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COLUMNA DE OPINION |
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| legislación minera | ||
La mejor manera de abordar estas reformas y profundizaciones del |
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| En estas mismas páginas, el Ministro de Minería ha señalado que nuestra legislación debe modernizarse. Este llamado, bien intencionado por cierto, entrega dos grandes desafíos a la actividad minera, entendiendo por tal tanto el ámbito privado como el público. El primero: definir cuáles son los cambios o actualizaciones requeridas por nuestra legislación minera, así como también las materias y estándares a ser tratadas por la regulación de la industria. El segundo: diseñar la manera de implementar estas reformas o perfecciones al sistema desde la propia industria, con el liderazgo del ministerio sectorial y la participación de las asociaciones gremiales, universidades, comunidades, proveedores, entre otros. Para algunos puede resultar peligroso -o al menos curioso- plantear cambios a una legislación minera considerada por muchos como uno de los pilares del éxito del desarrollo de la industria minera en |
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Por Jerónimo Carcelén Pacheco |
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| Chile en las últimas décadas. En efecto, un Código de Minería prácticamente sin cambios desde su dictación en el año 1983, ha sido un complemento óptimo a la estabilidad política, el respeto a la inversión extranjera y el potencial geológico del país. Sin embargo, parecería necesario abordar ciertas reformas tanto en materia sustantiva como en la legislación complementaria, que sin afectar la tan valorada y respetada estabilidad, nos permitan evitar la inamovilidad y así enfrentar los desafíos que la industria minera mundial le exige a uno de sus líderes. En materia de propiedad minera, el desafío ya no es sólo pensar en ésta como un sistema de organización de títulos y derechos mineros estables en el tiempo, idealmente con una limitada o baja discrecionalidad administrativa, sino que como un sistema que sin perder estos atributos, incentive la exploración y permita el desarrollo de la información geológica. Igualmente, valdría la pena revisar legislaciones comparadas que tienen incentivos tributarios muy efectivos en la atracción de inversiones en empresas de exploración. Por otra parte, debemos prestar atención a nuevas legislaciones y regulaciones que se discuten actualmente y que, directa o indirectamente, afectan la minería. Si bien muchas de ellas son necesarias para mejorar estándares de producción, ambientales laborales y sociales, es esencial que la minería -nuevamente en su concepción público privada- se involucre en la elaboración, discusión e implementación de estas nuevas leyes y resoluciones. El desafío lanzado por el ministro González llega en un momento en que se estudian materias tan importantes como la nueva institucionalidad ambiental, el proyecto de Código de Conducta Responsable para inversiones públicas y privadas en tierras y territorios indígenas, la implementación de un mercado de capitales para la minería (“MKM”), la regulación para el trabajo en altura, la modificación del gobierno corporativo de Codelco y el cierre de faenas mineras, entre otros. Esto, sumado a la permanente preocupación por desarrollar nuevas tecnologías para el uso eficiente de los principales insumos de la minería: agua y energía. La mejor manera de abordar estas reformas y profundizaciones del marco regulatorio de la minería es a través de un trabajo permanente y coordinado entre representantes de las empresas, asociaciones gremiales y profesionales, centros académicos, organismos del Estado, proveedores, etc. En definitiva, creemos que la solución a los desafíos de la minería está en la propia minería. Si conseguimos consolidar este trabajo público privado, será la Minería (con mayúscula), la que mejor contribuirá al desarrollo económico y social del país. En tiempos de programas de gobierno y campañas electorales, será interesante conocer cuáles son los caminos que se abren para la industria minera y su regulación. |
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Revista NUEVA MINERIA & ENERGIA
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