Revista Nueva Minería

La confederación que agrupa a los canalistas de Chile denuncia ineficacia del Estado en subastar las patentes morosas por no uso del agua, lo que -a juicio de la agrupación- ha repercutido en el proyecto que se discute en el Congreso. En el Ejecutivo creen que parte del problema es la existencia de especuladores, y planean hacer modificaciones para acelerar los remates.

Tres edificios de departamentos de 15 pisos en un barrio de clase media se podrían construir con los dineros que no ha logrado recaudar el Estado debido a trabas para rematar derechos de aprovechamientos de agua (DAA) ligados a propietarios que no los utilizaron y tampoco pagaron las patentes por no uso.

Se trata de 3.259 DAA con subastas pendientes desde hace hasta 10 años, que a nivel nacional suman un caudal de 15,6 millones de litros por segundo e involucran 837.506 UTM, unos US$ 60 millones, según información elaborada por la Confederación de Canalistas de Chile (CCCh) sobre la base de datos obtenidos de servicios públicos (ver infografía).

Estos antecedentes forman parte de una batería de datos que levantó la agrupación para respaldar sus argumentos contrarios a la reforma al Código de Aguas (Boletín 7543-12), que desde 2011 se discute en el Congreso. En 2014, el actual gobierno le introdujo ajustes a esta iniciativa, que se ha planteado -entre otros- como necesaria para garantizar el consumo humano y evitar el acaparamiento de derechos de agua por parte de especuladores.

La reforma hoy está en segundo trámite en el Parlamento -ya pasó por la Cámara de Diputados- y acaba de salir de la comisión de Recursos Hídricos del Senado. Ahora debe ir a las comisiones de Agricultura, Constitución y Hacienda.

Al igual que los empresarios agrícolas, la principal preocupación en este tema de la Confederación de Canalistas -que reúne a diversas organizaciones de usuarios de agua del país- es que los nuevos derechos de agua que otorgará el Estado, una vez aprobada la norma, no serán concedidos de forma perpetua como hasta hoy, sino que serán una concesión a 30 años, prorrogables.

Al igual que en la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), en la CCCh creen que este cambio repercutirá negativamente en la búsqueda de financiamiento para proyectos.

Canalistas creen que hay ineficacia del Estado en subastar patentes por no uso

¿Pero qué cuestionan los canalistas? Su foco está en las subastas de derechos de agua que el Estado tiene pendientes, incluso, desde hace años.

“Uno de los pilares de la reforma al Código de Aguas, y que expuso el Ejecutivo a la sociedad, es que en Chile no se usa el agua por parte de los usuarios, que la emplean para especular y que la patente por no uso establecida en 2005 no ha dado resultados. Nosotros creemos que eso no es verdad, y que hay una actuación ineficaz por parte del Estado en los remates de aguas. Si fuera eficiente en ello, no sería necesario modificar la ley y no habría que ir un derecho temporal de 30 años”, dice categórico el presidente de la CCCh, Fernando Peralta.

La CCCh afirma que del total de derechos de agua, solo 4% está afecto a patente por no uso, es decir, 96% está siendo explotado en labores productivas, ya sea mineras, agrícolas, entre otras.

Añade que de ese 4%, cerca de dos tercios están en proceso judicial de cobranza por deuda de las patentes, y más de la mitad de esos casos se encuentra en esa situación desde 2006. Los canalistas acusan de falta de eficiencia a la Tesorería General de la República por la lentitud de las subastas.

Peralta también afirma que el Gobierno no conoce cuántos derechos de agua posee el fisco, y si estos están disponibles para ser utilizados o no. Indica que la CCCh solicitó esta información por Ley de Transparencia a la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, pero no tuvieron una respuesta positiva.

Tesorería debe pagar publicaciones en diarios y radios para subastas

En la Tesorería admiten que se han encontrado con trabas para rematar los derechos de agua, ligadas a burocracias costosas, pero aseguran que la institución ha estado preocupada de agilizar este tema. El jefe de la División de Cobranza y Quiebras de la entidad estatal, Jaime Fuentes, explica que cerca del 30% de las patentes por no uso de derechos de agua que cobran cada año no se cancelan y deben ir a tribunales civiles para exigir el pago.

Luego, la Tesorería debe notificar al deudor mediante carta certificada, publicar el asunto en el Diario Oficial y también en un periódico de alta circulación. Si el titular del DAA no reclama el derecho de agua en los 30 días siguientes, el juez puede decretar su remate. Pero la entidad nuevamente debe publicar este proceso de subasta en un diario y en radio. “Son costos altos”, sostiene Fuentes.

Otro problema es que cerca del 21% de los DAA para remate no están inscritos en el Conservador de Bienes Raíces, documento que exigen los tribunales para proceder con la subasta.

De allí que la reforma al Código de Aguas incorporará cambios para agilizar los remates.

Uno de los ajustes más relevantes, explica el director general de Aguas, Carlos Estévez, es que la entidad que encabeza (DGA) podrá subrogar al dueño de los derechos no inscritos para registrarlos en el Conservador de Bienes Raíces. Así, la justicia podrá ordenar la enajenación con documentos oficiales.

Estévez comenta que existen especuladores que adquieren títulos de agua, no los inscriben en el Conservador y los mantienen por un tiempo en su poder hasta que cuando existe estrés hídrico los ponen a la venta.

Otra adecuación es que se liberará a la Tesorería de la obligación de publicar la subasta en el Diario Oficial y en un diario de circulación nacional, dejando solo la divulgación en un medio escrito provincial o regional.

La reforma también plantea la pérdida total o parcial de los derechos de agua si su titular no hace uso efectivo del recurso y no paga la patente. En el caso de los derechos consuntivos (agua que se usa y no se devuelve al cauce), el período de extinción será transcurridos cinco años, y en los no consuntivos (agua se utiliza y retorna al cauce) de 10 años.

Debido a este proyecto, en el sector agrícola ven que ahora este rubro sería visto como más riesgoso para la banca, al no contar con derechos de aguas perpetuos.

“Los propietarios pierden su patrimonio, dejamos de ser sujetos de créditos sólidos y se traspasa esa incertidumbre a la banca”, comenta Ricardo Ariztía, presidente de la SNA. El dirigente admite que si no logran revertir los puntos que inquietan al sector en la discusión en el Congreso, podrían recurrir al Tribunal Constitucional.

“Nosotros creemos que hay una actuación ineficaz por parte del Estado en los remates de aguas. Si fuera eficiente en ello, no sería necesario modificar la ley y no habría que ir un derecho temporal de 30 años”.
Fernando PeraltaPresidente de la CCCh.

Fuente: Economía y Negocios