Revista Nueva Minería

Es necesario que los actores de la minería, la ciencia y los ciudadanos en general, sepan qué pasó con el CIMM, dónde quedaron los cuantiosos recursos que se recaudaron con la venta de sus empresas filiales y los apetecidos terrenos donde se ubicaba. Hasta ahora sólo tenemos escasa información.

En la historia de Chile existen numerosos actos de felonía y de aprovechamiento de sectores de poder o individuos que han terminado utilizando instituciones tanto para satisfacer caprichos personales como para favorecer intereses grupales. En ese contexto, para los que hemos tenido la oportunidad de estudiar y conocer a fondo la génesis y desarrollo del prestigioso Centro de Investigación Minera y Metalúrgica (CIMM), cabe preguntarse qué pasó con el que alguna vez llegó a ser el mejor centro de investigación minero de América Latina.

El CIMM, a pesar de todas las dificultades debido a la falta de cofinanciamiento de parte del Estado al final de la dictadura militar, jamás logró, a posteriori, obtener el apoyo del Estado, su dueño. Continuó con algunos contratos con Codelco y otros menores con Enami. Los equipos se disgregaron por diferencia de criterios para seguir con la investigación tanto básica como aplicada a favor de la minería y la metalurgia. Se generaron conflictos en los que no estuvieron ausentes los actos de soberbia e individualismos que terminaron por dispersar a sus trabajadores e investigadores, llevándose valiosos equipos, conocimientos, información, archivos, sistemas informáticos y equipos humanos casi irreemplazables.

Fueron varios los intentos por retomar la actividad investigativa del Centro tras ese primer desmantelamiento, especialmente durante el período 2004-2010. El CIMM, en función de sus inherentes atributos legales creó empresas filiales como CIMM T&S, la que a su vez creó otras subsidiarias menores que le dieron lógica capacidad de entregar servicios oportunos y eficientes a toda la minería pública y privada, siendo la primera proveedora de esos servicios doblegando a quienes intentaban ocupar sus espacios en el mercado.

Esta constituyó una figura de suyo creativa e ingeniosa, hecho reconocido y comprobado en el mundo minero-económico. Para la competencia, CIMM T&S pasó a ser un ente molesto, no así para CIMM, su matriz, que siguió desarrollándose y re direccionando sus áreas investigativas con nuevos y modernos laboratorios químicos, de fitoremediación, y de sustentabilidad industrial, entre otros, en gran medida gracias a los aportes de capital que CIMM T&S le aseguraba a su matriz.

Pero vino el cambio de mano a partir de marzo de 2010. El entonces ministro de Minería, Laurence Golborne, nominó presidente del Consejo a un ex socio y colaborador de emprendimientos económicos: Felipe Montt, todo un experto probado en negocios inmobiliarios. Fue imposible hacerle entender al nuevo Consejo los objetivos del CIMM y la necesidad país de mantener dicha estructura siempre reformable, perfectible. Se dio cualquier excusa y explicación indebida para comenzar y desarrollar en tiempo récord la privatización de su empresa fundamental, CIMM T&S, y sus filiales con los más torpes fundamentos.

A todas luces el objetivo fue obvio: la venta del apetecido terreno de más de 32.000 metros cuadrados donde se ubicaban las principales instalaciones del CIMM, en avenida Parque Antonio Rabat 6500, comuna de Vitacura. Un terreno que fue valuado en alrededor de US$ 30 millones en estudios efectuados para analizar la factibilidad del traslado, entre los años 2005 y 2008.

El CIMM T&S fue vendido a su inquieta competidora SGS a través de un proceso que requerirá de una investigación exhaustiva por la institucionalidad competente que vela por los intereses públicos, debido a la poca transparencia que rodeó esa transacción.

Y respecto al terreno, el propio presidente del Consejo reconocía en una entrevista publicada por el diario El Mercurio el 4 de mayo de 2011, que se esperaba obtener a lo menos US$ 25 millones por la venta, un poco más bajo de lo estimado en la administración anterior.

Poco antes de la venta, el mismo periódico citado publicó el 16 de abril de 2011 un extenso artículo titulado “Vecinos de Vitacura denuncian deterioro del barrio por el asedio de inmobiliarias”, con nítidas gráficas que mostraban los cuadrantes apetecidos y en los que se puede observar el sitio de Av. Parque Antonio Rabat 6500, señalando de manera destacada que “las empresas ofrecen hasta 27 UF por metro cuadrado de los terrenos”. Si consideramos el valor de la UF en esos días, se puede concluir que el terreno no valía menos de US$ 43.3 millones.

¿En cuánto se vendió finalmente? US$12,9 millones pagó la conocida empresa Moller & Pérez Cotapos, según reportó el CIMM a la Superintendencia de Valores, de acuerdo a lo informado por el diario La Tercera, el 12 de septiembre de 2012.

Todo este proceso finaliza en 2013 con el cierre y demolición física del CIMM, precisamente en el año declarado por el saliente gobierno como el de la “innovación”.

Cabe recordar que, de acuerdo a los estatutos del propio CIMM, se establece que “extinguido el Centro, ya sea por acuerdo de Consejo o por acto de autoridad, se dará a los bienes el destino que determine el Presidente de la República”, el último responsable por lo que pudiera quedar de ese patrimonio público.

Es necesario que los actores de la minería, la ciencia y los ciudadanos en general, sepan dónde quedaron esos recursos, qué se hizo o qué se pretende hacer con ellos. Hasta ahora sólo tenemos escasa información respecto a los dineros recaudados, los laboratorios transferidos, y muy poco más de un valioso patrimonio del que hoy se desconoce su paradero.

Solo resta esperar que las nuevas autoridades hagan revisar los procesos que acabaron con tal precioso bien público para satisfacción de todos. Para aquellos que sienten su pérdida, que lo lamentan, o que lo lloran, pero que poco o nada hicieron para defenderlo.

Por Sergio Villegas S., Ex director Ejecutivo CIMM.