Revista Nueva Minería

A fines de 2018 se hizo oficial la creación de una nueva entidad estatal que sucedió de manera definitiva al histórico Centro de Investigación Minera y Metalúrgica, CIMM. El gobierno lo llamó “fusión”, ya que suponía crear una nueva institucionalidad –Corporación Alta Ley- como fruto de la unión de dos organismos ya existentes: el Programa Nacional de Minería Alta Ley y el propio CIMM.

Por Camila Morales y Joaquín Ruiz

Revista Nueva Minería y Energía

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Creada a fines de 1970 como consecuencia del proceso de nacionalización de la gran minería del cobre, el histórico Centro de Investigación Minera y Metalúrgica, CIMM dejó una marca destacada en la minería nacional.

Una huella que hoy es recordada con cierta nostalgia por la gran cantidad de profesionales, investigadores y ex ejecutivos que pasaron por sus oficinas y laboratorios en los casi 50 años que alcanzó a funcionar.

En estricto rigor, sólo operó hasta inicios de esta década, cuando el (primer) gobierno del entonces Presidente Piñera decidió cerrar el CIMM, el año 2013, argumentando que ya no cumplía con los objetivos de su creación.

No obstante, con la llegada de Michelle Bachelet al gobierno en 2014 se detuvo su cierre. La idea –según se señaló en su momento- era recuperar un centro para la investigación minera que fuera liderado por el Estado. En ese proceso, el CIMM incluso llegó a reactivar su consejo directivo y contratar a un grupo de investigadores para iniciar una nueva etapa de desarrollo.

Pero el futuro de la entidad tomó otro camino. Una vez iniciado el segundo mandato de Sebastián Piñera, el gobierno sorprendió con el anuncio de una “fusión” entre el CIMM y el Programa Nacional de Minería Alta Ley. La nueva entidad, llamada ahora Corporación Alta Ley, es liderada por el Ministerio de Minería y está conformada por un directorio con representantes del mundo público y privado.

“En la práctica el CIMM asumió institucionalmente los desafíos y roles que se establecieron para el Programa Alta Ley, que originalmente creó Corfo con la cooperación del Ministerio de Minería y de Economía, y de compañías mineras, proveedores y universidades”, explica Mauro Valdés, presidente ejecutivo de la nueva entidad.

Ello significó una reforma de estatutos del CIMM para convertirlo en Corporación Alta Ley, cambiando sus objetivos, su gobernanza y los miembros de su directorio.

“La nueva organización ya no es un ‘centro de investigación’, sino un ente orquestador del ecosistema de innovación minero”, agrega Valdés, quien lideró el Programa Nacional de Minería Alta Ley previo a la fusión.

Nueva entidad, nuevos objetivos

Tras el lanzamiento de la Corporación Alta Ley en diciembre pasado, hubo ciertas dudas entre algunos ex miembros y directivos del centro de investigación sobre los verdaderos motivos que llevaron al gobierno a eliminar la marca “CIMM” y a optar por esta fórmula de la fusión.

Pese a que no han querido referirse públicamente a estas dudas, argumentando que es mejor esperar los resultados de esta fusión, tanto desde el gobierno como desde la propia Corporación Alta Ley defienden la medida. Señalan que era un paso necesario, en línea con la meta principal de “exportar minería y no solo minerales”, buscando contribuir, a través de la industria minera, a la diversificación y sofisticación productiva del país.

En los esfuerzos por alcanzar este propósito, ¿qué programas, áreas, labores o proyectos de Minería Alta Ley y el CIMM se continuarán desarrollando con la fusión?

Mauro Valdés explica que se desarrollarán las tareas que se ha impuesto Alta Ley: mantener viva la Hoja de Ruta de la minería nacional con actualizaciones periódicas. Para ello se difundirán los desafíos que enfrenta el sector “para empujar la innovación abierta, articular a los actores que puedan proponer soluciones a esos desafíos y supervisar los proyectos y programas que se desarrollen al amparo de ella, con objeto de fortalecer la productividad de la minería en Chile”, según comenta el representante de la Corporación.

Respecto al CIMM, Valdés explica que están analizando las condiciones para la continuidad de su laboratorio, “que ha prestado históricamente importantes servicios en el ámbito regulatorio internacional”.

“La institucionalidad y recursos que aporta el CIMM (…) vienen a cristalizar algo que se ha incubado por más de una década en el sector, y permiten revivir -en una lógica moderna- aspiraciones parecidas a las que inspiraron su creación”, agrega Valdés.

En este sentido, el presidente ejecutivo de Corporación Alta Ley indica que fue relevante la reforma de estatutos del CIMM, “su cambio de directorio y la creación del Consejo Estratégico que es el foro más extendido de discusión de prioridades y coordinación de actores”, asegura.

Mauro Valdés, presidente ejecutivo de la Corporación Alta Ley. (Foto: Revista NME)

Los cambios impulsados por el gobierno también afectaron la estructura y representación del nuevo directorio de la Corporación Alta Ley que reemplazó al Consejo Directivo que dirigía al CIMM. Sólo cinco de las nueve representantes de instituciones que tenía el antiguo centro de investigación se mantuvieron: Ministerio de Minería, Corfo, Codelco, Conicyt y el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh).

La reestructuración eliminó del directorio a los representantes de Enami, Cochilco, y el Ministerio de Planificación y Cooperación, mientras que sumó a entidades gremiales como Sonami, Consejo Minero, Aprimin y Corproa.

Para Ramón Rada, representante del IIMCh en el nuevo directorio, los cambios van en línea al actual contexto de la actividad, donde participa activamente la academia, el mundo privado y público.

“Mis expectativas son positivas respecto a esta fusión. El aporte que pueda realizar la Corporación en el impacto productivo es sumamente importante, porque va a salvaguardar el espacio natural de desarrollo para los profesionales. Y es ahí donde el IIMCh va a apoyar toda iniciativa que vaya en línea con hacer crecer el desarrollo tecnológico de la industria”, agrega Rada.

De esta manera, bajo una fórmula de fusión nace la Corporación Alta Ley, la cual, por medio del trabajo colaborativo, espera contribuir para superar los desafíos de la industria. Pues, tal como señala Mauro Valdés, “la minería en Chile está entrando en una etapa mucho más compleja que lo que hemos visto hasta aquí. Muchos de sus desafíos pueden tener respuesta en soluciones compartidas”.

Segunda generación de proyectos

Actualmente la Corporación Alta Ley maneja un portafolio de proyectos y programas que están en ejecución, tales como Expande (plataforma de proveedores), Eleva (capital humano técnico) y los centros de pilotaje. Pero, ¿qué vendrá después? Mauro Valdés señala que se encuentran en la fase final de la revisión de la Hoja de Ruta, que debiera desencadenar una segunda generación de proyectos a los cuales hay que buscarles financiamiento.

“Entre estos proyectos está especialmente el nuevo núcleo de Minería Verde, que apuntará especialmente a una minería baja en emisiones y cuya bajada es ampliamente coincidente con el Instituto de Transición Energética y Minería Baja en Emisiones que está en fase de licitación por Corfo”, detalla Valdés.