Revista Nueva Minería

En el sector consideran que los diagnósticos del Ejecutivo relativos a aumento de costos, judicialización y pérdida de competitividad son los correctos, pero sostienen que aún existen tareas comunes por resolver.

En la pasada cena de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), la industria escuchó con especial atención el mensaje de la Presidenta Bachelet. Pasados los días, en el sector consideran que los diagnósticos del Ejecutivo relativos a aumento de costos, judicialización y pérdida de competitividad son los correctos, pero sostienen que aún existen tareas comunes por resolver.

Quien tomó nota de los mensajes de la mandataria fue el presidente ejecutivo de Antofagasta Plc, Diego Hernández. Con su visión analítica habitual, el ejecutivo valoró la mirada de Bachelet. El ex presidente ejecutivo de Codelco aseguró que un complemento público privado sin duda será beneficioso, sin embargo añadió que la minería tiene mucho que opinar en temas sensibles como cambios en las normativas de concesión de derechos de agua, o en la elaboración de una ley de glaciares.

El máximo ejecutivo del brazo minero del grupo Luksic considera que llegó el “momento de avanzar” fortaleciendo las alianzas público privadas y con un diálogo transversal.

¿Existe sintonía con el diagnóstico señalado por la Presidenta?

Todos tenemos el mismo diagnóstico de los problemas que afectan a la industria, ahora llegó el momento de solucionarlos.

¿Cómo se puede lograr?

Para poder avanzar en los temas de productividad, de competitividad, tenemos que trabajar en conjunto. Las empresas, los privados, los sindicatos, pero también las comunidades y las ONG. Pero claramente eso es lo que nos cuesta en Chile, ya que no estamos muy acostumbrados a tener un diálogo transversal, incluyendo a todas las partes.

La Presidenta dijo que esperaba que la judicialización quedara atrás. ¿Qué opina?

El otro día escuché al ex presidente Lagos decir algo muy certero, él dijo que la judicialización es el fracaso de la institucionalidad, yo creo que eso hay que mejorarlo. La judicialización tiene que ser el último recurso y no la herramienta principal para resolver las controversias.

¿Pero alguien tiene que dar el primer paso?

En algunos aspectos la iniciativa tiene que tomarla el gobierno, en otros aspectos la iniciativa tenemos que tomarla tempranamente nosotros. En este tema todos tenemos que asumir nuestras responsabilidades y tratar de avanzar en la concreción de iniciativas.

Eso requiere que también la legislación pueda ser más completa. De manera que se puedan cerrar las posibles judicializaciones, ya sea porque la ley no está completa, o no hay claro un procedimiento, o hay una carencia de un procedimiento para resolver conflictos, o bien hay espacios que se prestan para más de alguna interpretación. En ese ámbito hay que trabajar.

¿Qué opina de la ley de glaciares que se piensa implementar?

Creo que la minería tiene mucho que aportar en conocimientos para el desarrollo de una buena ley de glaciares. Lo dijo en su momento Alberto Salas, presidente de la Sonami, la minería puede aportar. En el tema de los glaciares hay un importante componente técnico que es fundamental y que creo que no ha estado en el debate. Entonces todos hablan de glaciares, pero hay distintos tipos, cada tipo de glaciar tiene una importancia diferente. Lo fundamental es establecer criterios básicos y luego tener reglas claras.

¿Y qué opina de las modificaciones que hablan de caducar las concesiones de derechos de agua?

Debemos tener claro que las inversiones en minería son de largo plazo, por eso que se plantee hablar de caducidad en los derechos de agua no nos parece. En la vida de un proyecto si los periodos de concesión son muy cortos van a caducar los derechos y eso generaría un riesgo enorme para las industria, por eso ese tema nos preocupa.

Fuente: Pulso