Contraloría impugna indemnizaciones pagadas por la Enap a ex trabajadores
La empresa llegó a acuerdos extrajudiciales con esos empleados, lo que supuso desembolsos que no se ajustaron a derecho, según el ente contralor. La compañía asegura que actuó recogiendo las recomendaciones que se plantearon en las instancias de mediación en la Inspección del Trabajo.
La Contraloría General de la República, nuevamente le sale al camino a la Enap por materias laborales.
Si en 2016 el organismo fiscalizador investigó viajes a Ginebra de un grupo de ejecutivos y dirigentes sindicales de la Enap, pagados por la compañía, ahora emitió un dictamen en que cuestiona directamente las indemnizaciones que la empresa paga a algunos de sus ex trabajadores.
Coincidentemente, el mismo dictamen de la Contraloría relativo a cinco despidos ocurridos en 2015 terminó por adquirir tintes políticos y salpicar al ex gerente de Relaciones Laborales de la estatal Osvaldo Badenier -hermano del ex ministro del Medio Ambiente Pablo Badenier-, quien fue despedido en enero de 2017 (después de diez años trabajando en esa empresa), la misma semana en que fue elegido como uno de los vicepresidentes de la Democracia Cristiana (ver recuadro).
Todo parte con una denuncia anónima
La historia se inicia el 22 de febrero de este año, cuando la Contraloría -atendiendo una denuncia anónima- emitió un dictamen en que determina que las indemnizaciones pagadas por la empresa a cinco trabajadores, desvinculados en diciembre de 2015, no se ajustaron a derecho.
En esos casos, la empresa acordó con los trabajadores el pago de las indemnizaciones legales, incrementadas en aproximadamente 30%, asumiendo, ex ante , el costo de que esos trabajadores reclamaran ante tribunales y que un juez determinara que los despidos fueron injustificados.
El problema, según la Contraloría, es que la Enap no tiene atribuciones para llegar a acuerdos extrajudiciales que supongan un daño a su patrimonio, y que en su lugar debe defenderse en tribunales, lo que la empresa no hizo.
Pero incluso en el caso de aceptarse la negociación extrajudicial, la Contraloría indicó en su dictamen que, en estos cinco casos, no hubo renuncias parciales de las pretensiones económicas por parte de los trabajadores, elemento propio de una transacción. “Les han incorporado todos los conceptos a que podría ser sentenciado el empleador (…) Los pagos revisados no se ajustaron a derecho, por lo que corresponde que Enap adopte las medidas necesarias para dar estricto cumplimiento al ordenamiento jurídico”, ordenó la Contraloría en esa oportunidad.
Consultada la estatal sobre cuál fue el costo económico que asumió al pagar estas indemnizaciones, declinó entregar cifras. Tampoco estuvo disponible para revelar en cuántos casos -aparte de los cinco denunciados- había aplicado este mecanismo de indemnizaciones.
Un problema adicional -indican fuentes al interior de la compañía- es que el mismo día en que la Contraloría emitió el dictamen, la Enap volvió a acordar una indemnización por encima de lo legal y nuevamente lo hizo ante la Inspección del Trabajo, sin defenderse en tribunales. Según consta en el Acta de Comparendo de Conciliación a la que concurrieron Osvaldo Badenier y la empresa -instancia que se realizó ante la Dirección del Trabajo el 22 de febrero de 2017-, las partes acordaron el pago de una indemnización de $42 millones, que debía pagarse hasta el 3 de marzo en dependencias de la empresa.
Es decir, el pago se acordó el mismo día del dictamen y su ejecución se realizaría hasta nueve días después. Dicho monto se ubica $20 millones aproximadamente por encima de lo que le hubiera correspondido a este ejecutivo si se hubiera aplicado la regla general de un mes por año de servicio.
Consultado sobre el tema, Badenier dijo que él fue despedido el 9 de enero de 2017 y que no tenía cómo conocer la existencia del dictamen de Contraloría.
Aunque la Enap conocía la existencia de una investigación sobre esta materia, indicó a través de una declaración por escrito que el dictamen recién les fue notificado el 1 de marzo de 2017, prácticamente 10 días después de que se había realizado la audiencia de conciliación en la Dirección del Trabajo por el despido de Badenier.
“Antes de su notificación, nuestra empresa no tenía conocimiento alguno del dictamen de la Contraloría y, tras dicha resolución, nuestra empresa ha dictado un procedimiento que impide transitoriamente la celebración de transacciones extrajudiciales ante la Dirección del Trabajo”, afirman en la Enap.
En la empresa estatal agregan que la administración de la compañía presentó un recurso de reconsideración ante la Contraloría, con el objeto de revertir su pronunciamiento, lo que a la fecha se encuentra en plena tramitación.
La Enap no estuvo dispuesta a informar en cuántas ocasiones ha llegado a este tipo de acuerdos con sus trabajadores o ejecutivos. Sin embargo, aseguró que estas transacciones extrajudiciales no constituyen una política de la empresa, sino que se analiza caso a caso y que se hace un análisis legal que tiene como objetivo cuidar los recursos del Estado, considerando las recomendaciones que hacen los mediadores de la Dirección del Trabajo.
¿Enap ha ganado algo con estas transacciones extrajudiciales? El dictamen de la Contraloría indica que las indemnizaciones negociadas incorporan todos los conceptos a los que podría ser sentenciada la empresa en caso de perder un juicio. Pero en la estatal aseguran que la empresa “nunca ha pagado ex ante la misma suma que arriesgaría en caso de perder un juicio”.
“En los casos citados existió un riesgo inminente de una denuncia por vulneración de derechos fundamentales, exponiendo a Enap a las importantes sanciones que contempla nuestra legislación en caso de interponerse y acogerse una denuncia de esa naturaleza bajo el procedimiento de tutela laboral o daño moral. Nuestra empresa recogió las recomendaciones que se plantearon en la instancia de mediación en la Inspección del Trabajo”, dijeron en la estatal.
¿La principal amenaza que se buscó evitar? Pasar a engrosar la lista de empresas sancionadas por tutela de derechos laborales, lo que implica, incluso, la imposibilidad de celebrar contratos con el fisco.
Fuente: Economía y Negocios
