Revista Nueva Minería

Esperamos que el marco regulatorio recientemente aprobado en el Parlamento sea complementado con una decidida acción del Estado, impulsando políticas públicas que permitan aprovechar el enorme potencial que tiene el país en materia de ERNC

En abril del año 2007 se presentó el primer proyecto de ley de fomento a las ERNC, el cual proponía una meta de 5% de ERNC al año 2010 por 20 años. En el trámite parlamentario, y luego de un amplio debate la meta propuesta se aumentó a un 10% para el año 2024, publicándose en abril de 2008 la ley 20.257 de fomento a las ERNC. Posteriormente, el Presidente Piñera propuso en su programa presidencial una meta de 20% de ERNC al año 2020.

Al año 2011, los resultados que comenzaba a mostrar la vigencia de la ley 10/24 confirmaban el diagnóstico inicial del año 2007: las ERNC demostraron en la práctica, que en las condiciones de mercado actuales podían ser competitivas y aportaban al sistema una disminución de los costos de operación, tal como lo demostró el estudio realizado por el Centro de Energía de la Universidad de Chile. Éste determinó que “el ahorro en los costos de operación debido a la presencia de ERNC durante el año 2011 fue de aproximadamente US$ 186 millones, disminuyendo los costos marginales en 32 US$/MWh, es decir en aproximadamente un 17%”.

Dados estos positivos antecedentes, junto con la sostenida disminución de costos que han experimentado las tecnologías de ERNC en los últimos años, las senadoras Isabel Allende y Ximena Rincón y los senadores Jaime Orpis, José Antonio Gómez y Antonio Horvath, presentaron una moción parlamentaria, que ampliaba el desafío de introducción de ERNC en nuestra matriz eléctrica a un 20% al año 2020, la que fue aprobada recientemente como una meta de 20% al año 2025 y promulgada como Ley de la República. El estudio que fundamentó la moción parlamentaria proyectó positivos resultados incluso si la obligación del 20% fuese al año 2020.

En efecto, dicho estudio arrojó que en el SING el impacto de la ampliación de la ley tendría un mayor costo del orden de US$ 269,7 millones, equivalente a un 3,44% del costo total; respecto del impacto en el SIC, el análisis indica que éste tiene un impacto bajo que variaría entre -1,4% y +0,1% de los costos totales. Teniendo en cuenta lo anterior, a nivel global, es decir considerando ambos sistemas, el impacto del proyecto de ley implicaba una variación entre -0,3% y +0,6% del total, es decir el beneficio/costo asociado se encontraría en torno a US$-106 millones y US$ 225 millones.

Junto con lo señalado, la ley 20/25 fue más allá y estableció, además del aumento de la obligación o cuota, un mecanismo complementario, consistente en la implementación de mecanismos de licitación de energía ERNC eficientes y competitivas, para fomentar la competencia y promover una mayor diversidad de actores en el mercado de la generación. Esto, confirmado por el hecho de que, según las cifras de Acera, las ERNC representarán aproximadamente un 40% del crecimiento esperado de la generación eléctrica de los próximos 12 años.

Si bien esta es una buena noticia para todos los chilenos, es importante reconocer que aún se requieren de políticas públicas adicionales tales como, el establecimiento de instrumentos para potenciar la exploración geotérmica; el desarrollo de un mecanismo de seguro contingente para el desarrollo de líneas asociativas de transmisión y la formulación de un mecanismo de crédito blando o beneficios tributarios.

Por Ramón Galaz,Socio fundador y Gerente General de Valgesta Energía en colaboración de Andrés Romero, asesor Senadora Ximena Rincón.