Revista Nueva Minería

(Ilustración: Fabián Rivas)

El mundo cambió y con ello también la manera en que se implementan proyectos de inversión de alto impacto. Buscando priorizar la inclusión social y la sustentabilidad ambiental, nuevos actores surgen para promover de manera más efectiva el diálogo entre empresas y comunidades.

Por Camila Morales
Revista Nueva Minería y Energía
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El bajo ciclo minero ya parece estar quedando definitivamente atrás. Así lo confirman las favorables proyecciones de precio y la celebrada reactivación de proyectos mineros en Chile, que según datos de Cochilco, suma unos US$ 64.856 para la próxima década.

Con esta recuperación, gremios empresariales han pronosticado que la industria minera liderará el crecimiento en el país durante 2018, situación que desde el sector público y privado aplauden. Sin embargo, para el óptimo desarrollo de estos proyectos, es necesario llegar a acuerdos que no siempre son fáciles de lograr.

De hecho, un reciente estudio del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (Cnid), organismo que identifica las principales trabas para el desarrollo del país, concluyó que al 2017 Chile es el quinto país del mundo con más conflictos ambientales por número de habitantes, donde la mayoría de los problemas están vinculados al agua.

Frente a este panorama social, se están elaborando nuevas estrategias que permitan reactivar la economía de la mano de proyectos de inversión minera, pero que aseguren el bienestar y desarrollo de los territorios donde se insertan por medio de beneficios compartidos.

En este contexto nacen nuevos actores certificados que buscarán garantizar un mejor proceso de diálogo entre empresas y comunidades. Se trata de los mediadores y facilitadores, profesionales que deberán contar con competencias y habilidades específicas para desempeñar su rol en términos imparciales, transparentes y de acuerdo a las mejores prácticas internacionales.

Facilitando el diálogo

En los últimos seis años, más de 80 proyectos han sido detenidos por conflictos sociales. Este antecedente ha impulsado a generar un cambio de mirada respecto a estos conflictos, y también, respecto a los proyectos en sí, para que sean considerados como sinónimo de crecimiento inclusivo y sostenible. Es aquí cuando los mediadores y facilitadores entran en juego.

Estos nuevos actores, que buscan tener un rol en las etapas previas al desarrollo de proyectos, forman parte del programa de Institucionalidad de Diálogo Territorial (IDT) de Alianza Valor Minero, que pretende convertirse en una política pública colaborativa para prevenir la judicialización y garantizar un mejor proceso de diálogo entre los actores.

Pero, ¿cuál es la función de estos profesionales? A grandes rasgos, los mediadores serán un tercer componente imparcial involucrado en el proceso para asistir a las partes en la resolución de controversias.

En tanto, los facilitadores se definen como aquella tercera parte imparcial involucrada en todo momento. Es decir, su rol se relaciona con establecer las bases mínimas para llevar adelante procesos de diálogo.

Tanto mediadores como facilitadores “deberán ser personas idóneas que cuenten con el conocimiento, las habilidades y aptitudes requeridas”, explica María Olga Vallejos, coordinadora del proyecto. Es decir, la idea es que sean profesionales imparciales “que den un trato igualitario, que ejerzan liderazgo, que sepan tratar las asimetrías de poder y que tengan conocimientos en metodologías para la gestión del diálogo, entre otros puntos”, agrega Vallejos.

El proceso de certificación de facilitadores y mediadores es abierto y voluntario para los actores que deseen certificarse. (Foto: Valor Minero)

En términos formales, existirá un sistema de certificación de acuerdo a estándares de experiencia (40%), de formación (20%) y competencia (40%) para los profesionales que deseen participar en procesos de diálogo. Los resultados de este procedimiento dividirá a los profesionales seleccionados en tres categorías: senior, intermedio y junior, y su recertificación se realizará cada 4 años.

Para María Olga Vallejos, el mecanismo de certificación propuesto obedece a un “sistema original en la medida del trabajo específico en materia de actores vinculados al diálogo asociado a proyectos de inversión. Además, el sistema corresponde a un diseño preliminar que pretende garantizar la idoneidad de los actores involucrados en los procesos de diálogo”.

Diversas miradas

Hasta la fecha, en Chile no se han establecido estándares para los perfiles de facilitadores y mediadores para la resolución de controversias y conflictos entre empresas, comunidades y Estado. Es por eso que la futura creación de estos roles y su correspondiente certificación, abre interrogantes.

De acuerdo a la experiencia de Bernardo Flores, presidente de la Junta de Vecinos de El Romeral, “es fundamental que el facilitador o mediador de diálogo sea una persona que maneje los conocimientos adecuados. Pero tan importante como los conocimientos es que tenga una relación directa con las comunidades, con la gente”.

Actualmente, las propias comunidades se han transformado en sus propias voceras para dar a conocer las implicancias de un proyecto de gran envergadura en sus cercanías. Sin embargo, se ha demostrado que no siempre sus reclamaciones son legitimadas en los procesos de participación con la contraparte.

Es por eso que la inclusión de un mediador o facilitador significa un cambio de paradigma interesante. Así lo considera el director de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, Juan Ladrón de Guevara, al señalar que “en estos profesionales recaerá la legitimidad y la credibilidad del proceso de diálogo. Por eso sería pertinente contar con actores de liderazgo en las localidades, que tengan experiencia comunitaria”.

¿Y cuál es la visión desde el sector privado? Juan Pablo Schaeffer, gerente de la División de Desarrollo Sustentable de Colbún, asegura que las empresas hoy están conscientes de la necesidad de generar valor en el territorio en el que se insertan, con el fin de llegar a acuerdos por medio de consensos.

“Sumado al rol activo que ahora tienen las compañías, este nuevo mecanismo ayudará a dar la viabilidad de los proyectos. Por eso es importante que la experiencia de estos profesionales no sólo tenga méritos a nivel cuantitativo, sino que también se consideren sus experiencias cualitativas de los procesos en que han participado”, manifestó Schaeffer, en el marco de un panel de discusión organizado por Valor Minero y el Centro de Políticas Publicas UC respecto al diseño del sistema de certificación.

El “cambio cultural” es otro factor que resulta fundamental en este proceso, según Macarena Letelier, directora del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago.

Para Letelier, el cambio cultural debe ser “enorme” para que se generen lazos de confianza entre todos los implicados, con el fin de que la búsqueda de acuerdos entre las partes en escenarios no judiciales tenga un éxito efectivo. “Esa es una tarea pendiente”, reconoce.

Sin embargo, más allá de las buenas intenciones, habrá que esperar si la inserción de estos profesionales y su correspondiente certificación logran tener los resultados esperados. La idea es presentar a mediados de este año los avances de la propuesta al nuevo gobierno, con el fin de comenzar a dar los primeros pasos de un proceso que sólo tiene precedentes en España y Australia.