Hugh Rudnick: A un año de la Agenda de Energía, ¿qué falta?
“La Agenda, más allá de sus logros concretos a la fecha, enfrenta desafíos en la dimensión social, buscando lograr que el proceso de participación se legitime y permita el desarrollo de la infraestructura”.
Por Hugh Rudnick, Académico Pontificia Universidad Católica de Chile
Celebramos un año de la Agenda de Energía, que busca que el país acceda a energía confiable, sustentable, inclusiva y a precios razonables. Además de lograr una matriz energética diversificada, busca que esta matriz goce de legitimidad social y sentido de urgencia.
Celebramos la agenda, no sólo por sus diagnósticos, sino por la formulación de un agresivo plan de acción para superar las restricciones, con ambiciosas y concretas metas, y con un proceso proactivo de consulta y participación de ciudadanos, comunidades, e instituciones públicas y privadas.
La Agenda, más allá de sus logros concretos a la fecha (reducción de costos marginales y precios de licitaciones eléctricas, avances en energías renovables, definición de un nuevo rol proactivo del Estado, proceso transversal de definición de política energética, identificación de potencial hidroeléctrico sustentable, etc), enfrenta desafíos en la dimensión social, buscando lograr que el proceso de participación se legitime y permita el desarrollo de la infraestructura.
Es justamente en esa dimensión que los avances se han ralentizado. La ambiciosa meta de formular una ley de asociatividad a fines del 2014 no pudo cumplirse. La ley busca hacer socias del desarrollo a las comunidades cercanas a proyectos de generación eléctrica, basándose en tres instrumentos: pago de patentes locales por parte de los generadores, reducción de tarifas eléctricas en comunidades cercanas, y creación de un marco institucional que permita compartir beneficios de esos proyectos con las comunidades.
El objetivo de hacer socias a las comunidades con objetivos nacionales se enfrenta al interior del gobierno con visiones particulares de ordenamiento territorial.
Esas visiones pretenden asignar total autonomía energética a las regiones, argumentando que cada región es dueña de sus recursos. Cuestionan visiones del beneficio nacional del desarrollo de infraestructura energética. Esto puede frenar la concreción de sistemas de transporte energético a lo largo del territorio, que aspiren a facilitar la competencia y un adecuado uso de los recursos energéticos disponibles.
Más allá de superar las dificultades con la asociatividad, es necesario avanzar también en otras dos medidas de la Agenda: apoyar el desarrollo de proyectos de generación de base termoeléctricos que den energía segura y económica al país cumpliendo con los estándares medioambientales (requisito central para lograr precios competitivos).
Y también generar un mayor compromiso del sector energía por el resguardo ambiental y social en las zonas de construcción y operación de los proyectos energéticos, así como en lo que respecta a su implicancia a nivel global (requisito central para lograr la legitimidad social).
Fuente: NME
