El origen del conflicto del gas
Semanas claves vive el rubro energético. La publicación de los resultados por parte de la Comisión Nacional de Energía (CNE) respecto del Chequeo de Rentabilidad para el período 2012 y 2013, creó un ambiente de tensión entre las concesionarias y autoridades de gobierno, en relación a qué elementos se deben incluir para el cálculo del estudio.
Esto se debe a la confusión que se generó entre las empresas, al intentar integrar los costos de comercialización y captación de personas dentro de los costos de distribución que son propios de la entrega de un servicio público como lo es el gas de red.
Las concesionarias defienden fervientemente esta postura, ya que buscan unir los cobros en un solo ítem y cuyo objetivo final es no rebasar el 11% de rentabilidad establecido por ley -conformado por el 5% de retorno más el 6% del costo de capital-. De esta manera, pretenden incluir todas aquellas operaciones de comercialización, como la conversión y transformación de instalaciones de un tipo de estructuras del gas de red ofrecido. Gastos que no corresponden a la entrega del servicio de distribución de gas.
Al tratarse de actividades distintas, mirado desde una perspectiva regulatoria, los cobros por los respectivos servicios debieran ir claramente separados, porque la tarifa de suministro de gas, asociada al servicio público de distribución -la que afecta a todos los consumidores- está determinada principalmente por los costos de gas, inversión y operación de la infraestructura de distribución y no por los servicios adicionales que las distribuidoras ofrecen para complementar su servicio. Por tanto, incluir esto en el chequeo de rentabilidad es incurrir en un grave error.
Sin embargo, ello no significa que las compañías no puedan obtener ganancias por los servicios adicionales que realicen. Es más, pueden percibir beneficios dependiendo de las políticas comerciales de las concesionarias, cobrando al cliente el servicio de manera total, parcial o nula, pero siempre de manera detallada y diferenciada de la distribución de gas.
Esta discusión está tan solo en sus inicios, y lo importante es que al tratarse de un tema país requerirá de un sinnúmero de estudios y análisis capaces de solventar y mediar los problemas político-legales que convergen en nuestra matriz energética.
Por el momento, el proceso continúa y los antecedentes podrán ser enviados por la autoridad al Tribunal de Defensa de Libre Competencia (TDLC), organismo que evaluará los pasos a seguir, de acuerdo con los resultados obtenidos, y recomendará a las autoridades si corresponde o no fijar tarifas de los servicios, en una determinada zona de concesión.
Fuente: El Mercurio
