La minería seguirá provocando conflictos en Perú

13 diciembre, 2012
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13-12-2012 ObservadorGlobal.com – Noticias
Los conflictos sociales vinculados a la minería continuarán en la agenda política en 2013 y en los próximos años en Perú

Los conflictos mineros seguirán, a menos que el gobierno aplique reformas al abordarlos, según un informe presentado por organizaciones defensoras del medio ambiente.

“Los conflictos siguen latentes y en cualquier momento se pueden producir nuevos estallidos”, según el ‘Observatorio de Conflictos Mineros’, de las ONGs Fedepaz (Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz), CooperAcción (Acción Solidaria para el Desarrollo) y Grufides (Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo).

José de Echave, exviceministro del Medio Ambiente en la primera etapa del actual gobierno, subrayó, al presentar el informe, que hay una tendencia a la expansión y aumento de las concesiones mineras en diversas partes del país, a la vez advirtió que “es imposible no aceptar que se requieren cambios”.

El informe puntualiza que la estrategia del gobierno no ha variado y se basa en la “tesis del complot” con la cual el gobierno intenta explicar los conflictos que “responderían a las mismas causas y desarrollan idénticas estrategias antimineras y con el mismo modus operandi”.

“Tampoco se reconoce ninguna demanda o agenda legítima de parte de las poblaciones y sus organizaciones”, precisa el observatorio que destaca que hay una tendencia a criminalizar las protestas sociales.

De Echave explicó que el principal conflicto que vivió Perú este año fue el derivado del proyecto aurífero y cuprífero Conga, que intenta desarrollar la estadounidense Newmont en Cajamarca (norte), con una inversión de 4.800 millones de dólares.

El caso generó enfrentamientos que dejaron cinco muertos en julio entre la policía y pobladores opuestos a la ejecución del proyecto, al que acusan de querer destruir sus fuentes de agua.

Pablo Sánchez, de Grufides, dijo que “las aguas no se han calmado en Cajamarca” y pese a que el gobierno anunció en agosto la suspensión del proyecto, la minera sigue operando en la construcción de campamentos y en compra de maquinaria.

Sánchez denunció que las autoridades del gobierno consideran “zonas de sacrificio” aquellas áreas donde se busca “imponer a la fuerza proyectos mineros, sin respeto a los derechos de las comunidades y con ausencia absoluta de canales democráticos”.

De Echave anotó que hay que mirar con mucha atención regiones del sur peruano donde se proyecta desarrollar proyectos mineros donde podrían producirse conflictos.

En noviembre el subsecretario general de la ONU y director regional del PNUD, Heraldo Muñoz, de visita en Lima, dijo que “criminalizar las protestas es un grave error” y que ante los conflictos sociales “los gobiernos tienen que enfrentarlos con diálogo y negociación”.

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