Crece conflicto entre minera Pelambres y Cancillería por botadero en suelo argentino
Minera afirma que cumplió con los permisos de las autoridades chilenas, que le señalaron que estaba en territorio nacional.
El miércoles pasado el canciller argentino, Jorge Faurie, se reunió con el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, para tratar un tema que preocupa al gobierno de ese país: el botadero de la minera chilena Los Pelambres, que se extiende por más de 50 hectáreas en esa provincia trasandina.
Así lo comenta a “El Mercurio” el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado argentino, Julio Cobos.
El problema de ese extenso botadero, de más de 50 millones de toneladas, es que fue vertido en territorio argentino y no en territorio nacional.
No es primera vez que el canciller y el gobernador se reunían. Tras una cita el dos de julio, Faurie planteó: “Encontrar una solución a la situación planteada en territorio argentino por la escombrera de la minera chilena Los Pelambres constituye un tema de gran relevancia para el gobierno nacional”.
El tema, de hecho, fue abordado durante la cumbre del Mercosur en Mendoza entre el canciller Heraldo Muñoz y su par argentino, el 20 de julio.
En Los Pelambres -minera de Antofagasta Minerals, del grupo Luksic- aumenta la preocupación por un conflicto que se arrastra hace tiempo, pues la justicia argentina lleva adelante dos causas, una civil y una penal, interpuestas por Pachón -empresa filial de Glencore- contra la empresa chilena, lo que amenaza a sus ejecutivos.
El botadero se inició luego de su aprobación por parte de autoridades chilenas en 2004 y cesó su funcionamiento en 2011.
Según consta en las actas del Senado argentino, del 14 de septiembre de 2016, la Cancillería de ese país planteó que “en 2011, la compañía operadora de la minera El Pachón (Glencore) denunció que Los Pelambres había depositado escombros en sus terrenos, acumulando aproximadamente 50 millones de toneladas de material en una superficie de 51 o 52 hectáreas”.
Los Pelambres: “Este conflicto no es nuestra responsabilidad”
Los Pelambres afirma que cumplió con todos los requisitos que exigieron las autoridades chilenas, las que siempre le señalaron que se encontraban en territorio nacional.
“Los Pelambres construyó y operó el botadero Cerro Amarillo cumpliendo todas y cada una de las normas legales, mineras y ambientales correspondientes, ya que las autoridades chilenas nos otorgaron todos los permisos necesarios para hacerlo”, dice el presidente del directorio, Francisco Veloso.
Y enfatiza: “Este conflicto no es de nuestra responsabilidad, ya que sólo hicimos lo que nos fue autorizado. Por eso, nos parece injusto que se nos acuse ante la justicia argentina de haber instalado un depósito de roca en territorio que no era chileno. Siempre actuamos bajo el convencimiento que estábamos en Chile, porque eso es lo que indicaban los permisos que recibimos, basados en cartografía vigente en 2004”. (Ver entrevista)
Quienes han seguido el caso desde la minera afirman que la compañía actuó de acuerdo a la cartografía oficial vigente -del Instituto Geográfico Militar- cuando solicitaron los permisos y se inició la construcción del botadero en 2004, correspondiente al año 1996.
Sin embargo, plantean que cuando la cartografía fue modificada en su versión impresa, en el año 2007, esa modificación no fue publicada ni les fue informada. Solo en 2011, señalan, supieron de ese cambio (ver mapa). Por lo tanto, afirman, este no es un problema entre empresas privadas, sino que deben intervenir ambos Estados.
Cancillería: “Conflicto entre privados”
La Cancillería chilena, sin embargo, dice otra cosa. “Se trata de un conflicto entre privados. El tema es de interés primordial para las empresas y como Cancillería tenemos que resguardar el excelente nivel de las relaciones bilaterales alcanzado con Argentina y de su proyección futura. Podemos coadyuvar al encuentro de una solución práctica, en eso estamos trabajando, sin perder de vista nuestro objetivo principal”, señaló por escrito Relaciones Exteriores a “El Mercurio”.
Frente a la explicación de la empresa, la Cancillería, en su respuesta, no se pronuncia respecto de un eventual error en la cartografía y permisos entregados por el Estado de Chile a la minera.
“No nos vamos a pronunciar sobre esos planteamientos de la minera y la posición del gobierno de Chile es bien conocida en cuanto a que el límite entre Chile y Argentina, en ese lugar, está establecido en un tratado de 1881. Estamos concentrados en facilitar la definición de una solución que sea práctica por parte de los privados, teniendo presente las singularidades de esta situación”, afirman.
Respecto de las gestiones realizadas por Cancillería señalan: “Hemos sostenido conversaciones en las que se ha comprobado un alto grado de convergencia sobre una solución práctica a ser acordada e implementada por los privados, con el apoyo y colaboración que ambos gobiernos puedan aportar”.
Pese a ello, la controversia con la minera se mantiene.
Fuente: Economía y Negocios
