Revista Nueva Minería

(Foto: Felipe Pinto)

Con el interés puesto en la gestión de los recursos hídricos, el presidente Ejecutivo de la organización Sinergias da a conocer su visión respecto al rol que ha tenido el gobierno, el sector privado y la ciudadanía para alcanzar un objetivo en común: generar las condiciones para lograr un enfoque ecosistémico en el desarrollo sostenible de los recursos naturales.

Camila Morales
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“Hoy mismo viajo de regreso a Puerto Montt”, advierte Aldo Palacios al momento de iniciar la entrevista. Y es que en su rol como presidente Ejecutivo de la Organización No Gubernamental de Desarrollo (ONGD) denominada Sinergias, Palacios viaja constantemente desde la Región de Los Lagos a Santiago para dar a conocer el trabajo que realizan en el sur del país.

Y aunque la industria minera se desarrolla principalmente a una distancia considerable de los lagos y volcanes que caracterizan la región donde trabaja, este filósofo de profesión sostiene que, a pesar de la aparente lejanía, las problemáticas y desafíos en materia de sostenibilidad no difieren cuando se busca facilitar, promover y gestionar el desarrollo sostenible de los recursos naturales de manera participativa y científica.

En este escenario, Palacios ve la gestión integrada de los recursos hídricos como una prioridad para cambiar la lógica extractiva que predomina en la actualidad. Un objetivo que explica en esta entrevista con Revista Nueva Minería y Energía, en la que también aborda su visión sobre el rol del gobierno, la ciudadanía y el sector privado en el manejo de aguas.

¿Cuál es su diagnóstico respecto a la regulación del sistema hídrico del país? ¿Cuáles cree que son sus principales falencias?

Se ha hecho costumbre siempre hablar de retos y desafíos. Hay un tema que para nosotros tiene que ver con gestión integrada del recurso, pero también tiene mucho de cliché, ya que no hay un manejo inteligente de las aguas.

La gestión integrada debe tener un manejo transversal con todos los actores. Es decir, no sólo el manejo del recurso, sino también el manejo de esta área en un determinado contexto. Y ahí, cuando uno se pregunta cómo se está manejando este tema en cuanto al recurso hídrico, se debe vincular al cambio climático y al involucramiento con la sociedad, en vez del eufemismo que se le puede atribuir a la ‘participación’.

Nosotros consideramos que el agua es un recurso local, es un recurso etéreo. Entonces, ¿cómo es posible administrarla a nivel local si no tienes la institucionalidad y la integralidad del servicio a un buen nivel? La ley siempre ha estado atrasada y descontextualizada, porque este tema ha sido muy dinámico. El Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Dirección General de Aguas (DGA) y la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) no tienen la capacidad de gestión, lo que genera limitantes a la hora de la interlocución con los sectores privados y la ciudadanía, además de tener una presencia muy focalizada, pero sin abordar el tema de manera integral. Al final tenemos buenos intentos, pero mucho desorden en la gestión.

“La plata no va a resolver el tema. Es decir, el ingreso de recursos al fisco no va a disminuir la sequía ni la desertificación, ni el problema con los glaciares”, señala Aldo Palacios. (Foto: Fundación Chile)

¿Y qué ocurre en el sector privado?

Del mismo modo, los programas de RSE de las empresas se han desarrollado también con la lógica del sector público. Es decir, de generar programas que son de corto plazo y de atención muy concreta. Y eso ha concebido dependencias y a darle importancia solo a la problemática del momento, pero no es una medida que sea a mediano o largo plazo.

Entonces, es un problema de toda la integración de los actores que han estado con una lógica cortoplacista. Eso ha implicado que no se discuta cómo resolver el tema del déficit hídrico hacia la próxima década.

En este sentido, los cambios al Código de Aguas en los que trabaja el gobierno, ¿van en la dirección correcta? ¿Cree que estas medidas son las indicadas para mejorar la institucionalidad hídrica en Chile?

El Código de Aguas es un síntoma de la mala gestión del recurso que existe en el país. Eso se traduce en que si tú vas a tratar de mejorar una parte, no están atacando el todo. Se debe cambiar por completo esta regulación e implementar una nueva ley. Este código responde a una ley que no apunta a una gestión integrada del recurso, sino más bien a una lógica de que ‘el que más contamina paga’. Esto sigue siendo un tema de reacción, no es solución integrada. En este sentido, la idea del royalty al agua es una respuesta más economicista, ya que en primera instancia tendría que analizarse cómo el escenario responde a esta normativa.

La plata no va a resolver el tema. Es decir, el ingreso de recursos al fisco no va a disminuir la sequía ni la desertificación, ni el problema con los glaciares, por ejemplo. Ni pensar en alguna articulación del manejo de agua inteligente en ciudades. Eso no se va a encontrar en el Código de Aguas.

Es decir, si el Estado no mira a largo plazo y se siguen pensando los planes a cuatro años, que es lo que duran los gobiernos, seguiremos cayendo en la trampa de generar respuestas coyunturales, pero sin intervenir en una gestión propiamente tal del recurso.

En la industria minera y energética señalan que con esta reforma habrá mayor incertidumbre en el desarrollo de proyectos. En su opinión, ¿cuánto hay de cierto en esta afirmación?

En términos de lo que son sus proyecciones de costos, las empresas de la industria minera y energética van a querer siempre mantener el statu quo, porque así es como hicieron su proyección de inversión a mediano y largo plazo. En este escenario, la capacidad de negociación se ha transformado en algo común, porque las empresas no han sabido mantener planes de continuidad. Por ejemplo, con la variante de cambio climático el sector privado recién está reaccionando.

En este sentido, ¿cuánto han incidido las manifestaciones sociales para poner en la agenda problemas ambientales asociados a la puesta en marcha de algunos proyectos mineros y energéticos?

En término mediáticos ha sido alta. Es decir, antes la lógica era “yo llego, me instalo y los problemas los compenso”. Ahora las cosas cambiaron. Sin embargo, como modelo esto genera mucho entusiasmo de que todos los proyectos podrían ser paralizados, lo que a la larga genera frustración, porque no todos los movimientos sociales tienen la misma capacidad de influencia para poder movilizar tanto tiempo una iniciativa que es financiada.

“Es hora de que Chile pase del eufemismo de la política pública, a asumir las realidades más allá del superávit o déficit hídrico”, afirma el presidente Ejecutivo de Sinergias. (Foto: Felipe Pinto)

Hay casos como Caimanes, por ejemplo, donde no hay un gran cambio. Por eso el tema es definir cuál es la política privada para poder generar esos cambios y trabajar en una gestión. Porque si el país necesita energía, el tema es cómo se planifica la energía. Ahora se está viendo la matriz energética de Chile, pero no ha habido un proceso que le otorgue la confianza y la seguridad a todos los sectores para poder planificarla.

Y en este escenario, ¿qué deberíamos esperar del Estado, de los privados o de las propias comunidades para generar esos cambios que usted señala?

Los gobiernos con sus aparatos institucionales siguen siendo reactivos y van a seguir siendo reactivos. Ha habido esfuerzos, pero son esfuerzos muy focalizados. Yo valoraría mucho más acuerdos entre el sector privado y ciudadanos, desde las propias comunidades, con sus propias lógicas, para que sean las comunidades las que planteen su modelo de desarrollo local sostenido.

Hay que tener presente que si las empresas no tienen un proceso previo de involucramiento con la comunidad, la percepción de vulnerabilidad en esa zona siempre va a ser muy alta. La idea es también poder retroalimentar con las experiencias locales, los modelos de escala, las políticas públicas, los marcos regulatorios. Sin embargo, hasta la fecha se siguen cometiendo los mismos errores de aplicar medidas macro en un nivel micro.

Es hora de que Chile pase del eufemismo de la política pública, a asumir las realidades más allá del superávit o déficit hídrico. Tiene que haber planes de continuidad en la gestión de recursos hídricos. La posibilidad de articular la resiliencia como factor del manejo del recurso hídrico es gravitante, por el impacto que tiene y por la alta vulnerabilidad que tenemos por el cambio climático. Porque puede haber cien leyes, pero si no se cambia en eso, estamos mal.