Revista Nueva Minería

• Ley larga de distribución

La necesidad de un proyecto de “ley larga” para el segmento de la distribución eléctrica, es uno de los retos para el sector. Francisco Aguirre, socio de Electroconsultores, argumenta que el desafío se centra en “el cambio pendiente en la tarificación de distribución”. Además, destaca que “deberá enfrentar un ambiente muy adverso y enrarecido con los cambios inevitables que enfrenta el país y toda la conceptualidad primaria aplicada ya 40 años”.

Tras la aprobación de la “ley corta” en el área a inicios de diciembre, José Venegas, secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, destaca que la “ley larga”, “entre otros temas, considera la definición de servicios públicos de distribución, la competencia en beneficio de consumidores y la protección al usuario”.

En tanto, para Rodrigo Jiménez, gerente general de Systep, esta ley “debe proponer un nuevo modelo regulatorio de remuneración para la distribución, el que será clave para lograr los mecanismos de incentivos y de diseño que permitan aumentar la calidad de servicio, aumentar la presencia de nuevas tecnologías, y permitir la entrada de nuevos agentes”.

• Responder a las demandas sociales

Para parte de los encuestados, responder a las demandas de la ciudadanía en el actual contexto político y social, debe ser una prioridad. Carlos Finat, director ejecutivo de Acera, indica que los cambios no deben quedar “sólo en una solución momentánea de estabilización de precios, si no que la industria avance para reducir las tarifas para la ciudadanía. Ésta es también una oportunidad para los generadores ERNC para ampliar su presencia en la matriz”.

Una opinión similar es la de Claudio Seebach, presidente ejecutivo de Generadoras de Chile, al señalar que “se debe abordar con detalle los nuevos desafíos sociales que tendrá el desarrollo de la nueva infraestructura energética (…). En el nuevo contexto social, el diálogo, la colaboración y la participación cobran un rol aún más preponderante en la manera de hacer empresa”.

Javier Bustos, director de Estudios y Regulación de la Asociación de Empresas Eléctricas, indica que es importante “diseñar y poner en marcha una agenda de desarrollo energético inclusivo, con colaboración público-privada”. Por su parte, Aldo Palacios, presidente Ejecutivo de Sinergias, va más allá y propone “incorporar las variables de la Evaluación Ambiental Estratégica y la Planificación Territorial y Maritorial en los criterios de licitación de transmisión”.

• Impuestos verdes

Pese a que el ministerio de Medio Ambiente está a cargo del denominado impuesto verde, es el sector energético el que se beneficia mayoritariamente con su pago, debido que cerca del 40% de la generación eléctrica producida en Chile, aún es en base a energías contaminantes como el carbón.

Así lo indica Gary González, economista de Fundación Terram, quien agrega que “no se entiende que hasta el momento el gobierno no dé un trato especial a este tema y se abra a la posibilidad de aumentar el valor de este gravamen, dado que este instrumento podría ayudar a la descarbonización de forma local y desincentivar el uso de combustibles fósiles que el planeta tanto requiere”.

Por su parte, Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG Fima, señala que estos “impuestos son uno de los mecanismos de incentivo más importantes, y en este momento están siendo mal utilizados, con niveles muy bajos y con un todavía existente subsidio al diésel, que debiera ir siendo eliminado paulatinamente. Los impuestos verdes con niveles reales son esenciales, ya que parte del proceso de salida de los combustibles fósiles tiene que ver con normas de comando y control, pero también tiene que estar relacionado con mecanismos de incentivo”.