Revista Nueva Minería

(Foto: Revista NME)

El escrito, firmado por la presidenta del Consejo, María Eugenia Manaud, cuestionó la asignación directa de empresas relacionadas, “contraria a la probidad”.

Una dura respuesta por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE) recibió Codelco en el marco de la demanda de nulidad que interpuso contra la Contraloría y su informe de auditoría que cuestionó la contratación con partes relacionadas.

En un documento de 61 páginas, firmado por la presidenta del CDE, María Eugenia Manaud, se señala que la licitación pública pasó a ser una excepción en la minera estatal y que las prohibiciones de contratar con personas relacionadas han sido frecuentemente dispensadas mediante autorizaciones especiales.

Añade que esta situación es “contraria a las reglas básicas de probidad pública, comprometen la eficiencia y eficacia en el uso e inversión de los recursos públicos y siembra serias dudas sobre la transparencia y probidad con que se actúa en espacios tan importantes como el de la empresa cuprífera estatal, donde se concentran inmensos recursos”.

Esta situación justifica, señala el escrito firmado por Manaud, que la Contraloría efectúe auditorías para que “sean las autoridades de la cuprífera las que tomen las decisión de rigor”.

La disputa entre la minera y Contraloría surge de la discusión en torno a qué marco legal rige a Codelco al momento de contratar con partes relacionadas, es decir, con empresas donde existan familiares de ejecutivos o directivos. Según Contraloría, la minera debe regirse por algunos artículos de la Ley de Compras Públicas referidos a la contratación con relacionados. La estatal, a su vez, argumenta que se rige por la Ley de Sociedades Anónimas, por lo que optó por la vía judicial para resolver el diferendo.

El escrito del CDE indica que la interpretación de la cuprera resulta contraria a la Constitución y añade que en “el accionar de Codelco no están solo en juego los intereses particulares de los accionistas de una compañía -como sucede con las sociedades anónimas-, sino que están involucrados los intereses y los recursos del país”.

Explica que asumir la interpretación de Codelco conduce a que, mientras que la contratación con un pariente en el tercer grado de consanguinidad es perfectamente válida en la norma de la Ley de Sociedades Anónimas, constituye una infracción al deber de abstención y eventualmente un delito bajo la Ley de Compras Públicas, “ilícitos que, con el ‘caso Dávila’, quedó demostrado resultan aplicables a los directivos y funcionarios de Codelco”.

Señalan que el hecho de que en la auditoría se detectara que un 92,47% de los contratos con partes relacionadas fuera a través de asignación directa, “da cuenta de lo peligroso que es considerar como meramente discrecional la elección no fundada de un sistema de contratación”.

Fundamentan, sosteniendo que una regla de “preferencia por el mecanismo competitivo y de excepción razonada no es extraña ni insensata. Es un hecho acreditado que la contratación administrativa es uno de los espacios más fecundos para la corrupción”.

“El contacto frecuente entre agentes públicos y privados provee de múltiples oportunidades para que ambos agentes participen de ilícitos. El cohecho, por ejemplo, es mucho más frecuente en la contratación administrativa que en el ámbito tributario, judicial o regulatorio”, agrega.

Sobre los impactos en la gestión de la minera que tendría la interpretación de la Contraloría, el CDE indica que “resulta claramente miope” que Codelco alegue afectación por la Ley de Compras Públicas, en reemplazo de su normativa interna, en casos en que la contratación con una parte relacionada represente la mejor oferta técnica económica.

“Este argumento conlleva derechamente no entender la lógica de las referidas prohibiciones. Prohibir este tipo de contratación es clave para no insertar en la empresa dinámicas corruptas que en el largo plazo afectarán su propia salud institucional”, enfatiza.

La posición de Codelco

La demanda presentada por Codelco en agosto indica que como regla general las licitaciones públicas implicarán destinar más tiempo y mayores recursos para la gestión de contrataciones que no necesariamente lo ameritan.

Esto produciría, señala, “un aumento innecesario de la burocracia asociada a los actos y contratos requeridos para el desarrollo de su giro, que afectan de forma concreta y demostrable su gestión”. También expone su preocupación por que los contratos con partes relacionadas puedan ser declarados nulos.

Fuente: Economía y Negocios