Revista Nueva Minería

La iniciativa busca garantizar que las personas y comunidades obtengan beneficios económicos de los recursos naturales de su país, otorgándoles herramientas para solicitar rendiciones de cuentas tanto al gobierno (recibos y gastos) como a las empresas (pagos)

Los desafíos que enfrenta la industria cuprífera chilena y el sector minero en general, se encuentran bien documentados. Luego de que las materias primas disfrutaron de un “superciclo” de una década, la minería en Chile y en otras partes del mundo, enfrenta duros retos. Algunos de los más importantes son la baja en la ley del mineral, el permanente aumento de los costos de energía, de agua y de producción, así como la volatilidad de los precios a nivel global y la presión a la baja del precio del cobre.

Otro tema que no se puede ignorar son los conflictos sociales y medioambientales que tienen a varios proyectos mineros paralizados. A pesar de la indiscutible contribución de la industria minera al desarrollo de Chile, en muchos casos persiste la percepción de una desconexión entre las comunidades locales y las empresas mineras. Claramente, y aunque a veces de manera injustificada, para muchas personas la minería no representa una oportunidad, sino más bien un vecino indeseado cuya acción perturbará el estilo de vida local e impactará a aquellas industrias percibidas como incompatibles con la actividad minera.

Existen, por supuesto, muchas razones complejas sobre por qué tal actitud prevalece en Chile. No obstante, parte de la explicación puede estar en el hecho que las comunidades no sientan que están siendo realmente beneficiadas por las operaciones mineras que se desarrollan en su “patio trasero”. Y es que las comunidades quieren ver que los recursos generados por las actividades económicas sean usados de manera responsable y para el beneficio local.

En este contexto, la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) puede jugar un rol fundamental. Esta iniciativa constituye un estándar global en cuanto a los ingresos provenientes de la explotación de recursos naturales, y tiene por objetivo aumentar la transparencia y responsabilidad en el sector extractivo, mejorando la forma en que se administran los ingresos provenientes de la producción del petróleo, el gas y los minerales. De este modo, la EITI busca garantizar que las personas y comunidades obtengan beneficios económicos de los recursos naturales de su país, otorgándoles herramientas para solicitar rendiciones de cuentas tanto al gobierno (recibos y gastos) como a las empresas (pagos). La implementación de la EITI implica el trabajo conjunto del gobierno, la sociedad civil y muchas de las empresas mineras que operan a nivel local.

Hace algunos meses, el Reino Unido anunció su compromiso con la implementación de la EITI como parte de su agenda en la Presidencia del G8, instando a que más países latinoamericanos participen. Sólo Perú es miembro de derecho pleno, mientras que Colombia, al igual que el Reino Unido, ha anunciado su compromiso a implementarla. Varios países centroamericanos son candidatos a integrar esta iniciativa y, por supuesto, nos gustaría ver que Chile también se sume a la lista.

Por Jon Benjamin, Embajador Británico en Chile