Revista Nueva Minería

A pesar de ser sólo un concepto, la “licencia social para operar” ha tomado un rol protagónico en la agenda energética y minera ¿Cómo las empresas combinan la competitividad del negocio con la sostenibilidad y la participación de las comunidades?, es la interrogante aún sin una respuesta unánime.

Resolver los conflictos. Ese es el propósito que en el último tiempo ha priorizado la industria minera y energética para avanzar en el desarrollo de proyectos que han sido puestos en tela de juicio por la ciudadanía.

Si en los años noventa los numerosos proyectos de inversión “pro desarrollo” no encontraban mayores barreras que impidieran cumplir con la ex institucionalidad ambiental Conama; ahora las manifestaciones y la judialización se han transformado en una valla para las compañías nacionales y extranjeras.

De acuerdo al informe de catastro de proyectos de inversión realizado por la Sofofa en junio de 2013, existen 39 proyectos congelados por conflictos socioambientales, ya sea paralizados, desistidos o postergados; representando una inversión de US$ 55.344 millones, lo que podría equivaler al 21% del PIB del país en 2012.

Ante este complejo escenario para las empresas, éstas han optado por desarrollar nuevas estrategias para impedir que la cantidad de iniciativas paralizadas continúen en aumento. El propósito es combinar la competitividad del negocio con la sostenibilidad y la participación real de las comunidades.

En este sentido, a pesar de ser sólo un concepto, la “licencia social para operar” ha tomado un papel protagónico ante las polémicas en materia energética y minera. Más allá de lo abstracto, parece ser que la percepción de la comunidad es cada vez más relevante a la hora de la ejecución de un proyecto.

En la búsqueda de la licencia social

Abstracta y dinámica, son algunas de las características que engloba la licencia social para operar. Este concepto tiene relación con las creencias, percepciones y opiniones de una comunidad determinada u algún grupo de interés acerca de un proyecto. Es decir, la licencia es “otorgada” por la comunidad.

Para Rodrigo Rivas, socio director de la consultora Valor Estratégico, un factor a considerar para lograr mayor aceptación, es incorporando a la comunidades desde el momento de la planificación de la iniciativa.

“Es recomendable que las empresas inicien las relaciones con la comunidad lo antes posible, a través de una participación ciudadana y vinculante, en la cual se pueda generar incluso modificaciones a los proyectos antes de ser ingresados al SEIA. Otro aspecto relevante es reducir la brecha de información entre la empresa y las comunidades”, afirma Rivas.

Para Rodrigo Rivas, socio director de la consultora Valor Estratégico, es recomendable que las empresas inicien las relaciones con la comunidad lo antes posible, a través de una participación ciudadana y vinculante. (Foto: Rodrigo Rivas)

En relación a este último punto, las empresas han integrado asesores o mediadores externos para facilitar las condiciones a la hora de dialogar. Es el caso Endesa, empresa que a partir de marzo ha realizado cambios estructurales para resolver el conflicto de Bocamina II con los vecinos de Coronel.

Para esto la filial de Enersis transformó su área de comunicaciones en una gerencia especializada de Relación con la Comunidad, con el objetivo de “generar valor compartido en los territorios, para que a partir de las operaciones, mejoren al mismo tiempo las condiciones sociales y económicas de las comunidades”, señala el comunicado emitido por la compañía.

Por su parte, la canadiense Barrick Gold en sus esfuerzos por concretar el proyecto Pascua Lama, a fines de abril logró la firma de un memorándum de entendimiento con 15 de las 18 comunidades diaguitas ubicadas en el valle del Huasco, donde se destaca la mediación de un abogado y antropólogo para que las negociaciones sigan estándares internacionales.

De esta forma, el desconocer las soluciones colectivas con mirada territorial sería uno de los problemas que algunas empresas están intentado revertir para operar con licencia social. Sin embargo, en la opinión de Ignacio Larraechea, gerente general Acción RSE, la noción de este concepto puede derivar en un enfoque perjudicial para la relación empresa – comunidad.

“La noción misma de ‘licencia social para operar’ nos evoca un enfoque que puede ser profundamente dañino al sugerir que la comunidad cuenta con un ‘poder de veto’ frente a iniciativas empresariales. El ‘veto’ sólo puede recaer en la institucionalidad”, afirma el ejecutivo de Acción RSE.

Movilizaciones, el factor a considerar

De acuerdo a un estudio elaborado por la empresa PwC, un 97% de las empresas mineras y energéticas considera que el éxito de nuevos proyectos depende en gran medida de la gestión ambiental y social que ellas realizan.

Este aspecto clave a la hora de poder desarrollar iniciativas, se ha traducido en mayores movilizaciones por parte de la ciudadanía por las consecuencias de la ejecución de ciertas iniciativas.

“Hoy existen varios ejemplos de proyectos que han sido detenidos y/o cancelados por las comunidades al sentirse excluidas o marginadas de los beneficios que las empresas pueden obtener. En estos casos es indispensable perfeccionar la comunicación en materia de transparencia y calidad para que la aceptación aumente de manera significativa”, explica Rodrigo Rivas.

Un caso emblemático en que las movilizaciones jugaron un papel trascendental es HidroAysén. Con el apoyo de grupo ambientalistas, las manifestaciones en contra del proyecto llevaron a que las cinco centrales hidroeléctricas sólo quedaran plasmadas en el papel. El rechazo por parte del Comité de Ministros al proyecto significó un triunfo para el reclamo de la ciudadanía.

“Es posible suponer que diversos proyectos se han visto inviabilizados por la presión ejercida por movimientos sociales hacia instancia judiciales, lo que ha fortalecido un clima de desconfianza ‘a priori’ ante proyectos empresariales. Se ha generado un ambiente político social adverso, sin embargo, las movilizaciones han cumplido un rol decisivo para que las empresas incorporen mejores prácticas”, asegura Ignacio Larraechea.

Las movilizaciones en contra de proyectos mineros y energéticos han jugado un papel trascendental para la paralización y/o postergación de algunas iniciativas.

Mayor transparencia

Ante un escenario en que ha prevalecido la judicialización de proyectos, la incorporación de nuevos procesos de consulta como parte integral en el diseño previo de las iniciativas, parece ser el camino a seguir en pos de un mayor lazo de entendimiento entre todos los actores.

Aquella “licencia social para operar” que otorgan las comunidades es la constante búsqueda de las empresas. Así lo ratifica el ejecutivo de Valor Estratégico, quien asegura que mayor transparencia e innovación son las claves para aminorar los conflictos.

“Las relaciones con la comunidad y los temas derivados de estas acciones deben situarse al mismo nivel de importancia que los estudios de factibilidad del proyecto en términos de ingeniería, productividad y rendimiento económico. Si se considerara de esta manera, toda la empresa incorporaría los temas de relaciones comunitarias a diario y no tan sólo como un ‘issue’ más”, opina Rivas.

De esta forma, la licencia social ya toma importancia en la industria minera y energética, a pesar de ser identificado como un concepto abstracto y dinámico. El propósito es que además de que sean aprobados los proyectos, la comunidad acepte su funcionamiento y los beneficios que estos pueden generar en el corto plazo.