Expectativas sobre la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables

“La duda es si esta unidad efectivamente vendría a apoyar la modernización del sistema, o si su existencia podría agregar ruido a los organismos que ya funcionan de la mejor manera posible”.

Por Diego Olea, Senior Manager de Proyectos de Capital en Deloitte
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La creación de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), a primera vista, es una iniciativa que va en el camino correcto, pues todos los actores del mercado reconocen la necesidad de introducir mejoras al actual marco regulatorio, para así resolver con efectividad la cadena de permisos atingentes a los proyectos de inversión y destrabar las inversiones. Sin embargo, hay varias aristas que son necesarias de aclarar con el fin de comprender la operatividad de esta iniciativa.

Frente a ello, la pregunta clave sería: ¿cómo va a coexistir la GPS junto al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)? Si nos detenemos en este punto, es relevante entender las atribuciones que tendrá la GPS, frente a los organismos del Estado que deben participar en el proceso de calificación ambiental, y qué autoridad o influencia tendrá sobre ellos para agilizar la tramitación de los permisos y resoluciones.

Es necesario entender cómo se podrá acceder a ella y cómo se escogerán los proyectos que esta oficina ayudará. En el fondo, la duda es si esta unidad efectivamente vendría a apoyar la modernización del sistema, o si su existencia podría agregar ruido a los organismos que ya funcionan de la mejor manera posible.

El compromiso de agilización de procesos y modernización del Estado es una tarea que aplaudimos, y que consideramos necesaria al momento de cumplir con la gran escala de permisos, por lo que, nuestro deseo es que esta oficina genere un efecto positivo en la ejecución de los proyectos que flotan a la espera de su resolución ambiental, y posteriores nuevas revisiones en los organismos públicos, comunidades y otras partes involucradas.

Creemos conveniente que este nuevo organismo, no solo ayude en la agilización, sino que además ayude a establecer plazos y procedimientos de revisión que se incorporen a la gestión de los organismos involucrados, tales como estandarización de las pautas de evaluación, criterios técnicos, acuerdos en factores sociales, cuestiones públicas e inclusive privadas. Este ítem es clave en la ansiada modernización del sistema, por lo que esperamos una definición en las atribuciones políticas, para que los temas de conflicto puedan resolverse dentro del funcionamiento del sistema y no terminen en la Justicia.

También es necesario reconocer que los proyectos deberían tener una perspectiva ambiental completa, considerando la licencia social para operar. En este contexto, la oficina podría incidir en la aprobación de los proyectos, rescatando los beneficios para las comunidades, los usuarios, además de su aporte al crecimiento del país.

En conclusión, reconocemos en esta iniciativa una oportunidad de mejorar el sistema, y esperamos que en su implementación no existan ruidos con la institucionalidad actual, para que finalmente se resuelvan los problemas de fondo.

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