guzmán, las empresas deben proceder “con plena transparencia” y de la manera más temprana posible. “Deben ser capaces de administrar adecuadamente las expectativas y comprometerse a aquello que realmente podrán cumplir en tiempo y forma”, agrega.

Implementando este tipo de medidas para desarrollar un vínculo real con las comunidades, los expertos aseguran que el acercamiento a una LSO será más probable, en comparación a la entrega de recursos -generalmente monetarios- directamente a la comunidad por parte del sector privado, lo cual no ha dado buenos resultados.

“Es indispensable tener en claro que para el desarrollo de cualquier proyecto se necesita un acuerdo con las comunidades. Si no somos capaces de entender eso, significa que tenemos una venda sobre los ojos, porque las comunidades han sido quienes se han opuesto mayoritariamente al desarrollo de grandes proyectos y han tenido, de una manera u otra, éxito en esa oposición. Tenemos claros ejemplos en los casos de El Morro, Pascua Lama, Castilla, e HidroAysén”, comenta Joaquín Villarino, del Consejo Minero.

Así, el peso de las movilizaciones sociales es otra arista a no desestimar, ya que mientras no se facilite el desarrollo de una visión compartida que aminore la posibilidad de futuros conflictos, las comunidades podrían incidir en la cancelación y/o postergación de proyectos.

Por eso, año a año el nivel de legitimidad social gana partido a la hora de la evaluación de una iniciativa, porque tal como comenta Irina Rossi, “podríamos decir que para desarrollarse un proyecto requiere fundamentalmente tres cosas: una resolución ambiental favorable, financiamiento y Licencia Social para Operar”.

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