Revista Nueva Minería

El ministerio de Energía anunció la descarbonización de la matriz energética, noticia que va en línea con la apuesta del gobierno para la modernización del sector. No obstante, surgen dudas sobre los resultados concretos de las futuras propuestas y la efectividad de éstas, dado el carácter voluntario que tendrá para las empresas.

Por Camila Morales / Revista Nueva Minería y Energía                                                                                                                                                                

Vivimos en un país contaminado. De acuerdo a un ranking elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), Chile es la nación más contaminada de los 37 países que forman parte de la entidad. Mientras el promedio de las naciones es de 20,1 microgramos de partículas PM10, Chile figura con un promedio anual de 46,2 microgramos por metro cúbico.

Este triste liderazgo, desnuda una realidad con consecuencias lamentables para los habitantes y el ecosistema, y las causas están a la vista. En este punto, las centrales termoeléctricas a carbón son una de las principales fuentes contaminantes, con la emisión de material particulado (PM10), dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y metales pesados.

Actualmente son 27 las centrales a carbón que operan en el país, y todas están ubicadas en solo 5 comunas: Tocopilla, Mejillones, Huasco, Puchuncaví y Coronel. Son las llamadas “zonas de sacrificio”, localidades que han acaparado la atención mediática por los efectos nocivos que ha generado la polución en la salud de los habitantes.

Frente a estos hechos, y en línea con la tendencia mundial, el gobierno ha comunicado el inicio de la descarbonización de la matriz energética en el marco de la “Ruta Energética 2018 – 2022”, carta de navegación del ministerio de Energía liderado por Susana Jiménez.

En un acto que contó con representantes de la Asociación de Generadoras de Chile, AES Gener, Colbún, Enel y Engie; el Ejecutivo anunció que no se construirán nuevas plantas de carbón “que no cuenten con sistemas de captura y almacenamiento de carbono u otras tecnologías equivalentes”.

Ahora que la cartera de Energía comenzó a trabajar en esta área, ¿esta decisión permitirá de manera concreta abrir el camino de la transición energética en el país?, ¿es necesario que la descarbonización se transforme en una política pública o se debe confiar en la voluntad de las compañías? Actores relacionados al tema nos entregan su visión.

El debate por el proceso voluntario

En enero de este año, el Ejecutivo y las empresas con unidades generadoras a carbón llegaron a un acuerdo voluntario que, además de considerar no iniciar proyectos que no cuenten con la tecnología pertinente, se estipula la creación de un grupo de trabajo para analizar los elementos tecnológicos, ambientales, sociales, económicos, y de seguridad de cada planta y del sistema eléctrico en su conjunto.

Para la ministra de Energía, Susana Jiménez, este acuerdo es una señal positiva. “Debemos trabajar conjuntamente para recorrer esta transición energética de la mejor manera posible, de manera responsable, considerando todos los aspectos involucrados y manteniendo los cimientos de nuestro mercado eléctrico, a través de la operación a mínimo costo, la seguridad del sistema y la sostenibilidad del mismo”.

Fue así como en junio pasado se concretó la primera reunión de la Mesa de Descarbonización Energética, a la que fueron convocadas una veintena de representantes del mundo energético. La idea es “identificar y definir los distintos factores y alcances que deben considerarse en un escenario futuro que contemple el cese gradual del carbón en el sistema eléctrico”, agrega Susana Jiménez.

¿Cuál es la opinión del sector respecto a la creación de esta instancia? Para Fernanda Miranda , geógrafa e investigadora de Fundación Terram, “esta es una mesa que sus acuerdos no son vinculantes, donde el trabajo será entregado al ministerio, el cual junto a las empresas acordarán un cronograma de cierre voluntario. De esta forma, se constata un Estado ausente, que no lidera un proceso de limpieza del parque generador eléctrico, dejando finalmente a las empresas en libertad de acción para que estas busquen cerrar las plantas según sus requerimientos y necesidades económicas”.

La opinión del investigador de Terram va en línea con la petición de algunos diputados en el marco de una sesión de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Baja. En aquella reunión, los parlamentarios solicitaron que la secretaria de Estado se comprometiera a que las propuestas que realice la Mesa de Descarbonización sean de aplicación vinculante y no solo voluntario para las empresas.

Al respecto, Raúl Sohr, periodista y autor de libros relacionados al sector energético, afirma que “la experiencia muestra, en muchos casos, que aquello que no es vinculante no va mucho más allá de declaraciones de buenas intenciones”. De hecho, el también sociólogo asegura que “en los hechos se aprecia un incremento del empleo del carbón. Peor aún, la autorización de las tronaduras en la mina Invierno, en Magallanes, es una señal negativa y contradice la política declarada”.

La opción de una política pública

De acuerdo a información entregada por el ministerio de Energía, los resultados, propuestas y/o balances de la Mesa de Descarbonización estarán disponibles durante el primer trimestre de 2019, creyendo en “la posibilidad de alcanzar las metas de un futuro renovable y sostenible de forma consensuada, a través de acuerdos públicos y transparentes”, sostiene la secretaria de Estado.

Pese a la postura del ministerio respecto al aspecto voluntario de las futuras medidas que emerjan de la Mesa de Descarbonización, el debate a si es necesario que la descarbonización se transforme en una política pública y no solo en un proceso voluntario no se ha hecho esperar. Por ejemplo, Pablo Vásquez, socio de Audit & Assurance de Deloitte, advierte algunas consecuencias si el cambio de la matriz energética se realiza de manera repentina.

“Para una implementación de una política pública a gran escala, será necesario una transición inteligente que garantice que los objetivos a largo plazo se logren de manera eficiente. Prescindir de tecnologías o combustibles particulares (por ejemplo carbón, petróleo o gas) de forma brusca, generaría impactos en otras dimensiones”.

De acuerdo al ministerio de Energía, los resultados, propuestas y/o balances de la Mesa de Descarbonización estarán disponibles durante el primer trimestre de 2019.

En relación a este punto, el experto de Deloitte, detalla algunas aristas a considerar al momento de definir un curso de acción, como es la “priorización de las medidas a implementar en función del volumen de emisiones, priorizando aquellas que actúen sobre las principales fuentes de emisiones de GEI”. Sumado a ello, Pablo Vásquez recalca el “análisis de costo-beneficio de cada tipo de medida, priorizando las más eficientes económicamente cuando existen varias alternativas”.

Respecto a si es necesario determinar futuras sanciones a las empresas que no cumplan, Raúl Sohr hace mención de su libro “Desastres”, en que señala que el grueso de los desastres es originado por la actividad humana, y en particular por los gases de efecto invernadero. Al respecto, comenta que “la principal causa de las emisiones de CO2 es la quema de carbón y petróleo que derivan en el calentamiento global. En consecuencia, toda medida pública, como lo son los impuestos verdes, que tiendan a limitar las emisiones, es un imperativo”.

Para Gary González, economista de Fundación Terram, las actas públicas de la Mesa de Descarbonización “han dejado claro que no se abordarán temas normativos, como las normas de calidad del aire o emisión de termoeléctricas, las cuales con aumentos en sus estándares incentivarían al retiro de las centrales por obsolescencia tecnológica. Es decir, la mesa nace con restricciones. De esta forma, es muy difícil abordar soluciones concretas, más allá de los compromisos voluntarios que puedan establecer las empresas”.

¿El paso a las energías renovables?

Tras el anuncio de la descarbonización, el planteamiento sobre si esta determinación permitirá abrir el camino de la transición energética de la mano de las energías renovables, es otra arista que está sobre la mesa. Para la ministra Susana Jiménez, “el acuerdo de no construir nuevas centrales a carbón que no cuenten con sistema de captura de carbono, claramente contribuye a la meta de alcanzar un futuro energético seguro, limpio y competitivo”.

Para Pablo Vásquez, la reconversión de la matriz implica un gran desafío a nivel nacional, el cual “no es solo el precio de venta del mercado regulado, si no también velar por los impactos ambientales generados por la generación que no es renovable. En un escenario global y local, nuestro desafío es velar por que todos los ciudadanos del país tengan las apropiadas condiciones de desarrollo, evitando las zonas de sacrificio”.

Frente a este escenario, no cabe duda que las ERNC pueden jugar un rol fundamental, tomando en cuenta, además, que en la actualidad son económicamente rentables. “No obstante, se aprecia que, por un lado, entran energías limpias, aumentando la capacidad instalada del país, pero por otro, no vemos que salgan las energías sucias, considerando que la oferta de electricidad duplica a la demanda real. Ahí es muy relevante el rol que puede tener la Mesa de Descarbonización”, precisa Fernanda Miranda.

De esta manera, solo queda esperar para saber los principales lineamientos que propondrá esta mesa de trabajo encabezada por el ministerio de Energía. ¿Cuántos retiros y reconversiones de centrales a carbón se concretarán? La pregunta queda abierta hasta 2019, año en que el Ejecutivo espera comenzar “el inminente reemplazo tecnológico conforme se vaya materializando el cese de carbón, lo que conlleva consigo un importante dinamismo en el sector energético”, asegura la ministra del ramo.