Revista Nueva Minería

Ayer se reunieron en la Sofofa representantes de cementeras, fabricantes de vidrio y siderúrgicas. El argumento central es que el nuevo gravamen les quita competitividad, productividad y capacidad de innovación.

Por cerca de 45 minutos estuvieron reunidos ayer en la sede de la Sofofa, representantes de las industrias cementeras, fabricantes de vidrio y metalúrgicas para analizar y coordinar una postura común frente al impuesto a las emisiones, dentro del contexto de reforma tributaria.

Esto porque tras el protocolo de acuerdo logrado el martes 8 de julio, entre distintos sectores políticos en el Congreso, se amplió la aplicación de este gravamen desde las eléctricas a otros sectores. El proyecto considera un impuesto a los vehículos diesel, un gravamen a las emisiones de CO2 de 
US$ 5 la tonelada -según establecía el proyecto original-, así como a contaminantes locales (dióxido de azufre, SO2; nitrógeno, NOx; y material particulado) a fuentes fijas con potencia térmica igual o superior a 50 MW. En el documento se excluye la generación con biomasa.

Tras el encuentro de ayer, el presidente de Sofofa, Hermann von Mühlenbrock, explicó que este impuesto afecta a estas industrias porque les quita productividad, capacidad de innovación y de crecimiento. Esto, porque no sólo tendrán que asumir este nuevo gravamen, sino que también enfrentan otras situaciones desventajosas, como que el alto costo de la energía, que aumentaría más por el traspaso del impuesto a tarifas. Finalmente plantean la competencia con empresas extranjeras que no tienen estos tributos específicos.

Es decir, explica el dirigente, se está gravando la producción nacional que es de alto estándar, con lo que podría aumentar la importación de bienes transables.

Para intentar mejorar la situación, el jueves mantendrán una reunión con el Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, para plantearle los reparos que tienen como gremio e intentar buscar una salida que elimine los efectos de estas medidas.

Consultado sobre la posibilidad que hay para introducir cambios al proyecto, el líder de los industriales señaló que el gobierno ha dado muestras de que es razonable en este tipo de temas, por lo que considera que es posible hacer mejoras.

Metalurgia en norma


Respecto a los efectos que podría tener el nuevo impuesto, el presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos y Metalmecánicos (Asimet), Gastón Lewin, explica que en la industria no existe absoluta claridad de cómo se aplicará el impuesto y que esto puede representar una nueva traba a su desarrollo. En ese sentido, dijo esperar que el impuesto sea claro y tenga una aplicación gradual.

Además explicó que están reuniendo antecedentes para presentar ante las autoridades económicas para mejorar la propuesta. Esto, considerando que la industria ha hecho esfuerzos para mejorar su tecnología ambiental e invertir para cumplir con las normas.

En las cementeras explican que a nivel nacional están entre las industrias que menos emiten CO2 en el mundo, y que el gravamen aumentaría la importación -que hoy está en el orden de 40%- en desmedro de la elaboración local.

Por lo tanto -agregan en una cementera- un buen impuesto verde debería asegurar la equidad ambiental y no gravar una industria que tiene una de las mejores huellas de carbono a nivel mundial.

Los productos transables -como el cemento- tienen la desventaja que no pueden traspasar el aumento del costo a su estructura de precios, ya que se le generaría una ventaja a los competidores extranjeros.

Esta mirada es transversal, porque el gravamen afectará independiente si la empresa da o no utilidades.

Magnitud


Ya están comenzando a circular las primeras estimaciones de cuánto podría recaudar este impuesto. En la versión original se estimaba que sumaría del orden de US$ 150 millones entre empresas generadoras de energía. Ahora que hay nuevas fuentes afectadas, algunos hablan de que para las cementeras, cristalerías y metalúrgicas podría implicar del orden de US$ 40 millones.

En la industria está la mirada de que es un aporte menor al Estado, que no genera mayor impacto a nivel global, pero que si se concreta tiene un efecto importante en las empresas que deben pagarlo, restando competitividad.

En la industria de generadoras de energía, en base a una proyección de emisiones CO2 que realizaron en 2013, estimaron que este impuesto puede recaudar del orden de 
US$ 358 millones en 2018. Esto se compondría de US$ 203 millones por parte las empresas de energía y US$ 155 millones entre industria minera, del acero, cemento y gas. Este monto total sería cerca de un 4% del total que pretende recaudar la reforma tributaria del gobierno.

Fuente: Diario Financiero