Revista Nueva Minería

El servicio envió al Congreso el desglose de las exportaciones de la minera entre 2005 y junio de este año, a propósito de la denuncia del diputado radical Alberto Robles. En el informe no hay productos que no estuvieran autorizados por parte de la Corporación, a pesar de que tanto la entidad como un pequeño grupo de trabajadores y Robles han acusado irregularidades.

El Ministerio Público ya tiene en sus manos la pugna entre Corfo y SQM. En el marco de su labor se esperaba que la Fiscalía oficiara al Servicio Nacional de Aduanas con el objeto de que detalle las exportaciones que viene realizando la minera tras la denuncia del diputado radical Alberto Robles, quien en el contexto de la polémica entre la compañía y la estatal ha acusado a la firma de exportar productos no autorizados del Salar de Atacama.

Este detalle ya está en manos del diputado, pues hace varias semanas el servicio dirigido por Gonzalo Pereira envió a la Cámara de Diputados el detalle de las exportaciones de la compañía desde 2005 hasta la primera mitad de este año.

En el informe se concluye que SQM solo ha exportado tres productos derivados del Salar de Atacama: carbonato de litio, hidróxido de litio y cloruro de litio. Todos responden a un procesamiento que habría ejecutado la empresa de los distintos minerales que extrae de la zona norte del país. De esta manera, la respuesta del Servicio supone una información oficial respecto de las exportaciones que ha hecho la compañía, echando por tierra la tesis de que ha estado enviando a otros mercados minerales o productos no autorizados en el convenio con la estatal, aunque un pequeño grupo de trabajadores de la propia empresa han denunciado que SQM no informa realmente lo que exporta.

En el detalle se destaca que tanto SQM Salar como SQM Industrial y SQM S.A. han exportado desde 2005 a la primera mitad del año cerca de 270 mil toneladas de carbonato de litio a un valor FOB por tonelada que bordea el promedio de US$4.539, cifra que oscila los cálculos de la Corporación y que motivaron su interés por cortar contratos con la minera. Esto, pues la Corfo presentó una serie de informes en los que sostuvo que en 2014 SQM Salar le vendió a Kowa –sociedad a través de la cual Julio Ponce comparte el control de SQM– 6.069 toneladas de dicho mineral a un precio de US$4.845, cifra 5% por debajo del promedio mundial (US$5.108). Comparado con las otras exportaciones de litio chileno a Japón, el precio habría sido un 10% más barato y 40% respecto de los envíos a China. Por ello Corfo acusó un perjuicio de US$50 millones.

Por otro lado, el informe de Aduanas no respondería a lo acusado por Robles, quien sostuvo que entre 2009 y 2014, SQM exportó productos no autorizados por el Estado a través de Corfo. Su relato apuntó a que todas las salmueras del Salar de Atacama tienen contenido de litio y otros elementos de alto valor comercial, los cuales SQM exportó a un dólar la tonelada, lo que “es ridículo por cuanto el solo costo de gestión (transporte, extracción, derecho a puerto, etc.) supera con creces el valor consignado en los documentos de exportación”, hechos que “lesionan gravemente el interés fiscal (y) con esto el Estado de Chile ha sido defraudado”.

Otra lectura que se extrae del documento emitido por Aduanas dice relación con la denuncia que hace unos días presentó un pequeño grupo de trabadores de SQM, quienes acusaron a la sociedad de exportar salmueras de litio. Las salmueras son la materia prima que se extrae del Salar de Atacama, compuestas por potasio, calcio, sodio, magnesio, litio, boro, cloruro y sulfato, pero estos necesariamente deben ser procesados para su exportación, según lo estipulado en la “Modificación de Contrato para Proyecto en el Salar de Atacama Corfo y SQM Potasio”, suscrita en diciembre de 1995.

Según el informe de Aduanas la compañía no ha exportado salmueras, sino los tres productos mencionados y que responden a un procedimiento industrial por parte de la compañía. Así, el documento tampoco responde a la denuncia que hace unos días hicieron trabajadores de la compañía, la cual en la actualidad se encuentra en discusión para ser admitida por los tribunales.

Aquellos acusaron que la empresa ha estado comercializando cerca de tres contenedores con capacidad de 18 metros cúbicos de salmuera, la que si fuera debidamente procesada generaría 6,73 toneladas de carbonato de litio. Como publicó este medio hace unos días, lo anterior equivaldría en términos mensuales a una exportación promedio de 605 toneladas de carbonato de litio sin haber sido procesados en la planta, “lo que claramente constituiría una maniobra fraudulenta para dichos trabajadores así como para el interés fiscal”.

De acuerdo a los trabajadores, tales exportaciones se ejecutaron desde 2010 a precios irrisorios, para lo cual “tendrían que haber intervenido terceras personas, ajenas a la compañía, e incluso y eventualmente funcionarios públicos que, mediando acciones u omisiones, hubieran permitido a SQM SALAR S.A. exportar documentalmente solución de cloruro de litio cuando en los hechos y en la realidad habrían exportado salmuera, por lo que tampoco puede descartarse la existencia de delitos funcionarios que igualmente deberán ser objeto de investigación”. Según los trabajadores, dichas exportaciones fueron referidas por SQM Salar como “solución de cloruro de litio”, lo cual no sería efectivo, ya que se trataría precisamente de salmueras, las que no pueden ser exportadas, de conformidad al contrato de arrendamiento entre SQM Salar y Corfo.

Las dudas sobre el informe

Si bien la información de Aduanas supone un documento oficial respecto de las exportaciones que ha hecho SQM, ésta no ha estado ajena a controversias.

Por un lado, el documento reconoce solo tres productos extraídos y procesados del Salar de Atacama. De esta manera, sería una contradicción al comunicado que hace unos días emitió la firma y en el cual reconocía exportaciones de salmueras pero que estaban legitimadas por el contrato de Corfo. Dicho asunto sería materia de diligencias para pericias de expertos en química, si es que es la denuncia de los trabajadores termina siendo admitida por los tribunales.

Por otro lado, la denuncia de Robles ha levantado sospechas respecto de los servicios públicos. Este cree en que el marco de la pugna con Corfo, hay delito de cohecho, pues “se produce el posible fenómeno de corrupción en el sector público, ya que existen antecedentes suficientes en la prensa y otros antecedentes para investigar el soborno en orden a corromper a un funcionario público, esto es a compelerlo, en un sentido determinado favoreciendo a SQM, tanto desde el punto de vista de un cohecho propio o impropio o pasivo, cuando nada se ha hecho para evitar que la empresa en comento obtuviere ganancias ilegítimas en el transcurso de más de veinte años, vale decir, se ha faltado al deber básico inherente a la condición de todo funcionario público, cual es el relativo al fiel desempeño de la función del cargo”.

Accionistas preocupados

Este asunto inquieta a los accionistas de SQM. Como ayer reveló Pulso, accionistas extranjeros de la minera han intentado entablar contacto con el Gobierno manifestando su intención de frenar el conflicto que existe con la Corporación.

“SQM es una empresa de muchos accionistas e importante a nivel global y que por estos días enfrenta un arbitraje que no era esperado. Es una situación compleja que para bien de ambas partes debe ser zanjado a través de los cauces institucionales”, diría una de las cartas enviadas por dichos inversionistas, según dicho periódico.
En general, entre estos ronda la idea de que la estatal no puede llevar la pugna contra SQM al terreno personal, exigiendo la salida de Julio Ponce de la propiedad para poner término al conflicto, a pesar de que Corfo ha sido categórica al respecto.

Fuente: El Mostrador