Corfo escala conflicto tras negativa de SQM a entregar contratos de hermanos Ponce

20 junio, 2018
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“Respuesta de SQM ha sido insuficiente, y por eso es que hemos enviado tres oficios, uno nuevamente dirigido a SQM, otro al directorio de SQM y otro al Grupo Pampa”, dice la fiscal de Corfo.

Lejos de aplacarse, la polémica por el ingreso de Julio y Eugenio Ponce Lerou a SQM en calidad de asesores del directorio sigue creciendo.

Corfo, organismo encargado de fiscalizar el acuerdo alcanzado en diciembre de 2017 con la minera no metálica por una parte, y con Pampa Calichera por otro, relativo a la explotación del Salar de Atacama y al gobierno corporativo de la firma, solicitó el pasado 7 de junio las actas del directorio en el que se acordó el ingreso de los hermanos como asesores, así como los contratos respectivos, antecedentes que fueron negados por la empresa.

La compañía argumentó en su respuesta que el acuerdo relativo con los Gobiernos Corporativos de SQM, de 18 de diciembre de 2017, no fue suscrito por SQM, y por ello la sociedad no tiene obligaciones en relación al mismo.

Además, explican que el rol fiscalizador de Corfo respecto del Acuerdo Corfo-Pampa y las obligaciones que dicho acuerdo contempla, debiera dirigirse a las sociedades obligadas bajo dicho acuerdo, es decir las sociedades controladas de Julio Ponce.

De hecho, indica Patricio de Solminihac en su respuesta, que no están de acuerdo con la solicitud de Corfo en la que señala que el acuerdo Corfo-Pampa forma parte de las modificaciones del contrato de arrendamiento del salar de Atacama, porque los contratos Corfo-SQM (sobre la explotación del Salar) no contemplan que la sociedad tenga obligaciones respecto al Acuerdo Corfo-Pampa, que es relativo a los compromisos relacionados con gobierno corporativo, como que Julio Ponce no podía ocupar cargos administrativos ni en el directorio o que las restricciones para el voto dirimente del presente de la mesa directiva.

A la vez, SQM explicó que los contratos con los hermanos Ponce Lerou no han sido negociados todavía en su integridad y por ello no han sido suscritos.

Ante la negativa, Corfo decidió insistir ante todas las instancias. María Elina Cruz, fiscal suplente del organismo, señala que “la respuesta de SQM ha sido insuficiente, y por eso es que hemos enviado tres oficios, uno nuevamente dirigido a SQM, otro al directorio de SQM y otro al Grupo Pampa, solicitando nuevamente el detalle y los términos de la asesoría de Julio y Eugenio Ponce Lerou a SQM. Como Corfo no vamos a descansar en fiscalizar y conocer el detalle de esas contrataciones para velar porque el acuerdo entre esta institución y SQM no se incumpla ni en una coma, y para aquello requerimos esta información”.

Así, el organismo reiteró a Patricio de Solminihac, gerente general de SQM, los contratos de asesoría estratégica suscritos entre la compañía y Julio y Eugenio Ponce, y las actas de directorio en las que aprueban tales contrataciones.

Pero, a la vez, solicitó la misma información a Patricio Contesse Fica, director ejecutivo de Pampa Calichera, y Ricardo Moreno, gerente general de la sociedad. Adicionalmente les exigió proveer toda otra información relacionada que tengan en su calidad de accionistas, con el objetio de verificar el cumplimento de las obligaciones contraídas en el acuerdo relativo a las materias de gobiernos corporativos de SQM.

La polémica por el ingreso de Julio Ponce, ex presidente de la compañía, se produce justamente porque el acuerdo alcanzado con Corfo establecía que no podía volver al directorio de la firma, y que ningún integrante de la familia Ponce, hasta segundo grado de consanguinidad, podría tener cargos directivos ni ejecutivos en SQM hasta 2030, fecha en la que expira el nuevo contrato de extracción de litio del Salar de Atacama.

El pasado 6 de junio, SQM detalló a la Comisión para el Mercado Financiero que los contratos de asesoría de los hermanos Ponce Lerou tendrán una duración de un año, renovables automáticamente.

Junto con ello, la empresa indicó que las asesorías deberán cumplir con el Código de Ética y políticas anticorrupción de la empresa, además de las leyes anti soborno, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y receptación que hay tanto en Chile como en EEUU.

Fuente: La Tercera

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