Revista Nueva Minería

Es una demanda que trasciende lugares y generaciones. Crear nuevos mecanismos que apunten a una distribución regional más equitativa, ha sido el llamado que por décadas exigen habitantes del norte y sur del país. Con el debate ya puesto sobre la mesa, cambiar este escenario podría estar más cerca.

La mañana del 20 de marzo de 2012 la ciudad de Calama lucía con total normalidad. Como todos los días, centros comerciales abrían sus puertas y miles de trabajadores mineros ingresaban a sus labores en lo alto de la cordillera. Sin embargo, pasado el mediodía, las calles de esta localidad se colmaron de manifestantes.

¿La razón? Dar a conocer su molestia por la falta de una ley que permitiera dejar en la región un porcentaje adecuado de las riquezas producidas por la minería. “El centralismo asfixia y es especialmente abusivo con Calama, una ciudad con un escaso desarrollo pese a albergar la mayor parte de la producción de cobre de Chile”, señaló durante la marcha el Alcalde de esa ciudad, Esteban Velásquez.

Desde aquella declaración han transcurrido más de dos años, tiempo en que la demanda por una mejor distribución regional y los esfuerzos por modificar el centralismo que prima en las decisiones de gobierno están lejos de desaparecer. Ciudadanos, senadores e incluso parte de la industria extractiva, han formado parte de la discusión, tomando en cuenta la coyuntura que ha adquirido este tema a nivel económico, político y social.

El impuesto específico a la actividad minera, la idea de crear un Fondo de Desarrollo del Norte (Fondenor) y la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional, forman parte del abanico de iniciativas que han emergido desde el aparato público en pos elaborar una hoja de ruta que logre descentralizar Chile.

Pero, ¿hacia dónde deben apuntar estas iniciativas? De acuerdo a un estudio de la Cepal, “la descentralización de los procesos de asignación se plantea como una manera más eficiente de proveer bienes públicos que la provisión centralizada. No obstante, el proceso puede ser frenado en la medida en que no se obtengan los resultados esperados”, precisa el documento.

Ante este ambicioso desafío, actores transversales ya comienzan a idear mecanismos para que las regiones se posicionen con las mismas capacidades de desarrollo que Santiago. Manteniendo la demanda que en 2012 movilizó a la ciudad de Calama, habitantes del norte alzan la voz por una distribución más equilibrada.

Desarrollo regional, el objetivo

Para Darío Quiroga, concejal de Calama, la incorporación de un royalty efectivo permitiría entregar mayor autonomía a las regiones de sus definiciones presupuestarias. (Foto: Darío Quiroga)

Apuntar hacia una descentralización política, administrativa y económica, fortalecer las capacidades locales, y aumentar la participación ciudadana y el control democrático en las regiones; son los ejes principales de las 70 medidas estipuladas por la Comisión para la Descentralización encargada por la presidenta Bachelet (ver recuadro).

La iniciativa -que está incluida en las primeras 50 medidas comprometidas por el gobierno-, inició su trabajo en abril de este año y tras seis meses de discusión, el ex diputado Esteban Valenzuela, quien preside la comisión, entregó el informe final a la mandataria en un acto celebrado por autoridades y representantes regionales.

“La comisión es un primer paso necesario y sincero, pues habla de las intenciones por parte del gobierno para transformar con leyes y programas parte de las demandas de las ciudades del norte. Mi único temor es que la atención se centre sólo en los cambios políticos administrativos, y no en la descentralización financiera y el empoderamiento de los territorios de sus propias riquezas”, señala el concejal de Calama, Darío Quiroga.

La inquietud respecto a los logros de esta comisión, derivan de los antecedentes que han tenido diferentes mecanismos que aspiraban a potenciar el desarrollo en estas localidades.

Tal es el caso del impuesto específico a la minería, que en 2011 se vio cuestionado luego de que diputados aseguraran que las regiones del norte recibían sólo el 5% de los dineros provenientes de este mecanismo; o el Fodenor, cuando en 2013 el gobierno del ex presidente Piñera decidiera “congelar” la propuesta ante las críticas de algunos diputados y senadores.

Para Manuel Ahumada, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) y miembro de la comisión asesora presidencial por el desarrollo regional, la creación del documento entregado a la presidenta es una oportunidad concreta para avanzar en la materia.

“La aprobación de sus propuestas permiten proyectar un Chile regionalizado a diferencia del país que hoy tenemos. Ahora bien, si estas iniciativas además de ser aprobadas se desarrollan con el acompañamiento constante del Estado, perfectamente podrá generar cambios virtuosos en el corto-mediano plazo. Este informe supone un cambio constitucional, lo que por cierto permitirá una nueva vinculación entre el ciudadano y su sistema político”, explica Ahumada.

Más ingresos, más crecimiento

El presidente de la CTC indica que el informe de la comisión supone un cambio constitucional, lo que “permitirá una nueva vinculación entre el ciudadano y su sistema político”. (Foto: CTC)

Uno de los puntos que ha llamado la atención en el informe entregado a la presidenta, es la modificación al impuesto específico de la actividad minera. La comisión propone elevar este tributo de 3,5% a 5% para los nuevos proyectos mineros tanto privados como de Codelco.

“Respecto a esta propuesta, lo fundamental tiene relación con el traspaso de los impuestos mineros territoriales al sistema regional, mejorando la actual patente minera. Así se asegura el mantenimiento del porcentaje actual de los Fondos de Innovación para la Competitividad Regional y con mayor protagonismo de sus consejos de innovación”, detalla el presidente de la comisión asesora, Estaban Valenzuela.

De manera específica, los integrantes del grupo asesor proponen una forma de distribución donde se entreguen un 20 % de los recursos para las comunas donde están las faenas mineras, un 20% a las comunas restantes de la región, un 10% para el fondo de Innovación de todas las regiones y un 50% al sistema de redistribución solidaria (Fondo de Convergencia Regional).

Para el concejal de Calama, Darío Quiroga, este cambio en el tributo significaría un avance importante, ya que “la incorporación de un royalty efectivo que llegue a los gobiernos comunales para las necesidades definidas por sus propios ciudadanos, permitiría entregar mayor autonomía de sus definiciones presupuestarias”.

En la búsqueda de este propósito, la creación de una Ley de Rentas Regionales es otro de las demandas que los movimientos regionalistas solicitan para una distribución más igualitaria, tomando en cuenta que el promedio de los países que componen la OCDE entregan en promedio el 45% del gasto para las regiones.

“Este cambio consiste en una ley que establezca que las regiones tendrán patrimonio propio, pudiendo administrarlo en forma autónoma por el gobierno regional. Para ello, proponemos un gasto subnacional del 35% de la recaudación fiscal total, pasando de los US$14.000 millones actuales a US$26.000 millones al año 2020”, detalla el presidente de la comisión.

Reconversión

El 6 de octubre la presidenta Michelle Bachelet recibió el informe final de la comisión, en un acto celebrado en el Congreso. (Foto: Comisión Descentralización)

Pero no todo se relaciona al factor económico. Para expertos y representantes regionalistas, el desarrollo efectivo y sostenible de los municipios y ciudadanos que no habitan la capital, sólo es posible si se introducen factores dinámicos que apunten a mejorar la calidad de vida de las personas.

De acuerdo al estudio realizado por la Cepal, “viabilizar el desarrollo local permitiría el mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores con menor acceso al poder central, sobre la base de sus organizaciones, sus iniciativas y la valorización de sus aportes, haciendo la gestión social funcional una estrategia de desarrollo”.

Para el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, la descentralización supone mayor empoderamiento de las comunidades locales, lo que exige una redistribución política y administrativa para una mejor gestión regional.

“La participación social no sólo se construye desde la reacción a los gobiernos locales, sino que desde su construcción. Por lo mismo creemos que los cambios estructurales no se pueden generar de manera aislada, sino que deben funcionar como un gran engranaje”, explica Manuel Ahumada.

Este desafío es confirmado por la ubicación que ocupa el país en el ranking de la OCDE, donde Chile aparece como el más centralizado de todas las naciones que integran este organismo internacional, en relación al tamaño de su población, su territorio y su economía.

Mientras el “poder de decisión sobre la ejecución de los recursos públicos desde sus niveles locales y regionales” en Chile actualmente es de un 15%, el promedio de los países desarrollados que conforman la OCDE asumen este desafío en casi un 50%.

Para Estaban Valenzuela, es indudable que la configuración geográfica y humana del país contribuye a que el centralismo se manifieste en mayor medida. “Un reflejo de aquello es que la mitad de las movilizaciones sociales del último tiempo son de carácter regional; los movilizados en Calama, en Aysén y en Quellón, entre otras localidades”.

En este sentido, la movilización de los habitantes de Calama en 2012 marcó un precedente para la relación de esta ciudad con la actividad minera y las autoridades centrales. Así lo confirma Darío Quiroga, quien enfatiza las problemáticas más urgentes a resolver para lograr un crecimiento efectivo en esta ciudad.

“No es posible pensar en un desarrollo regional para los próximos 30 ó 50 años si no se incorporan variables para repensar y darle sustentabilidad a la industria minera, desde la generación de energía por parte de las termoeléctricas, pasando por las faenas extractivas y terminando en los puertos de embarque con sus centros de acopio”, afirma el concejal de Calama.

Y es que al parecer la configuración de un nuevo mapa redistributivo donde la equidad entre las regiones y la capital sea posible, está recién comenzando. Cambios a nivel político, administrativo y económico permitirían cambiar el orden de un rompecabezas que parecía predeterminado.

Por ahora queda esperar los cambios graduales que realizará el ejecutivo, comenzando con el proyecto constitucional que haga de Chile un “Estado unitario, pero descentralizado” a fines de este año, y la elección de Intendentes en 2016. Tal como lo plantea el presidente de la CTC, “hay que buscar el control ciudadano no por el simple hecho de controlar, sino que sobre todo por la reconstrucción del territorio con participación real”.