Revista Nueva Minería

La mina de oro El Indio cerró sus faenas a mediados de 2002. (Foto: Ministerio de Minería)

En un país minero como Chile, velar por el resguardo del medio ambiente y la salud de las personas se ha vuelto un tema transversal, tanto para la industria como para las autoridades. En este sentido, la promulgación de la ley que regula el cierre de faenas mineras fue celebrada como un primer paso necesario para avanzar en esa dirección. Pero especialistas coinciden que aún hay otras materias pendientes.

Camila Morales
Revista Nueva Minería y Energía
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Evitar impactos posteriores en el entorno. Ese es uno de los objetivos de la Ley 20.551 que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras desde noviembre de 2012, fecha a partir de la cual las compañías mineras han debido regular las externalidades negativas que conlleva la explotación de minerales, e incorporar nuevas medidas como un elemento más del negocio.

De esta manera, la nueva regulación busca revertir la ausencia de una garantía financiera para asegurar al Estado el cumplimiento de las medidas de cierre comprometidas por las empresas, además de impedir la generación de faenas mineras abandonadas.

Aunque ha transcurrido poco tiempo desde la implementación de la ley, las compañías ya han debido trabajar en sus planes de cierre para posteriormente presentarlos a Sernageomin, entidad que regula esta normativa y que ya posee un cálculo de las empresas que han presentado el plan de culminación de actividades y la valorización de aquel proceso.

“Hasta la fecha, de las faenas sujetas al procedimiento de aplicación de la ley, vale decir, faenas cuya capacidad de extracción sea superior a 10.000 toneladas brutas mensuales, han presentado para la aprobación de su Plan de Cierre 150 faenas. De este total, 94 planes de cierre han sido aprobados, estando el resto en proceso de evaluación, rechazados o desistidos”, detalla Hugo Rojas, subdirector Nacional de Minería del Sernageomin.

Apreciaciones de la ley

Luego de que en 2012 entrara en vigencia esta normativa, los proyectos que ya se encontraban en operación tuvieron la oportunidad de acogerse a un régimen transitorio hasta noviembre de 2014. En este período, las compañías realizaron una valorización de su plan de cierre, un informe de vida útil de la operación y constituyeron una garantía a favor del Estado.

Para los actores que forman parte del sector, la entrega de estos antecedentes ha significado un avance, pese a que esta medida impacte directamente al costo de los proyectos mineros. En la opinión de Raúl Espinace, académico de la Universidad Católica de Valparaíso (UCV) y director Ejecutivo de Geotecnia Ambiental, esta normativa es un paso importante para el país.

“La ley está siendo muy importante para el futuro cierre de las faenas en operación. No obstante, su correcto tratamiento dependerá que el Sernageomin haga prevalecer y exija adecuados estándares a las soluciones de los riesgos levantados, y el país implemente innovaciones y nuevas tecnologías que se requieren para tal fin”, explica.

En este contexto, las valorizaciones de los planes de cierre de las operaciones cobran relevancia para la industria. De acuerdo a datos entregados por Sernageomin, “los planes de cierre aprobados a la fecha, suman un monto de casi UF 291 millones en costos de cierre, además de UF 6,2 millones destinados al post cierre, valores que deben ser constituidos por las empresas de acuerdo a la gradualidad y los plazos establecidos en la ley”.

Respecto a este punto, Lilian Valdebenito, consultora senior del área de Geoquímica y Cierre de Minas en SRK Consulting, afirma que como aún esta regulación es muy nueva, es difícil sugerir modificaciones. “Sin embargo, los esfuerzos del Estado deberían apuntar a seguir desarrollando y/o actualizando las diferentes herramientas que existen, y con esto ir aumentando el nivel técnico con que se planifican los cierres de las faenas”, asegura.

Detectando falencias

Pese al avance que ha significado la implementación de una ley que busca resguardar el cuidado del medio ambiente y de las personas, aún existen desafíos pendientes a juicio de los entrevistados. Para el académico de la UCV, los principales desafíos están en la realización de proyectos con estudios de diagnóstico más profundos.

Los planes de cierre aprobados a la fecha por Sernageomin suman un monto de casi UF 291 millones en costos de cierre, además de UF 6,2 millones destinados al post cierre. (Foto: Ministerio de Minería).

La idea es que estos estudios permitan determinar con mayor certeza los verdaderos riesgos asociados a la estabilidad física y química de las faenas y principalmente de sus instalaciones remanentes, donde destacan los depósitos masivos y principalmente los de relaves. “Para ello será fundamental la aplicación de las mejores prácticas disponibles y las guías de estabilidad física y química, que el Sernageomin está poniendo a disposición”, precisa Espinace.

Respecto a este tema, el subdirector del Sernageomin asegura que el servicio está trabajando “de manera permanente” en la creación y mejora de los instrumentos de apoyo para la aplicabilidad de la ley, tales como las guías metodológicas para la presentación de planes de cierre y para la evaluación de riesgos, guías de criterios técnicos como la guía de estabilidad química y la de estabilidad física, ésta última actualmente en desarrollo.

“Todo ello contribuye a la estandarización de los criterios para la aplicación de la Ley”, destaca Hugo Rojas.

Sumado al perfeccionamiento de los instrumentos de apoyo, Lilian Valdebenito afirma que “más allá del cuerpo normativo, el desafío para la industria minera es identificar y abordar los aspectos claves del cierre de una faena desde etapas tempranas del proyecto. Un cierre planificado adecuadamente desde el inicio permite optimizar recursos y minimizar dificultades técnicas y económicas al momento de ejecutar las obras de cierre”.

Por su parte, el subdirector Nacional de Minería del Sernageomin revela que entre los problemas detectados durante la evaluación, se puede mencionar el desarrollo insuficiente de los contenidos del plan de cierre que no permiten un acabado entendimiento, además de omisión de información relevante para su evaluación y diferencias para el cálculo de la vida útil de la faena.

“Uno de los factores relevantes es que las empresas mineras internalicen aún más el espíritu de la ley, que se refiere a asegurar la estabilidad física y química en el lugar en que se desarrolla la actividad minera”, subraya Hugo Rojas.

De esta forma, poco a poco la regulación busca superar los retos medioambientales en minería. Pero al menos hay coincidencia en que un plan de cierre de operaciones y con un adecuado diseño que acompañe todo el proceso productivo de la faena, permitirá que un complejo minero tenga un menor impacto en el área que se sitúa, incluso con ahorro en los costos asociados al cierre y post cierre.

Pasivos ambientales, la deuda pendiente

Además de los retos que mantienen las empresas mineras a nivel de estimación de costos, manejo de los instrumentos de apoyo y determinación en los objetivos del proceso de cierre desde el inicio de la operación, aún no existe una regulación que vele por la gestión de pasivos ambientales mineros.

“Desde un punto de vista estricto, en Chile no existe la definición de ‘pasivos ambientales mineros’. Esto es porque a la fecha no se ha resuelto ninguna regulación al respecto, sólo existe en tramitación un ante-proyecto de ley sobre remediación de pasivos ambientales mineros, documento donde se propone una definición a este término y propone mecanismos de gestión de los mismos, de manera que solo podemos hablar de faenas mineras abandonadas”, afirma Lilian Valdebenito.

No obstante, si se considera que los pasivos ambientales mineros son aquellas faenas abandonadas, la ley en discusión sí busca impedir la generación de potenciales pasivos ambientales mineros por medio del objetivo de evitar el abandono de las faenas mineras.

“Por parte del gobierno y/o empresas del rubro, con el propósito de avanzar en la mitigación de pasivos ambientales, se requiere de la implementación de la ley de pasivos ambientales mineros y que actores como universidades, centros de investigación y el propio Estado, entre otros, generen las instancias y financiamientos necesarios para implementar nuevas tecnologías que contribuyan a hacer más eficientes los procesos de cierre y post cierre”, advierte Raúl Espinace.