Judicialización de proyectos mineros en tiempos de cambios
Santiago Orpis, Abogado asociado Rivadeneira Colombara Zegers, ex asesor del ministerio de Minería (2012 – 2014).
“Es necesario que las empresas establezcan una relación de confianza con las comunidades, a modo de evitar que las diferencias terminen resolviéndose en la justicia”.
En marzo, la ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente cumplió 20 años. En un contexto de incipiente desarrollo económico y una ciudadanía que recién tomaba conciencia de los problemas ambientales, el gobierno de la época creó una institucionalidad a partir de un órgano estatal que coordinaba los esfuerzos sectoriales; la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), y como expresión de ello, un sistema de ventanilla única para la tramitación de proyectos; el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Luego 20 de años las cosas han cambiado radicalmente; el país ha tenido un gran crecimiento económico y la ciudadanía ha comenzado a exigir sus derechos. En materia de legislación ambiental, a partir de las reformas a la ley, la Conama pasó a ser un ministerio, el SEIA pasó a ser administrado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), se crearon los Tribunales Ambientales, la Superintendencia del Medio Ambiente, y un complejo entramado de acciones y recursos judiciales.
Esta cantidad de cambios han producido una tensión importante entre los proyectos, las comunidades locales y la legislación vigente, lo que en algunos casos se ha traducido en judicialización de iniciativas. Así, de los proyectos mineros con estudios de impacto ambiental aprobados durante los últimos ocho años, cerca del 27% ha sido objeto de recursos de reclamación contra su RCA, y aproximadamente un 9% ha sido sancionado por el SEA.
Asimismo, según el informe de inversiones de Cochilco para el período 2014-2023, hay más de US$ 9.000 millones en inversión minera que, por procesos judiciales pendientes, no ha podido desarrollarse.
Por su parte, si bien hasta ahora los Tribunales Ambientales sólo acumulan 3 demandas por daño ambiental en contra de empresas mineras y 14 acciones de reclamación contra actos administrativos relacionados con la minería, es probable que en el futuro la cantidad de causas relacionadas con la minería aumente en estos tribunales, debido a que la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema, sugeriría que cuestiones respecto a procesos de evaluación de impacto ambiental, sean discutidos en estos Tribunales, y no a través de Recursos de Protección.
Estas cifras son preocupantes, ya que reflejan paralizaciones de proyectos, atrasos, multas y sanciones que han afectado el desarrollo de la minería, pero que son propias de un período de adaptación de la industria a tantos cambios.
Para lograr que estas cifras disminuyan se debe trabajar para mejorar la calidad de los Estudios y Declaraciones de Impacto Ambiental para que ellos reflejen de la forma más fidedigna la futura operación del proyecto y así evitar sanciones futuras. En segundo lugar, la autoridad, trabajando en conjunto con la industria, debe evaluar constantemente la normativa y perfeccionarla cuando ella no esté siendo bien aplicada.
Finalmente, es necesario que las empresas establezcan una relación de confianza con las comunidades, a modo de evitar que las diferencias terminen resolviéndose en la justicia. En este ámbito, el gobierno no puede ser un observador pasivo, debe crear normas que fomenten un encuentro entre ambos actores, entendiendo que una relación armónica no sólo es beneficiosa para ambas, es beneficiosa para Chile.
Por Santiago Orpis, Abogado asociado Rivadeneira Colombara Zegers, ex asesor del ministerio de Minería (2012 – 2014).
