Revista Nueva Minería

Mientras la italiana aceptó iniciar conversaciones para compensar a los clientes, CGE sugirió revisar la implementación de los equipos inteligentes. Cooperativas no tienen recursos para el cambio.

Nuevos detalles se conocieron ayer respecto de la batería de medidas que presentó el Gobierno para revertir la polémica por el recambio de los medidores de electricidad.

La ministra de Energía, Susana Jiménez, explicó que Enel ya aceptó la propuesta del Gobierno, que a través de un acuerdo con las empresas busca que estas se hagan responsables de pagar a los clientes el equipo análogo que será reemplazado por uno inteligente.

Esto fue confirmado por la propia empresa, que manifestó “su total disposición a participar de una mesa de trabajo técnica que tendrá por objeto revisar el procedimiento de instalación de los medidores”.

Enel y CGE: posturas diferentes

Según trascendió, la rapidez de la decisión, que fue anunciada a primera hora por la autoridad, se debió a una gestión que realizó el presidente de Enel Chile, Herman Chadwick, quien estableció contactos directamente con la matriz italiana para conseguir la aprobación. Esto tomó por sorpresa a parte de la administración local.

Sin embargo, no existe una postura única en la industria. Consultados por el tema, en la Asociación de Empresas Eléctricas, que agrupa a las firmas de distribución, aseguraron que el directorio decidió que cada firma entregue su postura, por lo que no hubo un mensaje gremial como sí ocurrió al inicio de la polémica.

Incluso, la posición de CGE es diametralmente opuesta. Para la compañía, que cuenta con 2,9 millones de clientes, la mejor alternativa es reestudiar la estrategia y volver a fojas cero, es decir, no implementar por ahora la renovación de medidores, “mientras no exista el convencimiento generalizado de sus beneficios”, señaló en un comunicado.

La firma de capitales españoles aseguró que la compra a los propietarios de los medidores actuales propuesta por el Ejecutivo “no es la solución de fondo a las inquietudes que plantea esta tecnología”, aunque apuntó a la “importancia de reforzar la calidad de servicio y los indicadores de continuidad de suministro eléctrico mediante las inversiones en curso para un mayor robustecimiento y automatización en la red eléctrica”.

Detalles por definir

Con todo, aún restan nuevas reuniones entre las empresas y el ministerio para abordar en detalle los aspectos de un posible acuerdo. Esto, considerando temas como los montos a pagar por los equipos análogos, dependiendo de su antigüedad, así como también lo que ocurrirá con los cerca de 400.000 usuarios que ya recibieron el cambio y cuyo medidor antiguo fue retirado.

Si bien se estima que son 4,6 millones de equipos los que serán reemplazados en todo Chile, desde Enel detallaron que en el área de concesión que les pertenece existen 1,9 millones de medidores, de los que 1,3 millones pertenecen a los usuarios. En el caso de CGE, estiman que cerca de 2 millones de sus clientes son propietarios.

La razón por la cual el Gobierno busca que estas compensaciones se establezcan a través de conversaciones con las distribuidoras obedece, según la ministra, a que “tiene que ser a través de un acuerdo, por cuanto este es un costo no traspasable a los usuarios, tenemos que alcanzar un acuerdo de modo tal que las empresas estén disponibles para financiar enteramente la compra de los equipos”.

Asimismo, aclaró que la voluntariedad que tendrá el proceso tiene que ver con que el cliente puede elegir si quedarse con su equipo análogo o venderlo a la distribuidora. A la vez, advirtió que la baja en las cuentas de al menos un 5% a la que se podrá acceder sucederá solo en aquellos equipos nuevos por la vía del traspaso de las mayores eficiencias que implica su operación. Ante la negativa de algunas comunas y los llamados en redes sociales a rechazar el intercambio, la ministra señaló que hay que informarse de los beneficios que tendrán los nuevos medidores, y no descartó extender más allá de 2025 la fecha límite para terminar de implementar el proceso.

Respecto de una eventual reducción de la tasa máxima de rentabilidad de las distribuidoras, la autoridad dijo que trabajan en que en la reforma a la distribución que se ingresará este año se incluya el tema. A su vez, buscan lograr el ingreso de nuevos competidores, así como la revisión de parámetros de la fijación tarifaria, como son los retornos de las empresas y nuevos mecanismos de solución de discrepancias en fijaciones de precios.

Aprueban comisión

En tanto, ayer la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora para estudiar la problemática que ha generado el cambio de medidores y que tendrá que recabar los antecedentes relativos a la participación y actuaciones del Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Energía, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y cualquier otro organismo del Estado en el proceso de reemplazo.

La instancia tiene un plazo de 120 días para elaborar un informe.

Fuente: El Mercurio