Revista Nueva Minería

Estudio señala que los problemas de acceso en generación son principalmente debido a la oposición medioambiental, de las comunidades y la consiguiente judicialización de los proyectos, entre otros aspectos. 

Las dificultades principales que enfrentan los actores entrantes para instalar proyectos de generación que aportan energía de base es la oposición medioambiental, de las comunidades y la consiguiente judicialización de los proyectos. A ellas, se agregan dificultades de acceso debido a problemas en transmisión, generación, distribución y regulatorios.

Así, lo determina el estudio “Promoción de la competencia en el sector eléctrico”, realizado por el ingeniero civil matemático y académico de la Universidad de Chile Ronald Fischer para el centro de estudios Espacio Público, cuyo objetivo era entregar un diagnóstico y una serie de propuestas para mejorar el acceso al mercado eléctrico de nuevas empresas de generación, incentivando la competencia en el sector.

Al respecto, señala el estudio, que el sistema eléctrico chileno ha apostado por la competencia entre generadores para abastecer a los hogares y a las empresas de energía a un costo razonable. Sin embargo, indica, los altos precios de la energía eléctrica hoy y en el futuro previsible ponen en riesgo el potencial de crecimiento del país y reduce el bienestar de los ciudadanos.

“Los altos precios actuales parecen deberse más bien a retrasos en la entrada de obras nuevas (transmisión y generación de bajo costo) que a maniobras anticompetitivas de los actores presentes en el mercado. Esto no significa que conductas anticompetitivas no estén afectando este mercado, sino que los costos actuales de energía podrían exceder los que serían eficientes incluso para una empresa dominante”, indica.

Es por lo tanto importante, agrega el estudio, analizar las causas que provocan los retrasos en las obras nuevas, pese a que podrían no ser consecuencia de falta de competencia. “La opinión pública rechaza la aprobación de centrales que usan ciertas tecnologías. Por ejemplo, el carbón, incluso cuando las centrales cuentan con medidas de abatimiento avanzadas que no deberían tener consecuencias importantes sobre el entorno. Incluso cuando estas centrales han sido aprobadas por los procedimientos medioambientales, son detenidas tras la judicialización o porque provocan protestas con impacto político”.

Y añade: “El problema, desde el punto de vista de los costos de la energía, se amplifica por la incertidumbre sobre la fecha de su puesta en servicio, y si esta ocurre. Esto impide la entrada de otras unidades -como una de ciclo combinado- que sería más aceptable para el público, pero que no entra ante la posibilidad de que finalmente se apruebe la construcción de la central a carbón. El retraso en la construcción de alternativas es el que eleva los precios en este caso”.

Cita que entre las barreras a la competencia en el área de la generación destacan las dificultades en la aprobación de estudios ambientales para algunas tecnologías; los problemas para adquirir terrenos a bienes nacionales para proyectos ERNC; la manipulación de la entrada de algunas centrales y de las características de algunas centrales; el manejo de los precios del GNL; la falta de alternativas al fin de los contratos, no es claro que todas las centrales a las que se les paga potencia puedan funcionar en forma continuada, y el uso estratégico de un recurso como derechos de aguas.

Conclusiones

Las propuestas principales del estudio “Promoción de la competencia en el sector eléctrico”, para mejorar el acceso al mercado eléctrico de nuevas empresas de generación, se relacionan con la reducción en la actual ambigüedad regulatoria que beneficia a las firmas establecidas en el sector y limita la entrada. “En particular, es importante reducir la influencia de los actuales participantes en el sector en el diseño e implementación de la normativa”, destaca.

Para ello, recomienda que los Centros de Despacho Económicos de Carga (CDEC) incorporen el hecho que “su rol no es ser miope en minimizar el costo de corto plazo (sujetos a las obligaciones de seguridad y calidad de servicio), sino también el de largo plazo, y que para ello es esencial asegurar el acceso al mercado”.

“Esto también requiere que los organismos del sector, CDEC y Superintendencia de Electricidad Combustible (SEC), consideren al discutir cambios a la normativa o a su implementación, sus efectos sobre la competencia. Esto significa que se deben evaluar las contribuciones de las empresas del sector a la discusión de los reglamentos y de su implementación, considerando el impacto que podrían tener sobre la competencia en el sector”, precisa el estudio.

Asimismo, aconseja establecer un solo grupo de condiciones -incluyendo la provisión proporcional de servicios complementarios- para conectarse a la red, independientemente de la tecnología. “Las unidades que se conecten deben proveer los servicios complementarios que les corresponden, acaso contratándolos en el mercado”.

En cuanto a la transmisión, recomienda, en general, seguir las sugerencias de la propuesta en orden a crear un sistema de transmisión con holguras que contribuyan a la entrada de nuevos participantes en el mercado. En particular, concuerda con la propuesta en la reformulación del concepto de troncal, la reasignación de los peajes a los clientes, el uso del mecanismo de expropiaciones en vez de servidumbres, el uso del VPI y el concepto de línea adicional de interés público.

“Se debe evaluar si es conveniente, para asegurar la competencia en generación, forzar la entrada de nuevos actores impidiendo que los principales operadores actuales puedan participar en algunas de las licitaciones de suministro de clientes regulados del SIC”, indica.

En lo referido a derechos de agua, el estudio sugiere que los derechos de agua no consuntivos paguen contribuciones relacionadas con el valor económico del proyecto que potencialmente se construiría y que los ingresos permanentes provenientes de estos derechos se dividan entre la comunidad adyacente y la región en la que se inscribe.

“Es importante señalar que las medidas propuestas no tendrán efectividad sino cuando se resuelvan los problemas que enfrentan los proyectos de energía de base debido a la oposición ambiental, de grupos originarios o de las localidades cercanas a los proyectos. Reducir esta oposición depende de la efectividad de las propuestas contempladas en otros documentos de esta serie. Mientras estas propuestas no se implementen y demuestren su efectividad, un entrante enfrenta demasiado riesgo al participar con un proyecto de energía de base”, concluye.

Fuente: El Mercurio