Después de algunos meses de discusión, y tras recibir más de mil cincuenta indicaciones en el marco de su tramitación legislativa, el proyecto de ley que propone una nueva institucionalidad ambiental está próximo a ser aprobado en materias altamente relevantes para el desarrollo de proyectos de inversión en minería y energía.

Además de los tres pilares de esta nueva institucionalidad-El Ministerio, el Servicio y la Superintendencia de Medio Ambiente- un Proyecto de Ley enviado recientemente al Congreso Nacional propone la creación de un tribunal especializado que, ente otras materias, conocerá las demandas por daño ambiental; las reclamaciones en contra de los decretos que establezcan normas primarias o secundarias de calidad ambiental y las normas de emisión; y las reclamaciones interpuestas en contra de los actos administrativos que dicten los servicios públicos para la ejecución o implementación de dichas normas de calidad y emisión.

La principal innovación de este Tribunal Ambiental está en su composición.

Siguiendo el modelo del Tribunal de la Libre Competencia, el legislador ha optado por un tribunal de integración mixta con conocimientos jurídicos y técnicos, formado por 3 abogados y 2 profesionales de las ciencias y la economía, quienes tendrán competencia exclusiva para conocer de asuntos ambientales. En algunos casos conocerá asuntos de control previo, tales como las medidas provisionales y la revocación de una resolución de calificación ambiental. Tal como está planteado en el Proyecto de Ley, el Tribunal Ambiental ejercerá un control jurisdiccional de las decisiones de la autoridad administrativa ambiental a través de jueces especializados. Así, se busca obtener un adecuado equilibrio entre los intereses de los particulares en el desarrollo de sus proyectos y las personas o comunidades que puedan ser afectadas por dichos proyectos.

La dinámica que se generará entre los pilares de la nueva institucionalidad y el Tribunal Ambiental permitirá un mejor análisis de los antecedentes técnicos aportados por los interesados, contribuyendo a que los proyectos que obtengan una resolución de calificación ambiental favorable puedan desarrollarse en estricto cumplimiento de las normas ambientales y sectoriales sustantivas.

La aprobación del Tribunal Ambiental es de suma importancia para la implementación definitiva de la nueva institucionalidad ambiental ya que de acuerdo al Proyecto de Ley, las disposiciones relativas a la recién creada Superintendencia de Medio Ambiente, no entrarán en vigencia sino hasta que se apruebe la ley que crea el ya referido Tribunal.

El diseño y puesta en marcha del Tribunal Ambiental requerirá del compromiso de todos los sectores que participarán de este nuevo órgano jurisdiccional.

En el caso de las autoridades políticas, éstas deberán aplicar los mejores criterios de implementación de políticas públicas para permitir al Tribunal Ambiental contar con la estructura y los recursos necesarios para resolver adecuadamente las materias y conflictos que se sometan a su decisión, de manera de otorgar certeza jurídica a los inversionistas y titulares de proyectos.