Revista Nueva Minería

2018 era el año previsto para que la industria minera tuviera una reactivación que devolviera el optimismo. Diversos factores han incidido para que esas proyecciones no se cumplieran del todo. En este escenario, el gobierno ha ideado un plan pro-inversión que promete dinamizar la economía. Con las primeras medidas en marcha, ¿se cumplirá el objetivo?

Por Camila Morales
Revista Nueva Minería yEnergía
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Como un “shock de inversiones”. Así denominó en 2017 el entonces candidato a la presidencia, Sebastián Piñera, las medidas económicas que formarían parte de su eventual gobierno para agilizar proyectos de montos significativos que se encontraban, según su propia definición, “entrampados” en su tramitación.

Prometiendo, “destrabar todos los obstáculos burocráticos o de negligencia que tienen paralizada la inversión en Chile”, el equipo económico del comando de Piñera generaba expectación por la manera en que se concretarían estas palabras, si el candidato de Chile Vamos llegaba a La Moneda.

Tras su triunfo en las urnas y el inicio de su segundo mandato, las medidas que había prometido para agilizar las inversiones comenzaron a tomar forma en mayo pasado, cuando anunció la creación de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), iniciativa ancla del nuevo gobierno en materia económica.

¿El objetivo? “Hacer más eficiente el proceso de autorización y aprobación de los proyectos de inversión y entregar mayor certeza jurídica a los inversionistas”, explica Juan José Obach, gerente de inversiones del gobierno.

El ingeniero comercial designado para liderar este proceso detalla que el Ejecutivo está abocado en dos tareas principales. En primer lugar, “presentar los proyectos de inversión a las instituciones del Estado y apoyar a los titulares durante todo el proceso de tramitación, y, en segundo lugar, hacer recomendaciones de política pública que apunten a fortalecer las capacidades de los servicios públicos que evalúan estas iniciativas”.

Si bien la creación de esta oficina fue aplaudida por la industria y el empresariado, generó ciertas dudas en otros sectores, como algunas organizaciones ambientalistas, en relación a la forma en que operará GPS, y los criterios que se emplearán para cumplir con los objetivos mencionados.

El catastro de GPS

La Oficina GPS -que depende del Ministerio de Economía- maneja un catastro de 212 proyectos de inversión, los cuales, si se llegaran a materializar en los próximos 4 años, implicarían una inversión estimada de US$ 62.000 millones durante el período, generando unos 250.000 empleos, según cálculos del propio gobierno.

Si bien los sectores de infraestructura y energía tienen más proyectos en el catastro (57 y 52 respectivamente), la minería es el sector que lidera el listado, si se toma en cuenta el monto de las inversiones, con proyectos que suman US$ 47.085 millones. De ese total, si se considera sólo el monto a invertir en los próximos cuatro años, la cifra llega a US$ 28.573 millones, correspondiente a 47 proyectos.

Más atrás se ubican los proyectos de infraestructura (US$ 13.356 de inversión durante los próximos cuatro años); energía (US$ 11.191 millones); Inmobiliario (US$ 5.460 millones), e Industria (US$ 3.593 millones).

¿Se justifica?

El gobierno impulsó la creación de esta oficina para “reactivar la inversión del país” y “reducir la burocracia excesiva”, según han explicado sus propias autoridades en diversas ocasiones. Para Ezio Costa, abogado y director ejecutivo de la ONG y estudio ambiental Fima, “efectivamente puede haber demoras injustificadas por parte de organismos del Estado y eso debe corregirse, pero debiera ser de una forma más selectiva, precisa y pulcra”.

En la opinión de Costa, los problemas que tengan los procedimientos administrativos deben verse desde los propios procedimientos, no desde los grandes proyectos de inversión. “Se produce una distorsión en ello. La visión parcial del gobierno sobre el tema de los permisos es lamentable”, asegura.

Pero hay quienes creen que este nuevo mecanismo pro-inversión va por buen camino. Miguel Ángel Durán, académico de la Escuela de Minería y Recursos Naturales de la Universidad Central, enfatiza que la actual tramitación de los permisos “es extremadamente lenta y burocrática, si se compara con países como Canadá o Australia, directos competidores de algunas de las inversiones mineras”.

En la visión del académico, esta realidad permite confiar que la creación del GPS, “que coordina con los distintos servicios públicos encargados de emitir permisos, de manera de asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos en nuestra normativa; sea una medida adecuada para lograr dicho objetivo”.

Otro aspecto a considerar en el desarrollo de esta oficina es la que plantea Eduardo Valente, socio líder para la Industria de Energía y Minería de la consultora EY. Para el experto, “es importante tener en cuenta que la implementación de nuevos procesos requiere la implementación de una nueva herramienta, lo que genera una curva de aprendizaje a todos los involucrados”.

Este proceso de cambio es una arista relevante al momento de proyectar el propósito de la entidad creada por el Ministerio de Economía. “La adaptación al cambio constituye un proceso de aprendizaje, donde lo fundamental es transmitir que los cambios son necesarios para crecer en conjunto, y que sólo por medio de la renovación se puede garantizar la mejora continua”, asegura el representante de la consultora EY.

El debate por la selección

Otro tema a analizar de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables es la manera en que se seleccionan los proyectos que forman parte de este catastro. ¿Es pertinente aquello y bajo qué criterios? Juan José Obach aclara que “no se está seleccionando o priorizando ningún proyecto por sobre otro. Cualquier inversionista puede acercarse al ministerio y pedir el apoyo de la Oficina GPS con respecto a su proyecto”.

De los 212 proyectos que figuran en el catastro de la Oficina GPS, 47 pertenecen al sector minero, las que podrían significar inversiones por US$ 28.573 millones durante los próximos cuatro años. En la foto, avances del proyecto Chuquicamata Subterránea.

Pese a que los inversionistas tienen la posibilidad de pedir asesoría, para el director Ejecutivo de Fima, es complejo que “no haya criterios fijados por ley” para hacer una selección de proyectos. Este tipo de decisiones arbitrarias y sus consecuencias son parte de las cosas que el Estado de Derecho intenta eliminar mediante la creación de normas y procedimientos”, afirma.

A la fecha, la Oficina GPS concentra proyectos mineros en manos de Teck, BHP, Codelco, Antofagasta Minerals y KGHM, entre otras. De acuerdo a una publicación del diario La Tercera, en primera instancia, el Ministerio de Economía definió algunas iniciativas prioritarias bajo el criterio del monto de inversión y el impacto en generación de empleo.

En la opinión de Miguel Ángel Durán, el criterio empleado por el Ejecutivo es apropiado. “Lo que se busca es aumentar la cantidad monetaria de la inversión, y con ello el empleo asociado. Es por eso que resulta natural usar los limitados recursos existentes, en los proyectos de mayor escala”, precisa el académico de la Universidad Central.

El argumento relacionado a los recursos es otra de las razones por la que desde EY consideran apropiada la selección de iniciativas. Para Eduardo Valente, “la priorización de proyectos es fundamental para tomar una adecuada y fundamentada decisión sobre las alternativas de mayor beneficio para la sociedad. Ayuda a discriminar entre los proyectos que componen una determinada cartera, y poder asignar de manera más adecuada y eficiente los recursos disponibles”.

Lobby y transparencia

Otra de las dudas, luego de la puesta en marcha de la Oficina GPS, es la posibilidad de que aumente el lobby de las empresas para que sus proyectos salgan adelante. Frente a este cuestionamiento, el gerente de inversiones del gobierno recalca la transparencia a la que se apegará el nuevo mecanismo.

“Una gestión exitosa por parte de la Oficina sería disminuir el número de audiencias que piden las empresas, ya que, con nuestra labor, los inversionistas podrán tocar sólo una puerta (la nuestra) y no 10, como lo hacen ahora. Además, desde marzo de 2014 Chile cuenta con una ley de lobby donde todas las reuniones de privados con autoridades deben quedar registradas en una plataforma digital. La Oficina GPS no es la excepción”, asegura Juan José Obach.

En esta misma línea, Miguel Ángel Durán confía en que el rol de la Oficina, además de “agilizar el proceso de autorización de grandes proyectos de inversión”, será el de “transparentar los procesos de entrega de permisos”. Esto permitirá, asegura, que “el lobby de las empresas, aun cuando es legal, se mantenga bajo el escrutinio de la opinión pública”.

Para Eduardo Valente, otro punto a considerar, además de la transparencia de los procesos, es contar con capital humano especializado. Considerando que, según datos de GPS, la proyección de inversión de proyectos al 2021 está mayormente relacionada a minería, infraestructura y energía, “es importante contar con profesionales preparados en gestión de proyectos, y que, a su vez, vinculen su conocimiento técnico con su experiencia profesional”, dice el consultor de EY.

Respecto a otras medidas a las que podría optar el gobierno para dinamizar la economía, Ezio Costa señala que “en lo que se refiere al SEIA, hay que ver dónde están las mayores demoras, y eso es en la presentación de Adendas”. A su parecer, mejorar aquello requeriría de un sistema en que las consultoras que hacen evaluación sigan siendo financiadas por los titulares, pero sean seleccionadas públicamente. “Eso crearía una cultura diferente de evaluación, probablemente con buenos resultados en términos de tiempos y de protección ambiental”, explica el abogado y director ejecutivo de Fima.

Para el representante de este estudio jurídico ambiental, sería pertinente que el Estado trabajara en estos puntos antes de la creación de la Oficina GPS, pues, a su parecer, este nuevo mecanismo “olvida la función del Estado al otorgar permisos, dado el sesgo que existe sobre los mismos”.

“No hay ninguna provisión para asegurar la sustentabilidad de los proyectos que la oficina promueve, sino más bien se preocupa de promover, dentro del Estado, proyectos de gran envergadura”, agrega Costa.

Pese a los cuestionamientos relacionados a la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, lo cierto es que esta iniciativa ya está en marcha. Solo queda esperar sus primeros resultados para evaluar su eficiencia, en tiempos en que la llamada “guerra comercial” entre Estados Unidos y China, y otros factores de índole internacional y nacional, podría afectar a la economía chilena y a sus inversiones más importantes.