Revista Nueva Minería

(Foto: Codelco)

La puesta en marcha de la nueva legislación para las fundiciones nacionales en 2018, tiene a las empresas del sector con el tiempo en contra para llevar a cabo importantes inversiones y superar las problemáticas relacionadas a los efectos contaminantes.

Revista Nueva Minería y Energía

Camila Morales
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A fines de 2013 el Diario Oficial de la República publicó un hecho que repercutió en la industria minera: la nueva norma de Emisión para Fundiciones de Cobre y Fuentes Emisoras de Arsénico acaparó el debate del sector respecto a sus objetivos, procedimientos y plazos.

Según lo estipulado, el ministerio del Medio Ambiente otorgó hasta 5 años de plazo para que las fundiciones cumplieran con la nueva norma que, en palabras del Ejecutivo, tiene como objetivo proteger la salud de las personas y el medio ambiente ante la evidencia de las emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2), arsénico (As) y mercurio (Hg) por parte de las fundiciones.

Tomando en cuenta el plazo otorgado por el gobierno, queda poco más de un año para que los dilemas y desafíos en cuanto al cambio de normativa se disipen. Sin embargo, los desafíos se hacen más latentes a sólo meses de la entrada en vigencia de la nueva legislación.

Así lo confirma Jaime Pérez de Arce, vicepresidente Ejecutivo de Enami. “De no estar presente esta normativa, probablemente las fundiciones no estarían hoy trabajando tan intensamente como sé que lo están haciendo en todo el país para poder mejorar ese desempeño. Este es un desafío grande para este negocio. Son inversiones que no parecen rentables, pero son necesarias llevar adelante”.

Y es precisamente el tema de las inversiones la arista que se ha posicionado en el debate al interior de las 7 fundiciones existentes en el país. Porque mientras las fundiciones de otros países destacan por la utilización de tecnología de punta, en Chile el tema aún se encuentra en proceso de cambio.

Camino a la renovación

De acuerdo a lo establecido en la futura normativa, los cambios en el funcionamiento de las fundiciones nacionales -que representan el 15% de esta industria a nivel mundial- nace desde el principio de “abordar las fuentes reguladas para reducir sus niveles de contaminación al menor costo social posible, privilegiando la mejor asignación de los recursos”.

Para Flavia Liberona, directora Ejecutiva de Fundación Terram, “el principal desafío para las empresas ha sido asumir que tienen que invertir en un área de su negocio donde habitualmente no lo hacían. No debemos olvidar que el DS N° 28 nos recuerda la garantía constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación y que su dictación obedece a las recomendaciones de la OCDE del año 2005, es decir hace 11 años atrás y cuando entre en vigencia serán 13 años desde entonces”.

Actualmente, la contaminación que proviene de las fundiciones se produce por emisiones fugitivas, emisiones por chimenea, neblinas ácidas y por el polvo levantado desde el acopio concentrado; produciendo efectos sobre la salud de las personas, tales como problemas respiratorios, daños al sistema nervioso, cáncer y osteoporosis, entre otras problemáticas.

Tomando en cuenta estas consecuencias, “los principales desafíos se relacionan con los procesos de selección de la alternativas técnicas y económicas más convenientes en cada fundición. Materializar el significativo monto de las inversiones que se encuentran consideradas es un desafío relevante, y lo que no es menor es la capacitación y adaptación de los profesionales y trabajadores”, explica Germán Richter, gerente de Optimización Fundición y Refinería de Codelco.

De esta manera, el nuevo funcionamiento estratégico de las fundiciones fusionará nuevos criterios a nivel de negocio y medio ambiental. Con una mayor innovación se espera que las operaciones de Chuquicamata, Potrerillos, Ventanas, Caletones (las 4 de Codelco), Altonorte (Glencore – Xstrata), Hernán Videla Lira (Enami) y Chagres (Anglo American); se ajusten a las exigencias de la autoridad.

El decreto N° 28 obligará a las fundiciones a limitar a 95% la emisión de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2), arsénico (As) y mercurio (Hg) a partir de 2018. En la foto, fundición Ventanas de Codelco. (Foto: Codelco)

“De alguna manera, el gobierno ha hecho la labor que le corresponde. Chile perdió competitividad en el negocio de las fundiciones, estamos en los más bajos cuartiles de costo y, por lo tanto, bienvenida sea este tipo de normativa porque nos permite y nos obliga alinearnos en el negocio de la metalurgia de acuerdo a los tiempos que corren en el mundo”, precisa Jaime Perez de Arce.

Tendencia internacional

En Chile, el decreto N° 28 obligará a limitar en un 95% la emisión de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2), arsénico (As) y mercurio (Hg) a partir de 2018, lo que ha sido aplaudido por organizaciones ambientalistas, pero ha planteado dudas respecto al avance que se logrará, considerando que en el resto del mundo las principales fundiciones captan el 99% de las emisiones.

En la opinión de Flavia Liberona, “la normativa fue promulgada en diciembre de 2013 y esta debe cumplirse. Si las empresas quieren elevar sus estándares y captar voluntariamente el 99% de las emisiones, esto sería muy bienvenido, sobre todo en zonas altamente contaminadas como Puchuncaví – Quintero. Pero lo que no puede pasar es que se dilate la entrada en vigencia del DS N° 28 por alcanzar estándares internacionales”.

Por su parte, el riesgo para las empresas controladoras de las fundiciones existentes surge si es que parte importante de la inversión que ya están realizando no sirva si eventualmente se decide elevar el límite de emisión, algo que está evaluando el gobierno. Para el gerente de Optimización Fundición y Refinería de Codelco, si se toman nuevas decisiones, deben ser una vez que la norma promulgada en 2013 entre en vigencia.

“En este punto debiera primar el concepto de gradualidad y ciertamente sería conveniente esperar el resultado de los monitoreos y mediciones de emisión y captación de las fundiciones una vez que estén en operación bajo la nueva normativa, toda vez que las inversiones en curso están dirigidas a lograr una captación superior al 95% exigido”, explica Germán Richter.

Para Jaime Perez de Arce, “no hay que olvidar que la norma se revisa cada cuatro años, por lo que cuando estemos con las fundiciones captando 95% se va a realizar la revisión de la norma, y de todas maneras se plantearán estándares que ya están operando en el mundo hace rato”.

Con diversas visiones y expectativas, las fundiciones en el país ya trabajan para optimizar sus procesos de acuerdo a la futura legislación. El propósito es claro: revertir la escasa tecnología de punta, los efectos contaminantes y los altos costos de las operaciones. “Sin duda es un análisis necesario. Más aún cuando se quiere permanecer en la industria del cobre mundial”, precisa la directora Ejecutiva de Fundación Terram.