Codelco: Hacienda acusa giro en criterio de Contraloría y alerta por retraso de proyectos

20 julio, 2017
Codelco

(Foto: Codelco)

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Indicó que la vía judicial no está descartada y, de hecho, el directorio de la minera está más inclinado a resolver la controversia en los tribunales.

Un apoyo importante recibió Codelco en su disputa con Contraloría y provino de uno de los representantes de su dueño (el Estado) en las juntas de accionistas, el Ministerio de Hacienda. El titular de la cartera, Rodrigo Valdés, apoyó la tesis de la minera sobre un cambio de criterio del organismo fiscalizador y alertó sobre los impactos que esto generaría en las firmas públicas.

Tras asistir a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre el uso de recursos públicos en Codelco, el secretario de Estado comentó que la minera cuenta con una ley específica de gobierno corporativo, que primaría por sobre normas anteriores. Contraloría cuestionó contratos con partes relacionadas y una indemnización millonaria a un ex director. El organismo, dirigido por Jorge Bermúdez, ha planteado que en ciertos casos se debe aplicar la Ley de Compras Públicas, mientras que en Codelco señalan que deben regirse por la Ley de S.A.

“Cuando uno le superpone un set de normas distinto, hecho para una lógica de gobernanza distinta, le pone más candados al tema, pero esos candados no son gratuitos, en el sentido de que la superposición de regulaciones hace al final que haya cosas que salgan o más caras o más demoradas”, señaló Valdés.

Agregó, a modo de ejemplo, que si se define una estructura de compras “más robusta” para un proyecto grande de Codelco que estará operativo en 20 años más, eso podría implicar que la producción se retrase en un año. “Hay que hacer un balance bien cuidadoso, porque estos candados que estamos poniendo, que pueden ser muy útiles, pueden terminar siendo carísimos si es que al final del día se demora todo un año más”, comentó.

Sobre lo planteado por la Contraloría, Valdés estimó que se trata de “un cambio de criterio importante, que no había pasado antes”, y que como ministro también ha podido apreciar en el caso de Metro y Enap. “Veo, además, un camino hacia meterse en el mérito de algunas decisiones, que también es completamente discutible”, opinó.

Advirtió que la diferencia de criterios en cuanto a la aplicación de la Ley de Compras Públicas puede generar incertidumbre en contratos vigentes, “que se asignaron de buena fe por la empresa bajo un conjunto de reglas”, mientras que hacia adelante, dijo que podría haber “más bien costos de eficiencia por aplicar un set de reglas que está pensado para una estructura de gobierno corporativo distinta a la de una empresa”.

Añadió que la vía judicial no está descartada y, de hecho, el directorio de la minera está más inclinado a resolver la controversia en los tribunales.

Fuente: El Mercurio

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