Revista Nueva Minería

Especialistas dicen que no resulta claro por qué se pide esto en una materia que la ley no lo exige.

Como ha sido la tónica en los últimos años, el regulador del mercado financiero ha estado arriba de las distintas decisiones relevantes que se toman en SQM, una de las principales mineras no metálicas del mundo.

Y ante el cambio en los estatutos que pidió realizar Grupo Pampa, para garantizar que ningún accionista tome el control de la empresa hasta 2030, año que termina el contrato con Corfo en el Salar de Atacama, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) abrió los fuegos a través de un oficio.

Después de realizar una primera solicitud, el 13 de abril, para que la empresa pusiera a disposición de los accionistas “los documentos o antecedentes que fundamenten la señalada modificación”, el martes el regulador subió sus aspiraciones.

Además de insistir en que el directorio ponga a disposición de los accionistas los fundamentos de la decisión sobre la que tendrán que opinar en la junta, la CMF pide a la mesa “un pronunciamiento respecto a si la propuesta de modificación estatutaria contribuye o no al interés social, lo cual deberá ser informado a este servicio en forma previa a la celebración de la citada junta de accionistas”.

Aunque en la industria hay dudas sobre si corresponde pedir esto en una operación de cambios de estatutos, ya se ha utilizado en situaciones similares, como en el aumento de capital que propuso en 2012 Enersis, cuando en un oficio hizo ver que el directorio no se pronunció respecto de si la operación cumplía con el interés social, aunque en ese caso era una Operación con Partes Relacionadas (OPR).

En este caso, al no haber una transacción, no sería una OPR que amerite dichos pronunciamientos. Otros creen que esto podría estar dado porque implicará un cambio en la situación de control de la compañía, dado que ningún accionista podrá ejercerlo si se concreta la propuesta.

Pampa Calichera propuso a comienzos de abril incorporar una cláusula transitoria donde se establece que si dos o más accionistas, relacionadas o no entre sí, con o sin pacto de actuación conjunta, adquieren una cantidad de acciones de la serie A que les permita el ejercicio del derecho a voto efectivo por más del límite de 37,5% que tiene autoimpuesto la sociedad, cualquier otro accionista que tenga más de ese porcentaje podrá igualar a este primer grupo.

Interés social
En la industria hay dos visiones sobre el punto. Una, apunta a que el directorio debe dar a conocer los fundamentos que la llevaron a tomar la decisión de citar a junta, que apunta a evaluar el mérito que en este caso hizo un accionista.

Superado eso, dado que el directorio se debe al interés de todos los accionistas, tendrían que tomar una postura respecto de si es beneficioso para la compañía.

Hugo Caneo, abogado y director del área de Gobierno Corporativo y Mercado de Capitales la FEN de la Universidad de Chile, explica en primer término que el regulador puede “solicitar aclaraciones de información, si es que la misma no es suficiente o confusa o se presenten circunstancias similares”.

Pero, respecto a si los directores deben manifestar su opinión, señala que “la CMF no hace referencia a una resolución fundada para tal efecto, conforme dispone el artículo 47 de la Ley de Sociedades Anónimas, y que autoriza a la SVS para tal efecto, por lo que no resulta claro por qué se solicita ese pronunciamiento, en una materia que no lo exige. Más aún si se trata del ejercicio legal de un derecho de los accionistas que representen al menos un 10% de las acciones con derecho a voto”.

Cercanos a la compañía también estiman que es un tema que no deberían manifestar postura, no obstante la CMF estableció en su oficio que la mesa presidida por Eugenio Ponce debe poner estos antecedentes a disposición de todos los acciones antes de la junta extraordinaria, el próximo viernes 27 de abril.

¿Qué pasa si la mesa de SQM no cumple? La CMF siempre tiene la facultad de suspender una actividad como esta, aunque aún es pronto para determinar el riesgo, dado que la mesa de la minera no ha emitido un pronunciamiento ni a favor, ni en contra de la solicitud del regulador.

Eugenio Evans, abogado del estudio Cubillos Evans, dice que la solicitud puede parecer un poco absurda, porque “la ley prohíbe a los directores proponer modificaciones de estatutos y acordar emisiones de valores mobiliarios o adoptar políticas o decisiones que no tengan por fin el interés social. Así, no veo el sentido de esa solicitud ni menos podría darse una respuesta que señalara que la modificación de estatutos no tiene por objeto el interés social, a menos que los directores, a sabiendas, pretendan infringir la ley”.

Fuente: Diario Financiero