Revista Nueva Minería

Disminuir la burocracia y agilizar los trámites para la puesta en marcha de proyectos privados, es la iniciativa que el gobierno levantó en noviembre pasado. En un escenario de desaceleración económica, ¿cuánta incidencia tendrán las medidas? Destrabar y reactivar parecen ser las palabras claves de la discusión.

Por Camila Morales – Revista NME

De acuerdo a información emitida por el ministerio de Minería, actualmente existen 1.919 obligaciones normativas y 210 permisos que inciden en la materialización de los proyectos de inversión de este sector. Numerosas regulaciones e inspecciones forman parte de las “reglas del juego” para las empresas insertas en el rubro.

Como era de esperar, este complejo camino previo a la materialización de las iniciativas ha sido advertido por actores privados, quienes han insistido en la simplificación de los procesos para enfocar los ánimos en la concreción de las inversiones.

Inversiones que durante el 2014 no alcanzaron la cifra estimada por gremios e instituciones. De acuerdo a datos de Cochilco, al mes de agosto del año pasado se habían ejecutado sólo el 22,3% de la cartera de inversión total del 2014, la cual ascendía a un total US$ 23.431 millones.

¿Las razones de esta baja? La extensa duración en los procesos previos para la puesta en marcha de un proyecto, sumado a la falta de entendimiento entre las empresas y las comunidades y la desaceleración económica, son los factores que el gobierno se ha propuesto revertir por medio de una inyección de medidas a rubros como la minería.

Es por ello que en noviembre del año pasado los ministros del área económica, encabezados por el titular de Hacienda, Alberto Arenas, presentaron a la Presidenta Bachelet un informe con medidas “claves” para impulsar las inversiones en Chile. Se trata de la Agenda Pro Inversión, documento ideado específicamente para reactivar la economía en sectores relevantes del país.

“Este plan busca despejar incertidumbres que pueda generar nuestro ordenamiento jurídico, agilizar procesos regulatorios que están lentos, desburocratizar y modernizar los procesos de aprobación de inversiones. Esto pasa por perfeccionar la gestión de una serie de organismos públicos determinantes en los procesos de aprobación de los proyectos de inversión”, explicó el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, al momento de dar a conocer el informe.

Agenda Pro Inversión y minería

Luego de que el documento que espera enmendar el camino de las inversiones fuera recibido entre aplausos por gran parte de los sectores políticos, desde las áreas claves de la economía se mostraron interesados por conocer en detalle lo que vendría con estas nuevas propuestas.

Con un total de 27 medidas, de las cuales 13 se refieren a la gestión de las iniciativas y 14 relativas a la normativa vigente, este documento busca destrabar 10 proyectos de inversión privada cuyos montos totalizan US$ 6.000 millones.

De esta cifra -la cual equivale a cerca del 2% del PIB del país- el sector minero y energético concentrarían el 80% del monto total, donde la industria extractiva aportaría US$ 2.000 millones con cuatro proyectos que tendrían un rol protagónico durante este 2015.

Pese a que el gobierno ha mantenido en hermetismo el nombre de los 10 proyectos de inversión que busca reactivar, desde el rubro minero ya se especula que la Continuidad de Cerro Colorado (BHP Billiton), Quebrada Blanca (Teck), Dominga (Andes Iron) y El Morro (Goldcorp) son las iniciativas que tendrán un impulso especial por parte del gobierno de la Nueva Mayoría.

“Este tipo de agendas van en la dirección correcta para facilitar la puesta en marcha de distintos proyectos y, por lo tanto, son muy valoradas en la industria. Básico es recuperar las confianzas y superar las incertidumbres que están afectando a la economía”, precisa el presidente de la Sonami, Alberto Salas.

En la búsqueda de este propósito, ¿con qué medidas la minería percibirá cambios en pos de una mayor inversión? Entre las modificaciones que ha dado a conocer el ministerio de Hacienda, se destacan cambios a la ley de Cierre de Faenas Mineras, dotar a Sernageomin de facultades sancionatorias y modificar el Código Minero en cuanto al amparo y a la caducidad de concesiones.

En relación a este último punto, desde el gobierno han aclarado que a pesar de que llevará tiempo y no será una medida inmediata para fortalecer las inversiones en el sector, lo que se busca es tener un diagnóstico de las pertenencias mineras, para que así efectivamente sean explotadas y se pueda disminuir la especulación.

No obstante, en la industria ha primado el escepticismo sobre los reales resultados de este documento. Dilemas a nivel judicial, pocos resultados al corto plazo y escasa información detallada respecto a los cambios en el rubro, abre un nuevo debate en el área. Tal como explica Alberto Salas, “hay temas de mayor complejidad que puede superar el accionar del Ejecutivo”.

Dudas y cuestionamientos

Aunque a ojos de la industria la Agenda Pro Inversión se posiciona como una de las medidas positivas para la minería durante el 2014, las especulaciones respecto a los resultados y fines de este documento son diversas.

Para el gremio, además de que los cambios a nivel normativo tomarán más tiempo de lo esperado, existen otras aristas que dificultan la real ejecución de lo que pretende el gobierno: el sistema judicial.

Si bien desde el Ejecutivo han aclarado que impulsarán sólo obras aprobadas ambientalmente, que no enfrenten temas judiciales pendientes y que tengan fecha de inicio en 2015; el dilema ya está puesto sobre la mesa.

Para el académico de la Universidad Católica, Gustavo Lagos, la incerteza jurídica se transformará en la gran piedra de tope para el desarrollo de la Agenda Pro Inversión. Pues, aunque se ha instruido revisar sólo proyectos que ya tengan la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada, Lagos advierte que tras este procedimiento la iniciativa de igual forma puede ser detenida.

“El documento del gobierno sí puede lograr simplificar y posiblemente acortar los tiempos, pero incluso con ello permanece la incerteza jurídica, la que consiste en la posibilidad que un proyecto sea detenido después que obtuvo su RCA. En este sentido, el gobierno tiene mucho trabajo por hacer”, explica el académico.

Un informe elaborado por la OCDE en 2005 recomendó a Chile mejorar en diversas materias medioambientales, como por ejemplo, en temas relativos al agua, biodiversidad, participación ciudadana, institucionalidad ambiental y sectorial, entre otras temáticas.

A diez años de esas recomendaciones, los problemas en la materia permanecen. Así lo evidencia Patricio Leyton, abogado experto en recursos naturales y medio ambiente, quien ha asesorado a empresas mineras privadas a la hora de estimar la puesta en marcha de alguna iniciativa.

“Seguimos donde mismo. Esto se debe a que los problemas se resuelven caso a caso, creando reglas particulares y no elaborando un nuevo paradigma ambiental. Es por eso que las medidas para destrabar proyectos elaborado por el gobierno es un buen inicio, aunque creo que aún estamos en una etapa de descubrimiento en la materia”, afirma Leyton.

Las disyuntivas en relación a este punto persisten al tomar en cuenta que de los supuestos cuatro proyectos mineros que el Ejecutivo aceleraría para una pronta puesta en marcha, ninguno cuenta con la RCA aprobada, además de mantener conflictos con las comunidades aledañas a los futuros yacimientos.

“Esperamos que esta agenda se enfoque en dar certeza jurídica al sistema normativo, de tal manera que los permisos entregados a partir de esta institucionalidad den plena seguridad a los inversionistas. Otro tipo de problema que existe tiene que ver con falta de uniformidad de criterios para las distintas aprobaciones que se requieren en la materialización de los proyectos”, precisa el presidente de la Sonami.

Si desde la industria prima la incertidumbre, desde el Ejecutivo aseguran que el propósito de simplificar los procesos se cumplirá en el corto plazo. Si en 2004 la duración promedio para obtener un RCA era cerca de 300 días, este período aumentó en 2011 a 550 días; razón de sobra por la que el gobierno considera “urgente” facilitar las tramitaciones.

Medidas relacionadas a la institucionalidad, procedimiento, estabilidad de la RCA, actualización del proyecto y a la calificación industrial sería la fórmula ideada por los ministros del área económica para “acabar con las incertezas de una vez por todas”, tal como precisa el abogado Patricio Leyton.

¿Qué rol tendrán las comunidades aledañas a los proyectos en esta nueva propuesta para destrabar iniciativas? Es otra de las interrogantes que desde la ciudadanía emerge tras la presentación del informe. Pues, si bien el objetivo es reactivar la economía, las comunidades temen perder incidencia sobre el futuro de una iniciativa vecina.

Habrá que esperar cómo van avanzando estas medidas durante el 2015, año que el gobierno ha elegido como el inicio de una nueva hoja de ruta para proyectos que permitirán darle un nuevo impulso económico al país. Tal como anticipa Gustavo Lagos, esta agenda “promete un largo debate altamente ideológico y nacionalizador de los conocidos de siempre, en el Congreso y fuera de él”.

Agenda Pro Inversión en números

US$ 6.000 millones es la cifra total de inversiones que el gobierno busca acelerar, lo que equivale a cerca del 2% del PIB del país.

80% del monto de la agenda lo concentran el sector minero y energético.

US$ 2.000 millones corresponden a proyectos mineros.

4 proyectos del rubro estarían en la mira del gobierno: La continuidad de Cerro Colorado (BHP), Quebrada Blanca (Teck), Dominga (Andes Iron) y El Morro (Goldcorp).

27 medidas tiene en total el documento elaborado por el ministerio de Hacienda, donde 13 se refieren a la gestión de los proyectos y 14 relativas a la normativa vigente.