Director ejecutivo ONG Fima: “Hay un conflicto político latente en el SEIA”

(Foto: Felipe Pinto)

Convencido de que es necesario realizar cambios sustanciales a la institucionalidad ambiental del país, el abogado Ezio Costa apunta a una mayor autonomía y visión técnica del sistema.

Por Camila Morales
Revista Nueva Minería y Energía
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Con una activa participación legal en contra del Proyecto Dominga, el director ejecutivo de la ONG Fima, entidad que se dedica al asesoramiento jurídico ambiental en pos del interés público y de las comunidades en los principales conflictos socio-ambientales del país, se muestra satisfecho por la decisión que tomó el Comité de Ministros de rechazar a Dominga.

“Me parece evidente que correspondía el rechazo del proyecto, y desde mucho antes”, asegura Ezio Costa, quien también es académico de la Universidad de Chile. Sin embargo, y pese al rechazo, el experto critica la existencia de un comité de ministros como una instancia decisiva frente a grandes proyectos.

Para este abogado, no debe haber políticos tomando este tipo de decisiones. Es por eso que, en su opinión, el tema medioambiental y su institucionalidad debe ser un elemento importante para quien asuma la presidencia en marzo próximo, pese a que “los candidatos no se han referido a este tema”, comenta en entrevista con Revista Nueva Minería y Energía.

¿Cuál es su opinión respecto a la institucionalidad ambiental actual?

La institucionalidad vigente no logra cumplir con las expectativas. Hay algunos problemas que tienen que ver con el diseño institucional, como por ejemplo, las competencias que tienen las superintendencias o las competencias de los tribunales ambientales, que son bastantes acotadas.

Es crítico que la Superintendencia de Medio Ambiente tenga problemas a nivel de gestión. Esta entidad tiene a cargo un tema socialmente muy complejo, y por lo tanto, debiera tener un presupuesto más holgado que otras superintendencias.

Respecto a los tribunales ambientales, podrían tener más competencias. Están creados para ser un balance de la Superintendencia y del Servicio de Evaluación Ambiental, pero en ese contexto se dejaron fuera temas que de igual forma afectan al medio ambiente.

Los tribunales ambientales han tenido un problema de tiempos también. Se están demorando bastante en resolver los casos. Ahora con la apertura del Tribunal de Antofagasta, quizás eso mejore en algún sentido.

Respecto al Tribunal Ambiental de Antofagasta, ¿se justifica su creación?

No es una pregunta fácil. En términos de acceso a la justicia, uno diría ‘sí, mejor que haya más tribunales y que estén mejor distribuidos en el país’. El hecho de que existan tres tribunales que divide las zonas geográficas de Chile, genera cierta especialización en estos tribunales, sobre todo el de Antofagasta.

Con las competencias que tienen hoy los tribunales, no hay una cantidad de causas tan grande que justifique el gasto de un nuevo tribunal, pero tiendo a pensar que con el tiempo van a ir aumentando sus competencias, y con ello se justifican más tribunales.

¿Cree que los cambios en que trabaja el gobierno para reformular el SEIA son las medidas correctas para fortalecer esta institucionalidad?

Creo que las reformas van a estar enfocadas a optimizar los trámites, y a eso no le veo mayor utilidad. La mayor demora en las evaluaciones ambientales es con los propios titulares, más que con el Estado. Además, el problema que tiene el SEIA no es precisamente ese, sino que no logra cubrir todos los ámbitos que se espera que el Estado cubra a la hora de evaluar impactos ambientales.

Entonces, hay mucha expectativa y presión. Un sistema como este debe tener como objetivos prevenir los impactos ambientales, que el resultado del proceso incluya a la ciudadanía, y que la medidas de mitigación, compensación y reparación sean las más óptimas posibles. Reformarla para que los trámites sean más rápido, lo único que generaría es aumentar los niveles de conflicto.

En este sentido, ¿cuál es el rol que debe tener el SEIA respecto al ordenamiento territorial?

Debiera ser al revés. Es decir, debiera haber un ordenamiento territorial y el Estado debiera estar obligado a cumplir con éste. Hoy existen algunos instrumentos de ordenamiento, pero pocos y dispersos, y además el SEIA prácticamente no los toma en cuenta.

Para otorgarle certeza jurídica a todos los actores, deberíamos tener un ordenamiento territorial vinculante, que se construya de manera participativa, y que en ese ordenamiento exista la posibilidad de que las tensiones políticas y técnicas se resuelvan de manera previa a la presentación de proyectos.

Lo que pasa hoy es que la planificación territorial está prácticamente otorgada a los privados, ellos saben dónde insertan los proyectos, lo que le ha hecho un flaco favor a la conflictividad socioambiental.

Respecto a la falta de ordenamiento territorial, un buen ejemplo podría ser el proyecto Dominga. ¿Cuál es su opinión respecto a su rechazo?

Yo soy parte del staff de abogados que está en contra de Minera Dominga. Me parece evidente que correspondía el rechazo del proyecto, y desde mucho antes (que lo decidiera el Comité de Ministros). Me llamó la atención todo el conflicto político que se gestó alrededor, porque no se justificaba. No se puede negar que hay un conflicto político latente en el SEIA.

El cambio climático, junto con el ordenamiento territorial, el cambio de la Constitución y la participación ciudadana en materia ambiental, son temas que en la opinión del entrevistado requieren ser abordados con urgencias por el futuro gobierno.

No tiene sentido que las opiniones técnicas que entrega el SEIA después pasen por filtros políticos. Al parecer había cierta comodidad con que existiera el Comité de Ministros, y ahora por primera vez los actores más cercanos a la industria salen a decir que no debiera existir esta instancia. Ahora, por lo menos nos pusimos de acuerdo en algo: no debería haber políticos tomando este tipo de decisiones.

Lo mejor de todo es que las presiones operaron al revés. Hay una carta firmada por funcionarios del SEIA de Coquimbo, que da a conocer las presiones que hubo para aprobar el proyecto, no para rechazarlo. Pero cuando se rechaza, a pesar de las presiones, sale cierta parte del mundo político a decir ‘ah no, esto es porque hubo presiones políticas para que se rechazara’. Les gusta la institucionalidad, pero les gusta cuando juega a favor, no cuando resuelve rechazar un proyecto como Dominga. (…) La institucionalidad de evaluación ambiental debiera ser lo más técnico y autónomo posible, lo cual es una solicitud que nosotros hemos señalado reiteradamente.

El próximo gobierno

A pocas semanas de la elección que definirá el futuro gobierno, ¿qué le parecen las propuestas medioambientales que se han conocido de los candidatos presidenciales?

Busqué las propuestas sobre medio ambiente en los ocho candidatos, y no encontré prácticamente nada en sus programas. Se nombran algunas cosas, pero está súper olvidado, lo cual es choqueante. No sé si hay una falta de visión, o a propósito prefieren dejar de lado un área en el cual se requiere un cierto nivel de profundidad para abordar un tema trascendental para la sociedad chilena.

¿Y qué aspecto debería profundizar el nuevo gobierno para mejorar la institucionalidad medioambiental?

Ordenamiento territorial y cambio climático, principalmente. Lo otro es ver cómo va quedar la nueva Constitución, y, por lo tanto, ver cuál será el compromiso de Chile respecto al futuro del medioambiente. Porque ésta es una parte esencial de cómo se construye una sociedad.

Lo otro importante, además del ordenamiento territorial, el cambio climático y el cambio constitucional, es ver qué vamos a hacer con la participación ciudadana en materia ambiental. Cómo es que el Estado va a absorber la tensión que supone este aspecto en distintos niveles.

La participación ciudadana es algo que todos han reconocido como algo relevante, pero creo que el error es verla como un espacio de negociación, como si la participación ciudadana tuviera solamente una función privada de satisfacer intereses de personas que tiene conflictos con un proyecto.

Pero la participación ciudadana no es eso. Esta arista tiene como concepto fundante una función pública, comunitaria, de crear un espacio de liberación, de comprensión e igualdad entre los actores. No avanza por buen camino el que cree que la participación ciudadana se basa solamente en compensar a los actores que creen que están pasados a llevar.

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