Revista Nueva Minería

Con el enfoque en potenciar el desarrollo humano y promover el contexto hacia un desarrollo sostenible, el vocero del centro GlobalCAD, con sede en Barcelona, analiza la gestión ambiental de las grandes compañías en Sudamérica.

Por Camila Morales
Revista Nueva Minería y Energía
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A más de 11 mil kilómetros de Santiago, en Barcelona, España, se encuentran las oficinas de GlobalCAD, centro de alianza donde convergen profesionales de diferentes disciplinas para potenciar y promover el desarrollo humano y la sostenibilidad ambiental.

A través de este centro de asesoría estratégica, los expertos que forman parte de esta entidad buscan generar conocimiento para contribuir a resolver los principales desafíos globales, como el cambio climático, el impacto de grandes industrias, y el rol de las comunidades en las decisiones que afectan a su entorno.

El director de este centro, Fernando Casado, posee una amplia experiencia en asesoramiento para diversas organizaciones internacionales como el Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Así, ha podido seguir de cerca lo que pasa en Sudamérica respecto al impacto de las grandes industrias a nivel medioambiental.

“Históricamente, las grandes compañías mineras y energéticas en Sudamérica no supieron entender la importancia que tiene gestionar sus operaciones desde una filosofía holística con su entorno y con las comunidades del ecosistema donde operan”, afirma Casado desde el continente europeo.

En este contexto, la evolución que ha tenido la gestión ambiental del sector privado y el rol que cumple la ciudadanía para avanzar en la materia, son parte del análisis que realiza el director de esta red internacional en entrevista con Revista Nueva Minería y Energía.

¿Cuál es su evaluación sobre la gestión ambiental que realizan las grandes compañías mineras y energéticas en Sudamérica?

Las grandes compañías en Sudamérica tardaron en adoptar una mentalidad sostenible en sus modelos de gestión, tanto en el proceso de extracción de recursos de forma respetuosa con el entorno natural, como en el modo operativo, incorporando sistemas participativos con las comunidades que eran grupos cruciales del ecosistema.

Sin embargo, esta última década ha experimentado una concienciación muy significante por parte de las políticas corporativas y parece que hay una voluntad más alineada con las necesidades del entorno que, sin lugar a dudas, facilitará llegar a alianzas sostenibles para el desarrollo de los territorios.

¿Cree que las medidas que implementan estas empresas ayudan a una real conservación de la biodiversidad en esta zona de continente?

Se debería analizar caso por caso. No obstante, considero que hay algunas compañías que han puesto en marcha políticas de conservación de la biodiversidad importantes, aunque los retos medioambientales en una región muy urbanizada, con tendencia a crecer en densidad de población, son muy grandes.

Por lo tanto, las medidas van bien encaminadas pero deberían ser más ambiciosas y, sobre todo, deberían potenciarse más las alianzas con las entidades públicas para realmente generar programas transformadores sociales y medioambientales.

Considerando la dramática situación de extinción de especies por área -50.000 especies por año (sólo 7.000 de ellas conocidas), que representa 10.000 veces la tasa natural de extinción y significa un 5% del total de especies por década-, es obvio que el reto es enorme y, por lo tanto, las medidas a adoptar deberían estar a la altura de los retos.

¿Cuánto han incidido las manifestaciones sociales para posicionar en el debate los problemas que trae la puesta en marcha de ciertos proyectos mineros y energéticos en Sudamérica?

Han incidido mucho, como es normal. La presión ciudadana y los movimientos sociales han jugado un papel fundamental haciendo constatar a los gobiernos la importancia de adoptar una serie de medidas medioambientales y de inclusión social en los modelos de desarrollo del sector minero.

Desgraciadamente, en muchos casos, la iniciativa privada no ha tenido el liderazgo social suficiente y los gobiernos no han tenido la voluntad política requerida, y, por lo tanto, las manifestaciones sociales han sido fundamentales para llegar a un marco de extracción de recursos coherente con la sostenibilidad de los recursos naturales y con la cohesión social y necesidades de desarrollo de las comunidades.

Con la mirada en Chile

¿Cuál es su opinión respecto a los pasos que ha seguido Chile en relación al cambio climático?

Chile es uno de los países más afectados por el cambio climático en muchos sentidos. Tal y como se presentó en la COP 22, en Marrakech, Marruecos, el índice de Riesgo Climático Global (elaborado por la organización alemana Germanwatch), posicionó a Chile dentro de los diez países más afectados por eventos meteorológicos asociados al cambio climático durante el 2015.

En la opinión de Fernando Casado, el gobierno de Chile debe ser el catalizador para avanzar en un nuevo marco de acción para combatir el cambio climático.

Sin embargo, según me consta, las medidas que se han ido adoptando no están mal encaminadas y considero que se ha mostrado liderazgo en varios frentes, gestionando la mitigación y la adaptación. Ya sea elaborando varios estudios de vulnerabilidad en profundidad (de los sistemas hídricos, sobre la producción agrícola, sobre la biodiversidad, entre otros), así como la promoción de la puesta en marcha de acciones de mitigación apropiadas, y la creación de indicadores sobre los impactos del cambio climático. Estos son pasos correctos para avanzar en este ámbito.

Asimismo, la Coalición del Clima y Aire Limpio (CCAC), fomentada por el Ministerio de Medio Ambiente de Chile, es una estructura pertinente que podría aportar soluciones significativas al proceso.

¿Qué rol debe asumir el gobierno y el sector privado a la hora de trabajar para aminorar los efectos del cambio climático?

Principalmente, se debería promover más trabajo sinérgico entre el gobierno y el sector privado, incorporando asimismo a las organizaciones de la sociedad civil, para fomentar alianzas intersectoriales y modelos de intervención proactivos, orientados a aminorar los efectos del cambio climático.

Creo que el gobierno de Chile tiene las capacidades, y me consta que la voluntad, de ser el catalizador que arme este espacio de concertación para la promoción de un nuevo marco de actuación hacia el cambio climático.

¿Qué condiciones deberían cambiar en Chile para comenzar a trabajar en una eficiencia energética real?

Por un lado, se debería crear una estructura de actuación multisectorial, con actores públicos, privados y representantes de la sociedad civil, que identifique las prioridades sectoriales con las que se quiere trabajar y promueva una mayor coordinación institucional. De esta manera, se podrían fomentar grupos de trabajo y lograr financiamiento a largo plazo, conectando a inversionistas con entidades que habiliten las infraestructuras necesarias para fomentar una transición hacia modelos de eficiencia energética real.

Entre las entidades que deberían participar podrían contarse el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Energía, el Banco Central, Cámara Chilena de la Construcción, principales empresas del sector y grupos sociales implicados.

¿Qué iniciativas mundiales destaca desde el sector privado para aminorar los impactos en el medio ambiente?

Son muchas las iniciativas que ha promovido el sector privado intentando lograr un desarrollo sostenible y mejores prácticas en el medio ambiente. Creo que muchos de los casos prácticos evidencian que cuando hay una voluntad de generar un cambio y de realizar una extracción de recursos de manera sostenible, respetando la cohesión social de las comunidades locales, es viable desde el punto de vista social y medioambiental. Pero también genera beneficios económicos y favorece el desarrollo de los modelos de negocio. Esta es la fórmula que se debería considerar para avanzar.