Impuestos ambientales: ¿Mejora del medio ambiente?

“La ley N° 20.780 introdujo el pago de impuestos a las emisiones locales y de carbono provenientes principalmente de las centrales termoeléctricas. Su aplicación comenzó en 2017, sin embargo, no ha implicado una mejora sustancial en la calidad del medio ambiente”.

Por Cristián Muñoz,
Académico PUC y fundador de BdE
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El artículo 8 de la Ley N°20.780 de 2014 dispuso que las emisiones de material particulado, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, y dióxido de carbono (CO2) provenientes del uso de combustibles fósiles en fuentes fijas con una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt, las que en su mayoría corresponden a centrales termoeléctricas, deben pagar el denominado impuesto verde. Los tres primeros gases contaminan el aire y afectan la salud de las personas, mientras que el CO2 tiene efectos de largo plazo en el clima del planeta.

Para los contaminantes locales, la ley establece las fórmulas que permiten calcular los gravámenes en forma de dólares por cada tonelada emitida. En tanto, las emisiones de carbono fueron gravadas con un valor explícito de US$ 5 por cada tonelada emitida de CO2.

Según la ley, el Coordinador de la Operación del Sistema Interconectado debe planificar la operación de las centrales sin considerar los gravámenes ambientales. Si bien, esta disposición reduce la magnitud del costo marginal de la energía, su aplicación acarrea algunos problemas. Por un lado, al no incluirse el costo de las externalidades ambientales, la operación del sistema es sub-óptima. Por otro, las centrales termoeléctricas más caras en operación no recuperan todos sus costos operacionales, necesitándose de compensaciones en la forma de un side-payment. En esta compensación participan todas las empresas eléctricas a prorrata de los retiros de energía que efectúan.

Una consecuencia insólita de la norma es que algunas centrales de energía renovable asumen parte de los cargos asociados a las emisiones de las termoeléctricas. La Comisión Nacional de Energía intentó corregir en parte esta problemática con la Resolución Exenta (RE) N°659 de diciembre de 2017, la cual define que la compensación se realice en función de comparar, en la forma de promedios anuales, el costo variable de las centrales termoeléctricas, incluyendo los gravámenes ambientales, con el costo marginal de corto plazo del sistema.

Posteriormente, la RE N°52 de enero de 2018 incluyó algunas precisiones relacionadas con la operación a mínimo técnico de las centrales termoeléctricas. Al realizar comparaciones anuales y no horarias, estas resoluciones permiten reducir la magnitud de las compensaciones del resto de las centrales del sistema.

En definitiva, no hay mayor evidencia de que los impuestos ambientales hayan generado alguna sustitución tecnológica que mejore significativamente el medio ambiente. Sin embargo, su aplicación ha sido fuente de disputas arbitrales entre clientes y generadores y un traspaso de recursos desde el sector privado hacia el Estado, el cual, sólo para fuentes fijas, se estima en unos US$ 190 millones para 2017, en donde el CO2 representaría más del 80%.

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