El equivalente a casi el 90% de la inversión en grandes proyectos se judicializó este año
Hasta septiembre fueron reclamados ante los Tribunales Ambientales proyectos con Estudios de Impacto Ambiental (EIA) por US$ 7.721 millones, de un total de US$ 8.685 millones aprobados o rechazados en el mismo periodo .
Luego de pasar por el proceso de calificación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y ser aprobado o rechazado, los proyectos de inversión pueden enfrentar nuevos trámites en instancias superiores de reclamaciones administrativas y judiciales. En su quinto catastro de “proyectos de inversión en el SEIA”, la comisión de productividad de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) analizó aquellas iniciativas con reclamaciones ante los tribunales ambientales.
Sobre la base de los datos aportados por el Observatorio Judicial, desde 2013 a la fecha se aprecia un porcentaje creciente de proyectos con reclamaciones respecto al universo total de proyectos que fueron aprobados o rechazados. Mientras en el año 2013 un 1,4% de los proyectos fueron reclamados -11 sobre un total de 803 iniciativas- esa proporción ha ido en aumento y hasta septiembre de 2017 ese porcentaje alcanzó el 6,7%.
Respecto al monto de inversión que ha sido reclamado, se constata que el porcentaje de inversión reclamada también ha ido al alza: mientras en 2013 proyectos por US$ 1.141 millones tuvieron alguna reclamación ante los tribunales ambientales -3,3% de la inversión total aprobada y rechazada- en 2017 ese porcentaje es de 25%.
Según destaca el informe un porcentaje relevante del universo total de proyectos aprobados y rechazados corresponde a Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), que generalmente son de proyectos de menor impacto y bajo monto de inversión. Mientras que el universo de iniciativas de mayor complejidad y montos más elevados están representadas por los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), aunque en menor número.
Los grandes proyectos
Un porcentaje importante de los EIA aprobados y rechazados, una vez que obtienen la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), pueden ser reclamados ante los tribunales ambientales, previamente agotada la vía administrativa o derechamente a través de la invalidación.
Desde 2013 a la fecha, han sido reclamados ante dichos tribunales un total de 30 proyectos, lo que equivale al 23,3% de los EIA aprobados y rechazados en ese periodo.
Lo anterior se profundiza al analizar por monto de inversión. Este año, fueron reclamados ante los tribunales ambientales grandes proyectos que totalizan US$ 7.721 millones, lo que equivale a un 88,9% de la inversión aprobada y rechazada en el mismo periodo, que llegó a US$ 8.685 millones.
Eso sí, el informe de la CPC aclara que aunque los proyectos que son aprobados o rechazados en el SEIA en un año específico no necesariamente se judicializan ese mismo año y que ello se consideró en la metodología de comparación.
Al considerar el periodo 2013-2016, 34 proyectos han enfrentado reclamaciones administrativas ante el Comité de Ministros. De ese total, 14 han sido reclamados con posterioridad ante los Tribunales Ambientales, lo que corresponde al 41,2% del total de proyectos que han debido enfrentar ambas instancias.
“El alto porcentaje de inversión que enfrenta reclamaciones ante los tribunales ambientales, le pone urgencia a la necesidad de fortalecer la certeza jurídica del proceso, para poder impulsar la inversión”, dice Juan José Donoso, economista de la CPC y autor del informe.
¿Quiénes reclaman?
Entre 2013 y septiembre de este año, 73 proyectos han enfrentado 91 recursos de reclamación ante los tribunales ambientales. De ellos, 26,4% proviene de los titulares de los proyectos, y un 73,6% corresponde a recursos provenientes de terceros. Destaca en este universo que más de la mitad corresponde a invalidaciones administrativas de terceros ajenos, que no participaron en la evaluación ambiental y que reclamaron directamente ante los tribunales ambientales, es decir, que no fueron parte de la participación ciudadana (PAC) del proyecto.
El plazo promedio de los recursos de reclamación que hicieron el proceso completo de revisión, y que tienen sentencia, alcanza los 10,3 meses. Al distinguir según tribunal, el plazo promedio del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago llega a 12,3 meses, mientras que el Tribunal Ambiental de Valdivia alcanza los 6,7 meses.
Sumando lo anterior al plazo promedio de aprobación de un EIA en el último trimestre móvil (22,3 meses), más el plazo promedio de las reclamaciones administrativas (13,4 meses), los proyectos que tienen reclamaciones ante los tribunales ambientales enfrentan en promedio un plazo total de tramitación de 46 meses, casi cuatro años. Esto sin contar otros recursos administrativos y eventuales casaciones ante la Corte Suprema.
“Si un gran número de los proyectos relevantes debe pasar por reclamaciones administrativas y judiciales, con un plazo promedio de tramitación total de cuatro años, debemos poner un foco en cómo mejorar los tiempos de tramitación del sistema como un todo, sin afectar la calidad de las evaluaciones”, agrega Donoso.
Fuente: Economía y Negocios
