Las batallas legales que aún debe sortear el proyecto Alto Maipo
Opositores al proyecto hidroeléctrico, propiedad de AES Gener y del grupo Luksic, sostienen que afectará la disponibilidad de agua y termas con propiedades curativas.
La férrea defensa a la construcción de la hidroeléctrica Alto Maipo realizada públicamente por el ministro de Energía, Máximo Pacheco y el titular de Hacienda, Alberto Arenas, argumentando que la iniciativa ha cumplido con la normativa y que ayudará a bajar los precios de la energía, encendió nuevamente el debate sobre el proyecto.
A pesar de que la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de la hidroeléctrica de 531 MW asociada a la generadora AES Gener está aprobada desde 2009 y la resolución de la Dirección General deAguas (DGA) data de septiembre de 2011, enfrenta al menos siete demandas.
El proyecto hidroeléctrico en que también participa el grupo Luksic -que contempla una inversión de unos US$2.000 millones, y que según el cronograma de la empresa estará en operación entre 2018 y 2019-, mantiene enfrentadas a las comunidades de San José de Maipo con la empresa a cargo del megaproyecto: acusan que la central afectará la disponibilidad de agua en la zona.
En cuatro de las demandas, el objetivo es la DGA, principalmente, a través de la solicitud de nulidad de una resolución del 20 de septiembre de 2011, mediante la cual se aprobaron las obras hidráulicas del proyecto. Entre los acusadores figuran el representante legal de la sociedad Celeven S.A., Jack Stern, como titular de derechos de aprovechamiento sobre aguas del Estero Las Monjas y sobre una quebrada conocida como Los Corralitos, y la activista ecologista y ex candidata presidencial Sara Larraín, quien actúa como titular de derechos sobre el Canal San Carlos, además de cinco asociaciones de canalistas.
Se suman a estos cuatro procesos, un conflicto denunciado por la Asociación del Canal de Espejo junto a Celeven y Sara Larraín contra la Conama, AES Gener y el Fisco, solicitando que se declare la nulidad de derecho público de la RCA del proyecto. También hay un recurso de protección interpuesto por Asesorías e Inversiones Punto Equilibrio Ltda. e Inversiones Nocedal contra Alto Maipo, el cual alega que las obras subterráneas del proyecto afectan aguas termales de las que poseen derechos. Adicionalmente existen juicios sumarios de reclamación del artículo 68 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
“Presión indebida”
La vocera de la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo, organización que participa en cuatro de estos procesos judiciales, Marcela Mella, señala que “nos llama la atención el apoyo tan cerrado a este proyecto cuando todavía hay cuestiones que están en proceso de tribunales y que todavía tienen para un rato”.
Eso sí, indica que tienen “confianza en la independencia del Poder Judicial, pero el apoyo político de la Nueva Mayoría al proyecto Alto Maipo puede ser una presión indebida”.
Agrega que “la judicialización de los permisos para estos megaproyectos se relaciona con que nuestra institucionalidad ambiental es bastante mínima respecto a los requerimientos o las exigencias para ejecutar estas intervenciones”.
La dirigenta, además, anuncia que están pensando en nuevas acciones judiciales en tribunales nacionales e internacionales para detener la iniciativa.
Fuente: La Segunda
