Revista Nueva Minería

El río Baker, donde se iba a desarrollar el polémico proyecto HidroAysén. (Foto: El Dínamo)

Varios han sido los casos en que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) ha estado en la mira por la aprobación de algún proyecto polémico de gran escala. Y si bien el gobierno creó una comisión asesora para perfeccionar el sistema, hasta ahora no hay mucha claridad sobre lo que se hará.

Revista Nueva Minería y Energía

Camila Morales
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El 28 de junio pasado, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Bío Bío aprobó por 10 votos a favor el proyecto GNL Penco Lirquén, también conocido como “Octopus”, generando controversia y un amplio debate en la zona donde se desarrollará.

Movilizados por las eventuales consecuencias ambientales que podría tener la instalación de un terminal marítimo de GNL en la bahía de Concepción y una central termoeléctrica en Bulnes, diversas organizaciones sociales y comunitarias de la zona mostraron su rechazo a la aprobación del proyecto gasífero de la empresa Bío Bío Genera, lo que dejó nuevamente en el centro de la polémica al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

No es primera vez que esta instancia de revisión ha sido cuestionada. Cerca del 68% (14.500) de las iniciativas que han ingresado a tramitación ambiental han sido aprobadas por el SEIA en casi dos décadas de funcionamiento, lo que ha abierto un debate por los criterios utilizados por el servicio para permitir o negar la puesta en marcha de proyectos. Es por ello que tras 19 años de funcionamiento, el SEIA se apronta a ser reformulado.

El año pasado, el gobierno decidió profundizar la discusión para modificar este mecanismo en línea con los cambios socioculturales y económicos de la sociedad. Esta inquietud dio origen a la Comisión Asesora Presidencial para la reforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, grupo de trabajo que incluyó representantes del mundo académico, consultoras ambientales, Organizaciones No Gubernamentales, participación del sector privado y representantes de los miembros del Comité de Ministros.

El sistema bajo la lupa

Para Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (Olca), “el principal problema del actual SEIA es que funciona en la lógica de aprobar proyectos presentados de manera individual, es decir, evaluación proyecto a proyecto. Con ello desconoce el componente integral del medioambiente tanto localmente como de manera global”.

Además, el representante de Olca asegura que el actual sistema no respeta los principios básicos de las políticas e institucionalidad ambiental, ni el principio preventivo de manera real, además de la falta de participación ciudadana efectiva.

“Si bien se declara que esta última arista es un principio central en el sistema de gestión ambiental, no es vinculante de ninguna manera, ni en ninguna parte del proceso de toma de decisiones para otorgar el permiso ambiental”, argumenta Lucio Cuenca.

El ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, entregando a la Presidenta Michelle Bachelet el Informe Final de la Comisión Asesora Presidencial para la reforma del SEIA en julio pasado. (Foto: Ministerio de Medio Ambiente)

¿Cómo afrontar este desafío? En la opinión de Paulina Riquelme, socia fundadora de EeLaw Medio Ambiente e integrante de la Comisión Asesora Presidencial para reformular el SEIA, el reto inicial de este mecanismo es procurar enfocar la evaluación hacia el estudio de impactos ambientales de un proyecto y acotar la discusión sobre la línea de base.

“A la fecha se pierde mucho tiempo y esfuerzo en discusiones sobre línea de base, que no se limitan a la primera ronda de consultas (Primer ICSARA), sino que se extienden innecesariamente, en desmedro de lo central de una evaluación ambiental, que es precisamente, analizar y ponderar los impactos ambientales concretos de un proyecto en su área de influencia”, precisa.

Proyectos a gran escala

De acuerdo a información publicada en el sitio web del SEIA, entre el año 2010 y 2016 fueron rechazados o revocados 256 iniciativas. De esa cifra, sólo 32 proyectos eran del ámbito minero, mientras que el rubro energético sumó 11 rechazos.

En contraste, en ese mismo período fueron aprobados 795 proyectos del sector minero y 626 del rubro energético, dando un total de 1.421 iniciativas, posicionando a la minería y la energía en el tercer y cuarto puesto, respectivamente, de los sectores productivos con mayor cantidad de proyectos visados.

La aprobación de este tipo de proyectos ha generado críticas de sectores ambientalistas y de comunidades que generalmente ven con desconfianza el trámite de evaluación de estas iniciativas.

Para el director de Olca, una verdadera reforma al sistema debiera establecer “un nivel de incidencia o aprobación de la comunidad aledaña involucrada de carácter obligatorio, como una condición para desarrollar proyectos con relevante impacto ambiental”.

Por su parte, el sector privado también ha expresado dudas por la forma en que opera el sistema, especialmente luego que el SEIA rechaza algún proyecto de gran escala.

Para solucionar este tipo de discrepancias, el informe final para perfeccionar el SEIA, entregado al gobierno en el mes de julio, propone la creación de un mecanismo de evaluación para proyectos considerados estratégicos, que incluye, por una parte, una fase temprana estratégica del proyecto en relación al análisis del entorno y los componentes ambientales eventualmente afectados, y por otro lado, una fase posterior que corresponde a la evaluación ambiental propiamente tal.

“El mecanismo de evaluación especial contiene propuestas macro planteadas a nivel conceptual que ahora deben trabajarse con mayor nivel de detalle. Me parece oportuno contar con un mecanismo de evaluación especial para un número reducido de proyectos de gran envergadura ambiental y de relevancia estratégica para el país. Lo anterior pues se trata de proyectos complejos, con impactos ambientales y socio ambientales que requieren de un procedimiento ad hoc”, señala Paulina Riquelme.

Otra visión es la que tiene Lucio Cuencia sobre esta medida. Para el director de Olca “esta idea puede sonar en abstracto bien (…). Lo dramático, que esto solo busca dar respuesta y facilidades a los mega proyectos a través de nuevos mecanismos, avalados por el Estado y su institucionalidad, de transacción económica con las comunidades afectadas”.

La aprobación de megaproyectos ha generado críticas de sectores ambientalistas y de comunidades que ven con desconfianza el trámite de evaluación de estas iniciativas. En la foto, una marcha realizada en Antofagasta. (Foto: eldinamo.cl)

A pesar de que la comisión asesora entregó 25 propuestas relacionadas a criterios de ingreso e instrumentos de evaluación, procedimientos y contenidos de la evaluación, participación de los servicios públicos con competencia ambiental y permisos ambientales, participación ciudadana y consulta indígena, e instrumentos asociados a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), el SEIA aún sigue generando controversia.

Ahora sólo queda esperar la materialización de las medidas recomendadas por la comisión de expertos para observar cómo será el nuevo escenario de evaluación ambiental. Tal como afirma Paulina Riquelme, tras la labor de revisión de la normativa ambiental y sectorial vigente, “la labor debiese concluir con un informe con propuestas de derogación de normas muy antiguas y obsoletas, y con la incorporación de nuevos desarrollos regulatorios”.