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Estados Unidos sanciona a minera estatal venezolana

20 marzo, 2019
donald-trump

Washington acusó a Minerven de llevar a cabo extracciones masivas de oro para beneficio del núcleo del régimen chavista.

Estados Unidos cargó ayer nuevamente contra el gobierno venezolano y sus activos al sancionar a la minera aurífera estatal Minerven y su presidente, Adrián Perdomo, a los que Washington acusa de llevar a cabo operaciones ilícitas para ayudar económicamente al gobierno de Nicolás Maduro.

“El (departamento del) Tesoro está actuando contra el procesador de oro Minerven y su presidente por respaldar al núcleo del corrupto régimen de Maduro”, dijo en un comunicado el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin. “Perseguiremos de manera agresiva a los que estén implicados en el temerario e ilícito comercio de oro de Maduro, que está contribuyendo a esta crisis financiera, humanitaria y medioambiental”, agregó.

De acuerdo con Washington, Minerven -abreviación de Compañía General de Minería de Venezuela- está llevando a cabo una extracción indiscriminada de oro, comandada por Caracas, para beneficio de Maduro y su círculo cercano sin considerar el impacto medioambiental y sobre las comunidades afectadas. Además, el gobierno estadounidense acusa que el ejército cobra sobornos a organizaciones criminales para tener acceso a las operaciones de oro, en las que se utilizan elementos tóxicos, como el mercurio, para el proceso de explotación.

Por su parte, la oposición ha acusado a Maduro de vender las reservas de oro del país a Turquía y Emiratos Árabes Unidos sin la aprobación de la Asamblea Nacional, bajo control opositor. Incluso, el Presidente encargado, Juan Guaidó, ha intentado impedir las ventas de oro, asegurando que el gobierno usa los ingresos para intentar mantenerse en el poder.

Escenario falso

Además de las acusaciones por las extracciones ilícitas de oro, ayer grupos de militares detenidos por Caracas denunciaron a través de redes sociales que las autoridades del régimen “prepararon un escenario” en las cárceles en las que se encuentran recluidos, con el fin de dar una imagen positiva sobre las condiciones de los presos durante la visita a los centros penitenciarios que llevó a cabo la comisión de DD.HH. de la ONU enviada por Michelle Bachelet.

Por su parte, varias asociaciones médicas y el diputado opositor José Manuel Olivares, oncólogo y radioterapeuta, aseguraron que existe una represión de parte de agentes del gobierno en contra de médicos del país que intentaron alertar a los enviados de la ONU sobre la grave escasez de equipos y medicamentos. Según las denuncias, algunos doctores fueron detenidos en las últimas dos semanas y se desconocen sus paraderos.

Fuente: Economía y Negocios

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