Revista Nueva Minería

Era mayo de 2014 cuando la Presidenta Michelle Bachelet confirmó el envío de un proyecto de ley para proteger los glaciares en Chile. A dos años de ese anuncio, la iniciativa tiene más dudas que certezas por los cambios que ha sufrido en el trámite legislativo, y por las desconfianzas que genera en sectores ambientalistas.

Camila Morales
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A casi nadie le es indiferente el nombre de Pascua Lama. El controvertido y mediático proyecto minero aurífero de la empresa Barrick, se instaló rápidamente en el centro de la polémica a partir del año 2001, cuando las autoridades chilenas aprobaron la primera versión del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la iniciativa.

Aunque el proyecto destacaba por sus notables reservas metalíferas -calculadas en 18 millones de onzas de oro, 731 millones de onzas de plata y 662 millones de libras de cobre-, Pascua Lama no sorprendió precisamente por estas cifras. La millonaria iniciativa se posicionó en el ojo del huracán por la futura intervención en glaciares y por la amenaza de contaminación de estas fuentes de agua.

Lo que vino después ya es historia conocida. Una serie de recursos judiciales y resoluciones ambientales desembocarían en millonarias multas para la empresa y en la paralización de la iniciativa. Y mientras Barrick realiza gestiones para lograr destrabar el proyecto, grupos ambientalistas y algunos congresistas se manifiestan en contra de Pascua Lama, alertando sobre la vulnerabilidad legislativa de Chile para cuidar las masas de hielo en la cordillera.

Es en este escenario donde los glaciares comienzan a estar en el foco de atención de un país que concentra una extensión de 22.000 km2 de estos bloques de hielo, que representan el 82% de los glaciares existentes en Latinoamérica. Con una relevante presencia en la Cordillera de los Andes, los glaciares han sido definidos por los expertos como “reservas estratégicas”.

Por esta razón, el cuidado de estas masas de hielo comenzó a tomar fuerza a nivel mundial. Y Chile no fue la excepción. A nivel nacional la preocupación se ha centrado en la posible contaminación y destrucción de glaciares, sumado al calentamiento global, fenómeno que también ha incidido en su vulnerabilidad.

“Es una ley (la de glaciares) absolutamente necesaria ante los escenarios de cambio climático y como medida de enfrentar los períodos multianuales de sequías, las cuales se irán haciendo más recurrentes. Los glaciares constituyen una reserva natural estratégica para asegurar la escorrentía superficial en las estaciones sin precipitación y con mayor razón durante sequías”, señala Francisco Ferrando, glaciólogo y académico de la Universidad de Chile.

Los pasos de la normativa

Fue la cuenta pública del año 2014 cuando la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, anunciaba en el Congreso Nacional el envío de un proyecto de ley que buscaba proteger estas masas de hielo.

Francisco Ferrando, glaciólogo y académico de la Universidad de Chile; Joaquín Villarino, presidente Ejecutivo del Consejo Minero; y Estefanía González, coordinadora de campañas de Greenpeace en Chile.

“Los glaciares representan una fuente de agua dulce de un valor incalculable. (Por eso), presentaremos un proyecto de ley que proteja los glaciares y su entorno”, aseguró la mandataria hace dos años, durante el tradicional discurso presidencial del 21 de mayo.

Un día antes del discurso, la denominada “Bancada Glaciar”, compuesta por un grupo transversal de diputados, ingresó una moción parlamentaria con el objetivo de legislar sobre estos cuerpos de hielo, lo que hacía creer que el propósito de la Presidenta tendría directa relación con los objetivos planteados por los representantes de la Cámara Baja. Sin embargo, esto no sucedió.

Un año más tarde del anuncio de Bachelet, el proyecto de la “Bancada Glaciar” no logró prevalecer, diluyéndose en un protocolo de acuerdo en donde los parlamentarios se comprometieron con el gobierno a apoyar un nuevo proyecto de ley en la materia.

Días después de esta firma, el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, presentó la indicación sustitutiva del Ejecutivo que vino a reemplazar el proyecto presentado por la “Bancada Glaciar”. Es en ese momento cuando se da inicio a una nueva tramitación de esta normativa y con ello un nuevo capítulo caracterizado por los cuestionamientos sobre el nivel de protección que tendrán los glaciares nacionales.

Así lo afirma la Coordinación de Territorios en Defensa de Glaciares, movimiento que agrupa a 22 organizaciones medioambientales y territoriales, quienes consideran que el nuevo proyecto en el que trabaja el gobierno es “liviano, poco serio”, y que “busca favorecer al sector inversionista en desmedro del bien común”.

“(El nuevo proyecto) refleja, además, la manera poco responsable de hacer políticas públicas del gobierno de Michelle Bachelet y de legislar que tenemos en Chile”, agrega el movimiento.

Actualmente, en todo el mundo, sólo Argentina y Kirguistán cuentan con iniciativas de ley sobre glaciares, mientras que los países desarrollados han optado por reforzar su marco legal existente sin crear una ley específica. En este escenario, Chile puede adoptar un papel decisivo, tomando en cuenta que es la nación con más glaciares del Hemisferio Sur.

Para Estefanía González, coordinadora de campañas de Greenpeace en Chile, una ley que proteja los glaciares es “absolutamente necesaria, ya que actualmente no existe ninguna regulación que los resguarde. Como no existe protección, Chile tiene el record en destrucción de glaciares de roca en el mundo. Esto gracias a casos como Codelco Andina, Los Bronces y Pascua Lama”, asegura.

El sector minero en la polémica

Un punto relevante de la polémica que ha surgido en torno al proyecto de ley de glaciares tiene que ver con el rol que ha adoptado la minería en el desarrollo de esta iniciativa. Es así como durante el año pasado, diversos actores de esta industria tuvieron la oportunidad para presentar sus impresiones y puntos de vista ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados.

Integrantes de la Coordinación de Territorios en Defensa de Glaciares. (Foto: Coordinación de Territorios en Defensa de Glaciares)

En dos ocasiones, los representantes de este sector extractivo dieron a conocer su posición sobre los puntos de esta futura ley, especialmente sobre el artículo que establece el tipo de protección para los glaciares.

“Considerando que el SEIA ya contempla la obligación de evaluar proyectos que impacten glaciares y que se están tramitando iniciativas legales sobre el Código de Aguas y sobre biodiversidad que dan mayor protección a los glaciares; el espacio adicional que vemos para una ley de glaciares es esencialmente de definiciones y de mayores recursos y facultades para contar con un buen catastro de glaciares”, explica el presidente Ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino.

Tras un largo debate de los parlamentarios durante 2015, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja respaldó que en el proyecto se estipulara que la protección no es para todos los glaciares, sino que sólo bajo tres opciones de protección, donde se destacan los “susceptibles” a ser declarados como Reserva Estratégica Glaciar (R.E.G), es decir, que sean reservas hídricas relevantes para las cuencas.

Al respecto, el glaciólogo Francisco Ferrando señala que “existe una subvaloración vital” del aporte de agua de los glaciares a todo el hidrosistema, tanto atmosférico como superficial y subterráneo, además de todos los aportes ecosistémicos y al sistema socio económico y productivo.

“Esta subvaloración de las múltiples funciones que cumplen los glaciares, al parecer intencional, requiere de una corrección de fondo para que emane una ley que realmente los proteja”, agrega Ferrando.

Hasta el momento, la futura normativa también considera opciones de protección a los glaciares que formen parte de Parques o Reservas Nacionales. Sin embargo, no son muchos los que se encuentran en esa condición. Del total de 36 parques nacionales, sólo 16 contienen glaciares en sus límites, mientras que de las 49 Reservas Nacionales, sólo 18 contienen glaciares, según advierte la Coordinación de Territorios en Defensa de Glaciares.

“Hay que aclarar que en todas las regiones del país hay glaciares, pero no en todas hay parques y reservas, por lo que la protección a partir de estar dentro de una de estas áreas es reducida”, afirma el movimiento de protección de glaciares.

De esta manera, con la aprobación del polémico artículo 5° del proyecto -el punto de discordia de la norma-, se dejaría fuera a seis regiones que poseen glaciares, pero que no cuentan con Parques o Reservas Nacionales que contengan estas masas de hielo. Así, los glaciares ubicados en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’higgins y Maule no tendrían protección.

“Una gran cantidad de proyectos y prospecciones mineras están consideradas en las regiones IV, RM y VI. Por razones geológicas, en esta área existe una alta superposición de glaciares y reservas de cobre. Debido a esta estrecha vinculación, una prohibición absoluta a desarrollar actividades industriales en la cercanía de glaciares que no ponga en perspectiva y evalúe correctamente todos los aspectos que se debe considerar, puede perjudicar severamente el desarrollo de la minería y del país”, asegura el presidente del Consejo Minero.

Respecto a este punto, desde Greenpeace señalan que proteger los glaciares, y todos los servicios del ecosistema que estos aportan, no es una traba para las inversiones mineras. “Por el contrario, es una inversión como país. No podemos seguir desarrollando un modelo de crecimiento económico que no incorpore la protección del medio ambiente, porque esto a la larga profundiza las causas de la pobreza. Minería puede existir, pero no a costa del medio ambiente que le pertenece a todos los chilenos”, dice Estefanía González.

Proyecto de ley: ¿avance o retroceso?

Luego de un debate que se mantiene desde mayo de 2014, finalmente en mayo de este año la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados aprobó el documento final que será revisado en el Congreso Nacional. De manera paralela, la Coordinación de Territorios en Defensa de los Glaciares interpuso una denuncia contra el Estado de Chile ante la ONU por la amenaza a los Derechos Humanos con la futura aprobación de este proyecto de ley.

Con la aprobación del artículo 5° del proyecto -el punto de discordia de la norma-, se dejaría sin protección a los glaciares de seis regiones del país: Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’higgins y Maule.

Así, esta pugna entre el gobierno y organizaciones sociales y grupos ambientalistas parece no tener consenso. “Consideramos que no se ha realizado una evaluación ambiental social económica real de las implicancias de esta ley, ya que de haberse realizado y tenerse conciencia cabal de los costos sociales que significa no resguardar los glaciares y sus ecosistemas, el proyecto no habría seguido su camino”, relatan desde la Coordinación de Territorios en Defensa de los Glaciares.

En este escenario, las críticas al proyecto ya incluyen reparos sobre el derecho a la vida, al acceso a agua limpia, a un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, y a una gestión y eliminación ecológicamente racional de las sustancias y desechos peligrosas.

Para el glaciólogo Francisco Ferrando, todos estos cuestionamientos evidencian el retroceso que vendría con la promulgación de esta normativa.

“En esta ley, tal como pretende promulgarla el gobierno, con todas sus deficiencias, en realidad constituye un grave retroceso frente a la propuesta original. No se puede hablar de un avance cuando a la mayor parte de los glaciares y su entorno glaciosistémico se lo deja a merced de otros intereses, los cuales sólo favorecen a ciertos grupos económicos”, precisa el académico de la Universidad de Chile.

En tanto, desde el Consejo Minero proponen una ley más flexible, que tome en cuenta varios factores. “Una ley construida sobre la base del SEIA, que tome en cuenta los desarrollos paralelos en los proyectos de ley de biodiversidad y Código de Aguas, y que avance en información e investigación científica sobre los glaciares, efectivamente puede ser un aporte a la biodiversidad”, asegura el presidente del gremio, Joaquín Villarino.

Mientras tanto, el proyecto de ley avanza en su tramitación legislativa en paralelo a las críticas sobre los alcances que tendrá la futura normativa. Cada vez son más los actores que forman parte de esta discusión que tiene a Chile en la mira de organismos internacionales por la particularidad del debate y por las repercusiones que puede traer la puesta en marcha de esta regulación.