Familiares de mineros fallecidos en Aysén demandarán al Sernageomin
El abogado Francisco Paredes indicó que el recurso persigue sanciones por falta de servicio y negligencia grave, mientras que el ministro de Minería confirmó que fiscalizadores del Servicio no notaron las falencias en las faenas del yacimiento.
Los familiares de Enrique Ojeda y Jorge Martínez demandarán al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) por su responsabilidad en el accidente del yacimiento Delia II que le costó la vida a ambos mineros en junio del 2017.
Cabe recordar que en diciembre del año pasado llegaron a un acuerdo reparatorio con la empresa Cerro Bayo de 600 millones de pesos, cifra que se distribuyó entre las partes afectadas.
La raíz del recurso que presentarán en esta ocasión es la falta de fiscalización de parte del Servicio a la mina, cuyo permiso de operación había vencido en 2015 -dos años antes del fatal accidente-, y además había extendido el espacio de sus faenas 3,8 hectáreas más hasta colindar con Laguna Verde, lo que causó el colapso del techo que cayó sobre los fallecidos.
El abogado Francisco Paredes indicó a La Tercera que la acción legal, que será interpuesta en las próximas semanas, persigue sanciones por falta de servicio y negligencia grave, y aseguró que “este pudo ser el accidente más grande en la historia de la minería chilena”.
“Murieron dos personas porque fue a las 2 de la madrugada, pero si pasa unas horas antes habría sido una tragedia gigantesca. La peor. Y nada de eso lo hubiera evitado el Sernageomin, al que ahora demandamos más que nada porque hay peligro evidente en otras faenas por su forma de operar”, precisó.
Según un oficio firmado por el ministro de Minería, Baldo Prokurica, en respuesta a un requerimiento del diputado Fidel Espinoza (PS) sobre la falta de inspección del yacimiento previo al accidente, “entre 2011 y 2017 se realizaron 23 fiscalizaciones”.
Dicho documento eventualmente reconoce que el personal del Sernageomin no notó que la mina continuó funcionando y extendió la zona de extracción sin permisos. Además, afirma que Cerro Bayo sobreexplotó el sector, ya que contaba con la autorización para sacar un máximo de 441 mil toneladas y extrajo un total de 774.072.
Asimismo, el oficio añadió que las faenas no se cerraron porque los fiscalizadores no constataron “este incumplimiento”.
Ex sindicalista cuestionó fiscalizaciones estatales
El ex presidente del sindicato de trabajadores de la Mina Cerro Bayo, Gustavo Veroíza, afirmó que el número de inspecciones está por debajo de la cifra de Prokurica, y el personal de Sernageomin tenía un trato impropio de una fiscalización independiente con la empresa.
“Los fiscalizadores venían desde Concepción y siempre le advertían con mucha anticipación su llegada a la empresa. De hecho, ellos los iban a buscar y terminaban alojados en el hotel de la empresa en Chile Chico. Con suerte bajaban unos metros al yacimiento y siempre por lugares que la empresa sabía que se revisarían”, explicó.
Sin embargo, Sernageomin aseguró a través de un comunicado haber determinado en una investigación que Cerro Bayo “ejecutó trabajos fuera de los límites del polígono aprobados por el Servicio, lo que se sumó a la falta de un proyecto de ingeniería para explotar otras áreas y que también debieron ser autorizados”.
A esto añaden que la empresa no les informó de desprendimientos de dique ocurridos al construirse las basales superiores, ni realizó un análisis interno de ellos, limitándose a fortificar las galerías, antecedentes que en su conjunto “incidieron la probabilidad para que finalmente ocurriera el accidente”.
En lo que respecta a la demanda de las familias, el Sernageomin dijo no estar al tanto de ella, y si es notificado “analizaremos las antecedentes pertinentes para responder conforme al caso”.
“Actualmente existe un sumario administrativo que tiene por finalidad determinar, si fuera el caso, las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios. Por lo anterior, las personas involucradas continúan cumpliendo sus labores dado que no existe todavía cierre del proceso administrativo”, añadió.
Fuente: Cooperativa
